Los inspectores piden medidas para evitar la fuga de ‘youtubers’ e investigar casos como el del emérito

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado entró ayer en el debate que rodea a la futura reforma fiscal que prepara el Gobierno. Tras la presentación del libro blanco por parte del comité de expertos reunidos por el departamento que dirige María Jesús Montero, los inspectores han hecho públicas sus propuestas, en buena medida pensadas para combatir el fraude, la elusión por residencia o paraísos fiscales y la economía sumergida.

La batería de fórmulas, por ello, gira en torno a cambios en impuestos como el IRPF, el IVA o los tributos especiales, pero también pivota sobre aspectos como los procedimientos de recaudación, el fomento del cumplimiento voluntario o más capacidad de actuación por parte del cuerpo de inspectores para poder investigar directamente casos como el del Rey emérito, Juan Carlos I. "Proponemos que nos den competencias para investigar delitos en vez de elevar las sospechas a la fiscalía. Somos los más preparados para investigar", explicó Julio Ransés Pérez Boga, presidente de la asociación.

Con todas estas medidas, según calculan los inspectores, España obtendría más ingresos que con la eventual subida de tipos "que parece proponer el grupo de expertos".

Dentro del impuesto sobre la renta, apuntó Pérez Boga, se propone modificar la regulación de la residencia fiscal en el IRPF con el objetivo de impedir que contribuyentes con una fuerte conexión en territorio español eludan el pago logrando la residencia fiscal en otros territorios. A grandes rasgos, detalló, los inspectores instan a regular con mayor concreción los diferentes nexos vinculados a la residencia fiscal.

Por un lado, sugieren reducir el límite mínimo a partir del cual se considera que un contribuyente tiene residencia española, a día de hoy fijado en los 183 días. En este punto, más allá de buscar una cifra exacta, debería tenerse en cuenta la “residencia relativa” para concretar cuál es el país en el que el contribuyente ha pasado más tiempo a lo largo de un año natural.

También deben concretarse más todavía factores como dónde se encuentra el núcleo o centro de intereses económicos de la persona en cuestión, así como dónde se encuentra ubicado su nexo familiar, fijando criterios más estrictos. “Por esta falta de regulación perdemos muchos contribuyentes”, recalcó Pérez Boga en alusión, entre otros, al grupo de youtubers que ha venido instalándose en Andorra.

Dentro del IRPF, los inspectores también proponen eliminar el régimen de módulos, "que favorece la existencia de nidos de fraude a través de la emisión de facturas falsas" y que actualmente, con los avances informáticos, "no tiene razón de ser". Esta medida se complementaría con la simplificación de las obligaciones contables para pequeños contribuyentes.

En el IVA, los inspectores piden medidas destinadas a prevenir las devoluciones por cuotas soportadas en operaciones sin ingreso del IVA repercutido. Esto evitaría una práctica muy común, según detalló el presidente, que se basa en el pago de devoluciones cuyo principal componente son cuotas que provienen de operaciones en las que el emisor de las facturas no ha procedido al ingreso del impuesto.

Todas las prácticas de fraude fiscal y economía sumergida, según los cálculos que manejan los inspectores, elevan las pérdidas por recaudación al 20% del PIB a lo largo de la última década. "Algo no estamos haciendo si convivimos con esa abultadísima cifra, ya que más de 200.000 millones de euros se nos van por esa vía", recordó Pérez Boga.

Impuestos especiales, hidrocarburos y otros tributos

Entre las propuestas presentadas por los inspectores se encuentra también la extensión de la obligación del pago con tarjeta bancaria a los suministros de gasóleo bonificado y la inclusión de los cigarrillos electrónicos en el ámbito del gravamen sobre las labores del tabaco. Por su parte, el vino, que actualmente cuenta con un tipo cero, debería contar con una tasa efectiva reducida en el impuesto sobre bebidas alcohólicas.

Respecto a los hidrocarburos, explican los inspectores, el impuesto presenta una especial problemática debido a la elevada cuantía de las deudas generadas en estos productos y la rapidez con que se producen. Por ello, proponen herramientas de carácter preventivo dada la dificultad que supone recuperar las cantidades defraudadas. En este punto se lanza la idea de mejorar la coordinación entre la Agencia Tributaria y los organismos reguladores del sector energético. A su vez, se pone sobre la mesa la posibilidad de que los distribuidores al por menor de productos petrolíferos puedan suministrar a otros al por menor. 

En cuanto a los impuestos de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones, los inspectores reclaman una armonización de tipos impositivos y una mayor simplicidad relativa a los puntos de conexión para fijar qué comunidad es la competente para gravar al contribuyente y en dónde debe declarar.

Las propuestas de los inspectores incluyen más medidas adicionales como bajar la cifra a partir de la cual un contribuyente aparece en la famosa lista de morosos, desde los actuales 600.000 euros a 300.000 euros, además de incluir el nombre del administrador de una empresa. También, ampliar la lista de los paraísos fiscales y desplegar herramientas para poner la lupa sobre los territorios no cooperantes y las sociedades y clientes que allí operan.