El plan de ahorro energético tiene que adaptarse a la realidad del mercado
El paquete de medidas aprobado ayer por el Gobierno para alcanzar el 7% de ahorro energético comprometido con Bruselas no constituye una sorpresa, dada la crítica coyuntura que afronta actualmente Europa, pero puede plantear dificultades de aplicación y críticas fundadas sobre su eficacia. Tal y como anunció el presidente del Gobierno el pasado viernes, el decreto de medidas de ahorro energético extiende algunas de las propuestas que ya se aplican en organismos de la Administración Pública a todos los edificios administrativos, comerciales y “de pública concurrencia” del país, lo que supone que la temperatura del aire acondicionado en verano no podrá ser de menos de 27 grados y la de la calefacción en invierno no podrá superar los 19.
El texto contempla también, entre otras medidas, el apagado de luces a las diez de la noche en escaparates y edificios públicos desocupados. Pese al aplomo con el que la ministra de Medio Ambiente, Teresa Rivera, aseguró ayer que los españoles no pasarán frío este invierno, la aseveración es válida únicamente respecto a los hogares, pero no en lo que se refiere al personal que trabaja en establecimientos comerciales, oficinas públicas y resto de centros incluidos en la normativa, los cuales soportarán una temperatura sustancialmente menor a la habitual en otoño e invierno, y bastante más alta en verano. El Gobierno prevé que el plan entre en vigor lo antes posible, aunque tendrá que ser convalidado por el Congreso de los Diputados en un máximo de 30 días.
La obligación y urgencia de un plan de ahorro energético en el contexto de la crisis energética que vive Europa resulta indiscutible, al igual que la necesidad de concienciar a la población de las serias consecuencias que puede traer un corte de suministro de gas ruso en el continente. Una circunstancia que, de confirmarse, paralizaría la economía de la locomotora industrial europea, Alemania, y extendería sus efectos como una balsa de aceite sobre el resto de los países, incluso sobre aquellos menos dependientes del suministro ruso, como es el caso de España.
Pese a ello, el plan aprobado ayer constituye una respuesta apresurada y homogénea a una realidad enormemente heterogénea, especialmente en el caso del sector privado, cuyas necesidades operativas pueden exigir mayor flexibilidad. En ese sentido, el Gobierno debe adaptar la letra pequeña del nuevo decreto a las exigencias de los distintos sectores económicos, huir de gestos populistas –como el desaconsejar el uso de la corbata sin tener en cuenta el perjuicio causado a los fabricantes del textil– y afrontar de una vez por todas el reto de optimizar el mix energético español para hacerlo menos dependiente y más sostenible.