El comercio clama contra Hacienda por el límite de 1.000 euros a las compras en efectivo

El comercio minorista se rebela contra el límite de 1.000 euros para el pago de compras en efectivo, aprobado ayer por el Congreso de los Diputados y que está incluido dentro de la ley contra el fraude fiscal. "Se ha constatado que la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita comportamientos defraudatorios. Con la limitación del metálico, se facilitará la trazabilidad y la posibilidad del rastreo de las operaciones y se dificultará que se incurra en prácticas fraudulentas", defiende el Ejecutivo.

Sin embargo, algunas de las principales patronales del comercio minorista han elevado la voz contra la medida. Anged, asociación que aglutina a las grandes superficies, entre ellas El Corte Inglés; Acotex, patronal del comercio textil; CEC, los representantes del pequeño comercio; y la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE), han manifestado de manera conjunta su oposición en un momento, defienden, en el que el consumo en los comercios todavía está lejos de recuperarse.

"No entendemos que en un momento en el que necesitamos dinamizar el consumo y la actividad económica para recuperarnos de la pandemia, se adopten medidas que claramente no favorecen el consumo. Se ponen barreras y palos en las ruedas en esa recuperación", ha explicado el director general de Anged, Javier Millán Astray. Las asociaciones defienden que esa limitación al efectivo es una traba para el consumo. Estas citan un estudio del Banco Central Europeo publicado en diciembre del año pasado que cifra en un 83% el número de pagos que se hacen en efectivo en puntos de venta físicos, siendo el segundo país de la eurozona con el porcentaje más elevado solo superado por Malta (88%) y empatado con Chipre. Ese mismo informe cifra en un 66% el volumen que representa este método de pago.  Este mismo estudio explica que la cantidad media por transacción en efectivo en España es de 14,5 euros. 

"No podemos obligar a la gente a tener tarjeta de crédito. Así se favorecen medios privados, con costes para el consumidor. Para resolver el fraude fiscal y la economía sumergida que vayan al origen y no al consumo final", ha dicho por su parte Carlos Moreno-Figueroa, portavoz de CEC y secretario general de FECE. Este ha cifrado en un tercio las operaciones de compra de electrodomésticos que se hacen en efectivo sobre el total.

El presidente de la patronal del comercio textil, Eduardo Zamácola, ha mencionado el caso de Francia, único país del entorno comunitario que también ha limitado el pago en efectivo a 1.000 euros, explicando que "no ha atajado el fraude fiscal". También ha recordado que otros, como Italia, revirtieron medidas similares por su poca eficacia. "Estamos indignados. No entendemos nada, porque antes de la votación las conversaciones con todos los grupos parlamentarios fueron muy positivas", ha dicho.  Moreno-Figueroa, portavoz de CEC y FECE, ha ido un poco más lejos: "Miembros de los distintos partidos que han votado a favor nos dicen en privado que la medida no tiene ningún sentido y que no va a cumplir sus objetivos. Entendemos que es una cuestión ideológica".

Recuperación del consumo

Los portavoces de las distintas patronales han explicado que la recuperación del consumo durante este año irá muy de la mano del éxito de la campaña de vacunación y también de una vuelta de parte del turismo internacional perdido. El portavoz de Acotex, Eduardo Zamácola, ha dicho que aunque en los últimos días ha habido una cierta mejora del tráfico en las tiendas por el fin de las restricciones, la campaña de verano "está perdida" para el comercio textil.

"Todo depende de la vacunación. Hemos dicho que convendría, además de que haya más vacunas, que se acelere el ritmo y por eso hemos ofrecido la ayuda de las mutuas y de las empresas que cuentan con profesionales médicos para hacerlo"; ha dicho el director general de Anged, Javier Millán Astray. Hoy se ha conocido que El Corte Inglés empezará a vacunar en junio a sus empleados de la Comunidad Valenciana tras recibir el visto bueno de la Generalitat.