Hacienda y Trabajo retoman el envío de cartas de aviso para prevenir el fraude fiscal y laboral

El Plan de Control Tributario para 2022 publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) deja entrever las intenciones de la Agencia Tributaria de cara a la prevención del fraude. Entre las medidas contempladas en el documento se encuentran la emisión de cartas de aviso a los contribuyentes que presenten determinados parámetros que apunten a un riesgo potencial de incumplimiento; el control de la fiscalidad internacional y la lucha contra los paraísos fiscales; y la búsqueda de patrimonios ocultos, entre otros.

La Agencia Tributaria, según detallan el BOE y el propio Ministerio de Hacienda en un comunicado, retomará la emisión de las conocidas cartas aviso a contribuyentes que, a lo largo del tiempo, presenten determinadas características que apunten a un riesgo potencial de incumplimiento con el fisco. El organismo también prevé desplegar una estrategia para extender en la organización el uso de técnicas de la OCDE de análisis del comportamiento del contribuyente al objeto de facilitar su cumplimiento voluntario.

Dentro ya del ámbito del control tributario, destaca el apartado dedicado al control de la fiscalidad internacional, y especialmente la estrategia 360º en materia de precios de transferencia (intragrupo). En el centro de esa estrategia se encuentra el nuevo sistema automatizado de análisis de riesgos en precios de transferencia diseñado por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, en colaboración con la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional, la ONFI, y ya plenamente operativo en 2022, que aglutina toda la información interna e internacional disponible en la materia, y que se actualiza periódicamente con nuevas fuentes.

En paralelo, la inspección velará por la correcta aplicación de estas normas en relación con la aplicación de las exenciones en pagos de dividendos, intereses y cánones a no residentes.

En relación con la lucha contra los territorios y regímenes favorecedores de conductas evasivas y elusivas, las actuaciones inspectoras velarán por la correcta aplicación de las normas antiparaíso existentes en la normativa, pero a ello se añade a partir de ahora la información recibida en el año 2021 sobre el cumplimiento del requisito de actividad sustancial previsto en el desarrollo del proyecto BEPS. En concreto, se trata de un nuevo intercambio impulsado por el Foro de prácticas fiscales perjudiciales de la OCDE mediante el cual territorios con un Impuesto de Sociedades inexistente, o con un tipo cero o muy bajo, ofrecen a los países de residencia de las matrices o de los beneficiarios efectivos finales información sobre entidades radicadas en esos territorios que realizan actividades fácilmente deslocalizables.

También se ultimará la segunda fase de la herramienta creada para la detección automatizada de titulares reales de sociedades opacas tenedoras de inmuebles residenciales de alto nivel. Si en una primera fase los trabajos se dirigieron hacia sociedades extranjeras, ahora se completará con sociedades igualmente opacas, pero radicadas en España. Por otra parte, se implementarán las herramientas necesarias para la explotación masiva de la nueva información procedente del Consejo General del Notariado.

En el apartado relativo a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, la Agencia Tributaria también estudia el diseño de técnicas que permitan no solo el cumplimiento de la prohibición, sino también dar soluciones digitales integrales para el cumplimiento de las obligaciones de facturación y registrales y la obtención progresiva de borradores de declaración en la medida en que el sistema de facturación posibilite también el envío automático de la información a la Agencia. Todo ello en un contexto de disponibilidad de fondos europeos para financiar la digitalización de autónomos y pymes.

El plan también impulsará las personaciones en las sedes donde se realizan actividades económicas para combatir las conductas insolidarias de una parte reducida de contribuyentes. Igualmente, se continuará con el tradicional plan de visitas, con

su doble componente de control y de fomento de la mejora del cumplimiento

voluntario.

En este punto, el ojo se pondrá este año en la verificación de cuestiones de carácter censal, entre las que se incluirán visitas a los denominados nidos de sociedades, como pueden encontrarse en centros de coworking y lugares de simple recepción de correspondencia.

Continuarán las comprobaciones en aquellos sectores o modelos de negocio en los que se aprecien altos niveles de economía sumergida, y especialmente de ámbitos en los cuales se utiliza el efectivo como único medio de pago aceptado, o en los que se pueda utilizar por encima de la limitación legal de las transacciones en efectivo.

Sociedades y Sicavs

La Agencia Tributaria también va a continuar la tarea de comprobación respecto de contribuyentes que han consignado reiteradamente en sus declaraciones bases imponibles negativas a compensar y deducciones pendientes de aplicar en el Impuesto sobre Sociedades, tal y como explica Hacienda. El incremento de dichos saldos y el riesgo que ello implica de minoración indebida de tributación en ejercicios futuros hace necesario un control especial.

Será, igualmente, una acción a impulsar la verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos a una Sociedad de Inversión de Capital Variable (sicav) para beneficiarse de un tipo de gravamen inferior al general.

Trabajo doméstico

En paralelo al plan de Hacienda, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado también este lunes una nueva ofensiva para regularizar salarios y cotizaciones a la Seguridad Social de las empleadas del hogar con especial foco en las personas contratadas a tiempo parcial. Según explican desde el Ministerio de Trabajo, esta campaña implica el envío de más de 35.000 cartas dirigidas a los empleadores con "asistencia técnica" e información para proceder a la regularización de los salarios que se encuentren por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI) y la correspondiente regularización de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Esta nueva actuación inspectora, añade la nota, se produce tras la de febrero de 2021, cuando se enviaron 45.019 comunicaciones para la regularización de 47.749 relaciones laborales.

Con esa campaña, recuerdan, algo más del 82% de los empleadores ha regularizado la situación laboral de la persona empleada sin reducir su jornada de trabajo y el 93,1 % de las regularizaciones llevadas a cabo se han producido con un incremento de la retribución respecto a la declarada antes de la recepción de la carta.