Los expertos alertan sobre la litigiosidad que puede generar el impuesto a las energéticas y la banca

Los detalles del nuevo impuesto que gravará los beneficios extraordinarios de energéticas y bancos se conocerán en breve. En concreto, fuentes de Hacienda señalan que antes de final de mes podrían saberse los detalles del anteproyecto de ley. Aunque todavía no están cerrados todos los flecos, desde la Dirección General de Tributos se está trabajando a marchas forzadas para que sea aprobado y esté en marcha en 2023.

Lo que se sabe hasta ahora es que se va a tratar de un nuevo impuesto extraordinario y temporal, con el que se estima recaudar 7.000 millones de euros, 4.000 millones procedentes de la tributación de las compañías energéticas y 3.000 millones de las entidades financieras.

Los expertos consultados por este diario señalan que desde Hacienda se va a tener que ser muy claro a la hora de definir el hecho imponible si se quiere evitar la litigiosidad que las empresas afectadas puedan emprender contra el Ejecutivo, ya que a la vista de los detalles que se conocen hasta ahora, puede tratarse de una doble imposición a los beneficios, vía impuesto de sociedades o vía nuevo impuesto o recargo.

Para Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas, el Gobierno tendría que haber realizado un planteamiento global de medidas para que no diese la sensación que estos dos sectores eran castigados, repartiendo los sacrificios entre el resto de sectores. Precisamente esta idea del castigo pudo reflejarse en el fuerte desplome de estos valores en Bolsa el mismo día en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida.

En su opinión, el Ejecutivo va a tener que realizar un importante esfuerzo para conseguir un “argumentario técnico sólido” a la hora de definir el impuesto, “aunque ya se sabe que la creatividad en impuestos y materia fiscal es amplia”, señala.

Los expertos inciden especialmente en la idea de que hay que realizar un “esfuerzo imaginativo para diseñar una nueva figura tributaria y hacerlo muy bien” si no se quiere caer en una avalancha de recursos de las empresas, señalaba en la misma línea Julio Ransés, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda.

La definición de qué beneficios se gravan y cuáles no es otro asunto que consideran vital, ya que no sería justo que una empresa de carácter multinacional con una parte importante de sus beneficios logrados en el exterior tribute por el conjunto y no únicamente por el obtenido a nivel interno, lo que podría afectar en las decisiones estratégicas de las compañías.

Precisamente este es un tema que la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, descartó al asegurar que la nueva imposición no afectará a sus planes de reinversión ligados a la transición verde. Este jueves Ribera se reunirá con las petroleras para analizar el nuevo impuesto y su diseño. Se trata del primer encuentro de los previstos con eléctricas y gasistas. El sector petrolero afirma que ante el nuevo impuesto no se puede hablar de beneficios extraordinarios y recuerda las pérdidas “de miles de millones” de 2020.

Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas, y Julio Ransés citaban como buena herramienta de gestión del nuevo impuesto la que la Agencia Tributaria emplea para el IVA. Se trata del denominado Suministro Inmediato de Información (SII) por el que podría conocerse el detalle de los registros de facturación en un plazo de cuatro días a través de la sede electrónica de la Agencia, sistema por el cual podría saberse la evolución de las facturas emitidas y recibidas como vía para determinar la base imponible.

Uno de los aspectos más polémicos del futuro impuesto, en opinión del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), será el abordaje de la retroactividad, ya que el objetivo inicial es gravar con una figura de nuevo cuño los beneficios extraordinarios de 2022 y 2023. En esta línea, explican el presidente y el secretario general de Gestha, Carlos Cruzado y José María Mollinedo, cabe recordar que el Tribunal Constitucional ya se pronunció contra la conocida como retroactividad impropia de los tributos.

Aunque la decisión del tribunal de garantías afectaba a la modificación de figuras tributaras ya existentes, impidiendo de esta manera que nuevos diseños o reformulaciones afectasen a periodos impositivos anteriores, es de suponer que la doctrina también sea extensible a impuestos de nueva creación. Por ello, el entramado normativo tendrá que estar muy bien engranado para poder actuar contra unos beneficios generados meses antes de que el impuesto temporal se haya aprobado.

El Ejecutivo ha sugerido que el nuevo tributo será parecido al impuesto “solidario extraordinario” italiano, por el que las empresas energéticas pagarían un 25% de los beneficios extraordinarios obtenidos entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 frente al mismo periodo del año anterior, siempre que se superen los 5 millones de euros.