Los expertos abogan por leves retoques en Sociedades que no ahuyenten la inversión

Aunque puede extenderse la idea de que el impuesto de sociedades necesita una reforma radical y profunda en España para ser competitivo con los países de nuestro entorno, la realidad se impone y puede decirse que se trata de un tributo homologable al impuesto que se aplica en otros países de nuestro entorno. El único punto del impuesto que podría avalar esta idea es la práctica de algunos países que para atraer inversión exterior utilizan un tipo reducido como es el caso de Irlanda o Hungría, que aplican tipos del 12,5% o del 9%. Sin embargo, al no ser una práctica mayoritaria, la competencia fiscal hay que buscarla por otra vía.

La evolución de los ingresos por Sociedades a lo largo de estos ejercicios ha ido en descenso, especialmente si se compara con los 45.000 millones de euros que se ingresaron en 2007 con una economía recalentada y con la burbuja inmobiliaria en pleno esplendor. Los importantes beneficios empresariales que se produjeron en ese año tuvieron su reflejo en la recaudación total del impuesto, marcando cifras históricas.

La realidad es que, tras estos números, las cifras registradas en los últimos años están acordes con las recaudaciones en función del PIB del resto de países.

Tampoco desde un punto de vista de configuración técnica, el impuesto español ofrece diferencias sustanciales. Con los tipos impositivos, salvo los mencionados países que compiten en la atracción de inversión extranjera, sucede algo parecido y se sitúan dentro de lo que puede considerarse homologable entre el grupo de países de la Unión Europea.

Sin embargo, según se desprende de uno de los trabajos elaborado por el presidente del Consejo General de Economistas de España, Valentín Pich, que está integrado en el denominado Libro Blanco “Para la reforma fiscal en España”, del Instituto de Estudios Económicos (IEE), la reforma del impuesto de sociedades debería ir en la línea de no ahuyentar la inversión, al tiempo que debe dar una imagen al exterior de estabilidad normativa, de permanencia, de previsibilidad y de seguridad en la aplicación de los tributos.

Falta de equidad

La reforma fiscal que llevará a cabo el Gobierno una vez que se conozcan las propuestas del grupo de expertos debe tener como objetivo la solución de un conjunto de problemas que en estos momentos tiene este impuesto.

El primero de ellos es la falta de equidad, como consecuencia del carácter selectivo de algunos de sus incentivos fiscales, que determinan situaciones de privilegio para un número concreto de contribuyentes.

El ejemplo está en aquellas empresas que llevan a cabo importantes inversiones en I+D+i, como las cinematográficas o las dedicadas al arrendamiento de viviendas y las navieras, que cuentan con una carga fiscal significativamente inferior a otras que no realizan este tipo de actividades.

También el endeudamiento se penaliza frente a la autofinanciación al limitarse la deducibilidad de los intereses que remuneran la utilización de capitales ajenos.

Este experto también se pronuncia a favor de la eliminación de todos aquellos puntos que tengan exclusivamente un carácter recaudatorio, como el gasto estimado del 5%, que limita la exención de dividendos y de plusvalías provenientes de filiales al 95% de su importe.

Por el contrario, proponen un análisis de los beneficios fiscales buscando y potenciando aquellos que sean más eficaces. Entre ellos mencionan el mantenimiento de la deducción por I+D+i y el patent-box, porque son unos incentivos muy comunes en el resto de países del entorno y porque su eliminación podría ponernos en situación de inferioridad respecto a otros países a los ojos de posibles inversores.

Un punto en el que se insiste en el trabajo de este experto es en el análisis de los incentivos que están recibiendo muchas pymes y que podría ser un tema a modificar aprovechando los ajustes que pudieran plantearse.

De un tiempo a esta parte el debate está encima de la mesa y es bajo la idea de que más que una ayuda al crecimiento de estas empresas, que por otra parte son la amplia mayoría en nuestro país, pueden suponer una barrera al crecimiento porque no quieran abandonar ese estatus de confort desde el punto de vista no solo de la fiscalidad sino también en otros ámbitos.

Por su parte, Manel García, director del departamento fiscal de Caixabank, considera que este impuesto debe contar con modificaciones reflexionadas y duraderas que permitan una época de estabilidad y continuidad de forma que los agentes económicos no tengan que actualizar constantemente sus recursos.

Para Salvador Ruiz Gallud, socio director de Equipo Económico y ex director de la Agencia Tributaria, este impuesto no está preparado estructuralmente para exigirle mayor recaudación ya que esta decisión acarrearía pérdidas de competitividad de la economía, precisamente en un momento en el que debe buscarse la mayor atracción posible de inversión, para lo que considera prioritario la deducción fiscal por actividades de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i).

La reforma de Podemos

El socio del Gobierno, Unidas Podemos también ha querido terciar en el debate de la reforma fiscal empresarial. Hace unos días dio a conocer su receta que contempla un incremento de la recaudación cercano a los 30.000 millones de euros, provenientes en su mayor parte de su denominado impuesto a las grandes fortunas con el que prevé ingresar 10.000 millones de euros, junto a otros 9.000 millones por la modificación de Sociedades. Propone cambios en el régimen de exención por doble imposición, limitar las exenciones de dividendos y plusvalías de sociedades por su participación en sociedades filiales, así como rebajar el tipo impositivo para pymes del 25% al 23%.