El Gobierno retrasa la aprobación definitiva del Plan de Recuperación hasta la próxima semana
Calviño confía en que la UE relaje los límites a las ayudas de Estado de cara a los Perte
En el marco de la ejecución de los fondos europeos que dan forma al Plan de Recuperación, el Gobierno confía en que la Comisión flexibilice próximamente la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado para, entre otros asuntos, impulsar el despliegue de los Proyecto Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica, conocidos como los Perte. Bruselas, tal y como avanzó ayer la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, está trabajando “en un mecanismo de exención por categorías que pueda cubrir buena parte de las inversiones previstas”.
La Comisión es “consciente de que necesitamos adaptar el marco al despliegue del plan”, apuntó Calviño en una jornada organizada por Analistas Financieros Internacionales (Afi). La vigilancia sobre las ayudas de Estado, que pone el foco sobre los apoyos no compatibles con el mercado interior hacia entidades privadas, está pensada para evitar distorsiones y cualquier tipo de competencia impidiendo que una empresa concreta se beneficie de un marco más atractivo o una potencial ayuda. La normativa supone un riesgo evidente para el correcto desarrollo de los Perte, un modelo por el que el Gobierno se apoyará en grandes empresas para impulsar diferentes proyectos y transformaciones de calado.
Las compañías que participen en los Perte, “esos proyectos emblemáticos para la recuperación y la transformación”, deben tener unas características diferentes a la hora de evaluar las ayudas de estado, señaló Calviño, que recordó la “envergadura y complejidad” de todas estas iniciativas, que también incorporan toda la cadena de valor de un sector productivo y tienen un elemento de innovación y riesgo que debe tenerse en cuenta.
La vicepresidenta económica también confía en que, antes de la presentación formal del plan, cuya aprobación se retrasa hasta el próximo martes, “tengamos resueltas algunas de las autorizaciones precisas” para poner en marcha los proyectos, a fin de ganar algo de tiempo en el despliegue definitivo del plan de recuperación.
Los socios de la Unión Europea tienen hasta el 30 de abril para remitir a Bruselas cada uno de los planes definitivos. En el caso de España, uno de los países más avanzados en la elaboración de estos documentos, faltan por perfilar algunos detalles como las reformas laboral, fiscal y de pensiones.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó ayer el Plan de Recuperación a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial del ramo. Montero les anunció que Hacienda está diseñando un sistema de información, gestión, seguimiento y control de los proyectos ligados a las ayudas europeas en el que participarán regiones y entidades locales. El mecanismo servirá para revisar el cumplimiento de hitos de cada lote de reformas e inversiones y el grado de ejecución de los fondos, que revisará la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Madrid criticó el reparto de fondos y pidió más cogobernanza.