Los abogados de oficio atendieron casi dos millones de asuntos de justicia gratuita en 2021

Los 43.696 profesionales de la abogacía adscritos al turno de oficio atendieron casi dos millones de asuntos de justicia gratuita en 2021. La recuperación de la actividad respecto del año pandémico de 2020 aumentó en un 20,2 % el número de litigios, pero los abogados de oficio cobraron menos que nunca por ellos: 147 euros de media por asunto. En la trinchera, la necesaria labor de un colectivo que, si bien son el orgullo de la Abogacía siguen reivindicando sus derechos frente a las administraciones públicas, no siempre se ve justamente recompensada. Este lunes se ha presentado oficialmente el XVI Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita elaborado año a año por el Consejo General de la Abogacía Español (CGAE) y la Fundación Wolters Kluwer. Un documento que se puede descargar aquí.

“Detrás de estos datos hay personas en situación de vulnerabilidad, personas con problemas a las que se facilita el acceso a la Justicia y a la tutela judicial efectiva”, afirmó la presidenta del CGAE, Victoria Ortega, en la presentación del informe, realizada la víspera del día de la Justicia y del Turno de Oficio. “Hoy es un día de reconocimiento a esos más de 43.000 profesionales de la abogacía que prestan el turno de oficio, pero también de reivindicación. Tenemos que reivindicar la dignidad de las subvenciones y la cobertura de la totalidad de los servicios que se prestan, así como acabar con las brechas y diferencias entre territorios”, añadió Ortega.

Antonio Morán, presidente de la comisión de asistencia jurídica gratuita del Consejo, destacó que el número de quejas sobre el servicio es muy limitado – solo se abrieron 297 expedientes sancionadores- y pidió que se ampliara a otros ámbitos, como el penitenciario o los solicitantes de protección internacional. Además Morán pidió “un trato digno” para todos los profesionales de la abogacía que garantizan este servicio y llevan adelante la defensa de los ciudadanos que carecen de medios.

Remunerar debidamente a los profesionales del turno, aumentando los baremos, pero también garantizando la retribución de todas las actuaciones letradas realizadas por imperativo legal. Reforzar la formación de los abogados que ofrecen el servicio. O crear guardias para atender a presos, inmigrantes y solicitantes de asilo. Estas son algunas de las recomendaciones realizadas por el comité de expertos del Observatorio.

Más asuntos sociales

La radiografía de la justicia gratuita en España dibuja un mapa en que suben los asuntos sociales, en gran parte debido a los despidos y ERTE que ha dejado la pandemia por el Covid-19.

Los 83 colegios de la abogacía atendieron 1.923.183 asuntos de justicia gratuita durante 2021, un 20,2 % más que en 2020. Estas cifras reflejan la recuperación de la actividad y se acercan ya a las registradas antes de la pandemia (en 2019 se atendieron 1.996.669 asuntos).

Tras la paralización que supuso la pandemia, la normalización paulatina tanto de la vida cotidiana como de la actividad judicial supuso un aumento de los asuntos y de los importes. El mayor aumento de asuntos se produjo en el turno de oficio (un 21 % más). Y dentro de este, el mayor aumento se dio en lo social (un 27,1 %) debido, como explican los colegios, a la conflictividad laboral provocada por la pandemia, con un gran número de despidos y ERTE. También aumentaron las asistencias penales (24,4 %). Los asuntos de asistencia letrada aumentaron un 18,2 % y los de violencia de género un 15 %.

“Cada vez más personas requieren los servicios de justicia gratuita, por eso es de vital importancia darlo a conocer y el valor que aporta”, afirmó en la presentación Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Wolters Kluwer.

Destaca Andalucía

Como en años anteriores, Andalucía volvió a ser la comunidad autónoma con más asuntos atendidos (más de 420.000, un 21,8 % del total), seguida de Cataluña con 373.433 y Valencia con 278.128.

Canarias fue la que registró el aumento mayor, con un 28,5 % más que el año anterior. Y en el otro extremo, en Ceuta y Melilla disminuyó el número de asuntos (23,1 % y 7,7 %, menos, respectivamente) debido al cierre de la frontera con Marruecos, que conllevó un descenso notable de los procedimientos penales y de extranjería.

Un 16,3% más de inversión

La inversión en justicia gratuita de las distintas administraciones públicas aumentó un 16,3 % respecto a 2020, hasta superar los 284,3 millones de euros, un millón menos que antes de la pandemia, en 2019, cuando se invirtieron 285,8.

El 67,5 % de la inversión global se destinó al turno de oficio, el 18,9% a asistencia letrada, el 4,6% a violencia de género y el 9,1% a gastos de infraestructura.

Cataluña volvió a ser la comunidad autónoma que más invirtió, casi 59 millones de euros (un 20,7 % del total). Baleares fue la comunidad que más aumentó su inversión (26,5%). En el otro extremo, Melilla y Ceuta redujeron notablemente su inversión (26,1 y 15,9 % menos, respectivamente), debido a la disminución de asuntos.

La inversión media anual por ciudadano se ha incrementado de los 5,16 hasta los 6 euros. Sin embargo, bajó la retribución media que percibieron los profesionales por cada asunto tramitado: 147,87 euros, por debajo de los 153,14 de 2020 pero superior a los 143 que cobraron en 2019. La baja remuneración por la asistencia jurídica gratuita es una de las principales quejas de los profesionales que ofrecen este servicio esencial.

Bien valorados

El turno de oficio es bien conocido y muy bien evaluado por los españoles, según se desprende de los datos obtenidos de la encuesta entre ciudadanos y usuarios de la justicia gratuita realizada por Metroscopia para el XVI Observatorio de Justicia Gratuita.

“Los que han tenido experiencia directa con la justicia gratuita están sumamente satisfechos”, destacó el presidente de Metroscopia, José Juan Toharia.

La práctica totalidad de los españoles (98 %) considera que quienes carezcan de recursos económicos tienen derecho a contar con la asistencia jurídica gratuita cuando la requieran. Y el índice de satisfacción con el servicio sigue creciendo: el 82 % de los usuarios tiene una opinión positiva de la atención recibida. Sigue habiendo, sin embargo, todavía un 20% de españoles que desconocen que la Constitución reconoce a todas las personas sin recursos el derecho a contar de forma gratuita con la asistencia de un abogado cuando lo necesite.