Un tercio de las empresas corre riesgo de cierre ante el repunte de los impagos

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a 1,5 millones de pymes y a 4,5 millones de trabajadores, ha alertado esta mañana que una de cada tres empresas podría desaparecer en el corto plazo, tal y como sucedió en la anterior crisis, si no se toman medidas para evitar los problemas de liquidez y la ruptura de la cadena en los plazos de pago que se puede producir en los próximos meses.

Esa es la principal conclusión del informe sobre plazos de pago correspondientes a 2021, en el que también se realiza una encuesta a 800 empresas. “En 2021, el ratio de impagados es del 4,8% de las facturas frente al 5,4% de 2020. Pese a ser más bajo, esa cifra se produce en el segundo año de la crisis y en un momento en el que se acerca la devolución de los créditos ICO a partir de mayo. En este contexto pueden surgir problemas de liquidez y que las empresas opten por no pagar sus facturas”, ha recalcado Antoni Cañete, presidente de la Plataforma y también presidente de la patronal catalana Pimec, que apunta a las empresas de la construcción, el turismo y la distribución como las más afectadas por la falta de liquidez.

El estudio presenta, sin embargo, una reducción sustancial en el retraso en el abono de las facturas, tanto del sector privado como público. En el caso del privado ha pasado de 84 a 72 días de media y en el público de 77 a 61 días. En cualquier caso, ambas cifras superan el plazo máximo fijado por la ley para pagar facturas del sector privado (60 días) y del sector público (30 días). “En esa reducción han tenido un peso crucial los 11.000 millones de ayudas directas a empresas condicionadas a no tener facturas impagadas, así como los 18.000 millones de euros que se inyectaron a las comunidades autónomas y la libre disposición de los superávits de los ayuntamientos”. Cañete ha alertado que estos fondos ya no estarán disponibles este año y que son necesarias medidas adicionales para evitar otra crisis de liquidez.

Entre las medidas abogó por introducir un régimen sancionador a las empresas que no paguen en plazo su deuda comercial y cambiar el futuro segundo plan de pago a proveedores, que pretende acabar con el pasivo acumulado por las administraciones públicas que peores índices de pago presentan. “Es una medida trampa porque tal y como se ha planteado. Solo se van a pagar facturas impagadas anteriores al 1 de julio de 2021, lo que supone como mínimo un retraso de 253 días. No va a tener el efecto deseado y solo servirá para liquidar las deudas de algunos ayuntamientos”.