El Gobierno vuelve a acordar incluir la regulación de los precios del alquiler en la Ley de Vivienda

El Consejo de Ministros ha acordado este martes que la futura Ley Estatal de Vivienda, cuyo borrador está siendo discutido desde hace varias semanas por los dos socios de Gobierno, incluya la puesta en marcha de mecanismos para controlar el precio del alquiler en los mercados tensionados. La medida, que ya fue pactada a finales de 2019, está siendo defendida en las negociaciones por Unidas Podemos, que apuesta por una limitación de las rentas. A este extremo, sin embargo, se opone buena parte del ala socialista.

En su reunión semanal, el Ejecutivo ha aprobado la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 elaborada por la Vicepresidencia Segunda de Pablo Iglesias, en la que se recoge, entre otras directrices, el compromiso de regular el mercado del arrendamiento en la próxima ley, así como la "necesidad" de poner en marcha "acciones políticas" que garanticen el derecho a la vivienda. Una de ellas, según el texto, es la de facultar a las administraciones públicas a que acoten el precio de los alquileres en las zonas tensionadas, uno de los temas más polémicos de las negociaciones que están teniendo lugar entre PSOE y Unidas Podemos.

Todas las políticas adoptadas, explica el documento, deben "poner freno a las subidas abusivas del alquiler, impulsando las normativas necesarias para ello, entre las que debe incluirse la facultad de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de establecer su índice de precios, la habilitación de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler, y la articulación de mecanismos de contención o eventual bajada de los precios".

El texto, en definitiva, ratifica las medidas acordadas entre PSOE y Unidas Podemos en el acuerdo programático de Gobierno firmado a finales de 2019, y aunque el abanico temporal al que se refiere el conjunto del documento abarca toda una década, hasta el año 2030, la regulación del precio de los alquileres no se hará esperar tanto. Así, "dicha cuestión será, tal y como establece el compromiso del Gobierno de España, una de las cuestiones fundamentales de la nueva Ley de Vivienda", recalca el texto.

Tras la reunión, la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, ha recordado, en línea con lo que ya señaló la semana pasada, que no ha habido "ninguna polémica" en el seno del Ejecutivo porque la necesidad de frenar las subidas abusivas son compartidas por el conjunto del Gobierno. "El debate que se ha planteado respecto a la Ley de Vivienda y la regulación del alquiler no está en torno al cumplimiento del mandato del acuerdo de Gobierno, sino de cuáles son los instrumentos más eficaces para viabilizar la rebaja de los precios del alquiler en las zonas tensionadas". No hay debate sobre a dónde se quiere llegar, sino en cómo hacerlo, ha resumido Montero.

Ayer, sin ir más lejos, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, volvió a mostrarse públicamente en contra de los mecanismos del control de rentas, y abogó por otras fórmulas como la colaboración público-privada para movilizar vivienda hacia el mercado asequible.

Dentro de la ley, prosigue el texto acordado por el Consejo de Ministros, también será "un aspecto esencial" la garantía de alternativa habitacional en caso de procedimiento de desahucio, mediante medidas para asegurar el realojo inmediato, alternativas de alquiler social y el establecimiento de un informe obligatorio de los servicios de bienestar social en caso de dicho procedimiento. Todo ello, recalca el documento, "debe realizarse con el objetivo de cumplir el compromiso del Gobierno".

Las negociaciones sobre la futura normativa entre el secretario general de vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, están ahora mismo en posturas muy alejadas, generando fuertes tensiones entre el PSOE y Unidas Podemos.

El partido de Pablo Iglesias demanda que las administraciones regionales y locales puedan limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas mediante un índice de precios oficial, tal y como recoge el acuerdo programático de Gobierno. También quiere obligar a los grandes tenedores a que dediquen un 30% de su parque residencial al alquiler asequible, así como movilizar vivienda vacía y frenar los desahucios a hogares vulnerables. El PSOE, por su parte, prefiere optar por otro tipo de fórmulas para engordar el parque asequible, tales como los incentivos fiscales para los propietarios que arrenden a un precio por debajo del mercado.