El IEE considera que el gasto público puede recortarse un 14% sin que se pierda calidad

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) calcula que España podría reducir su gasto público un 14 % -lo que equivale a unos 60.000 millones de euros- sin rebajar la calidad de los servicios que presta gracias a la mejora de la eficiencia.

El IEE ha elaborado un índice de eficiencia del gasto público que sitúa a España en el puesto 29 de la OCDE (74,4 puntos en 2021), muy por debajo de la media europea (98,6 puntos) y peor que en 2019 (84,6 puntos), lo que implica que España tiene “mucho que mejorar” en este ámbito, según su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, en la presentación del estudio.

La mejora de la eficiencia del gasto no solo supondría un avance desde el punto de vista del déficit público, sino que implicaría incrementar potencial de crecimiento de la economía e incluso una disminución de la economía sumergida.

Esta mejora de la eficiencia del gasto público permitiría avanzar en la consolidación fiscal “sin recurrir a subidas de impuestos”, e incluso aplicar “reducciones selectivas” de algunos tributos.

Fernández de Mesa ha subrayado que “no es el momento de llevar a cabo una subida de impuestos” como plantea el libro blanco de los expertos para la reforma fiscal, algo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado por el momento.

“El mero anuncio de subidas de impuestos genera incertidumbre en las empresas y un deterioro de la confianza empresarial”, ha advertido, al tiempo que ha insistido en impulsar bajadas de impuestos en el actual contexto de aumento de los costes para no frenar la recuperación económica.

Por su parte, el director general del IEE, Gregorio Izquierdo, dijo que observa un “desacople” entre el análisis del sistema tributario del libro blanco y sus conclusiones, que persiguen incrementar la recaudación sin revisar el gasto público.

Entre las medidas que el IEE propone para mejorar la eficiencia del gasto público figuran el fomento de la colaboración público-privada y la externalización de servicios o reducir la burocracia, sobre todo evitandolas duplicidades entre administraciones.

También aboga por “favorecer la corresponsabilidad fiscal” -en su opinión, la armonización entre comunidades autónomas sería un “cercenamiento” de una dinámica positiva- y apostar por la digitalización de las administraciones públicas.

Propone mejorar la transparencia y la evaluación de las políticas, una gestión “profesionalizada e independiente”, así como incentivar el mérito en el empleo público, algo que ahora no sucede.