Calviño confía en que las ayudas a empresas en riesgo de insolvencia lleguen en marzo

La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, confía en que la nueva tanda de ayudas directas para empresas con problemas de liquidez y riesgo de insolvencia derivada del Covid-19 llegue a lo largo del próximo mes de marzo. Para ello, ha explicado, el Gobierno está analizando con el Banco de España y el sector financiero en su conjunto, "que tiene que seguir siendo parte de la solución", el diseño de esta nueva palanca, que deberá tener luz verde por parte de la Comisión Europea.

Bruselas advirtió la semana pasada, en el marco de la presentación de las previsiones de invierno, del riesgo de que aumentasen las insolvencias corporativas en España, especialmente en los sectores más afectados por la pandemia, a medida que se fuesen retirando las medidas de apoyo. 

En estos momentos, ha proseguido Calviño en unas declaraciones previas a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, el sector bancario y el Ejecutivo están identificando cuáles son aquellas empresas que eran viables antes de la pandemia y que ahora se encuentran en una situación de riesgo tras la crisis sanitaria. El objetivo, ha señalado la vicepresidenta, es acabar con esa "situación de sobreendeudamiento" que puede suponer "un lastre" para el futuro de las compañías.

Todo ello, ha reconocido, es un proceso complejo, ya que primero hay que identificar cuáles son aquellas empresas que eran fundamentalmente viables antes de la llegada de la pandemia y cuya situación de insolvencia se puede ver debilitada precisamente "como consecuencia de la intensa caída de actividad". 

A su vez, y tras la aprobación del nuevo marco temporal de ayudas europeo, actualizado recientemente por la Comisión, el Gobierno espera poder presentar un paquete más amplio, con ayudas de mayor magnitud de las que estaban autorizadas hasta ahora, así como “la realización de quitas y el uso de otros instrumentos financieros como préstamos participativos".

Según las últimas estimaciones del Consejo General de Economistas, se prevé que el índice de insolvencia se dispare en España en el año 2021 hasta el 40% a consecuencia de la falta de actividad derivada de la pandemia. El problema afectaría ya al 15% del tejido empresarial español, en el mejor de los escenarios, o al 19%, una de cada cinco compañías, si se admite que los efectos de la crisis sanitaria son permanentes sobre sus resultados, según estima provisionalmente el Banco de España a falta de los datos de cierre de 2020.

Calviño ha recordado también que la colaboración público-privada ha sido esencial durante el primer año de pandemia para el funcionamiento de la financiación con aval del Estado que se ha canalizado a través de los bancos y del Instituto de Crédito Oficial (ICO) hacia las empresas y los hogares. El objetivo, ha sugerido, es que ese modelo de colaboración público-privada siga adelante.

La fórmula con la que deben ir retirándose estas ayudas públicas, así como el calendario a manejar o saber diferenciar entre las empresas que eran viables antes de la pandemia y aquellas que se encontraban en una situación complicada serán algunos de los puntos que se debatirán este lunes en el Eurogrupo. 

En opinión de Calviño es imprescindible evitar "una retirada prematura de las medidas de apoyo. "No podemos perder todo lo logrado en estos meses. Tenemos que asegurarnos de mantener todo lo ganado y seguir acompañando a las empresas en estas semanas duras que todavía tenemos por delante", ha aseverado. "Hemos de mantener políticas monetarias y fiscales centradas en impulsar la actividad económica y el empleo". Todo, ha recalcado, para que el ejercicio 2021 "sea el año de la recuperación".

Fondos europeos

En lo relativo a los fondos europeos y a las conversaciones que están teniendo lugar entre el Ejecutivo comunitario y el conjunto de los socios para diseñar el paquete de reformas e inversiones vinculadas al Next Generation UE, Calviño ha negado que la Comisión Europea haya endurecido sus exigencias sobre las reformas laboral y de pensiones que debe acometer España para que se apruebe su plan de recuperación.

El diálogo con las autoridades comunitarias es, en opinión de Calviño, "tremendamente constructivo y positivo". Además, desde el comienzo de las negociaciones quedó claro, ha asegurado, que el plan postCovid de la UE debía incluir aquellas "reformas estructurales más significativas de cada país", recomendadas por Bruselas a lo largo de los últimos años.

Calviño también ha recordado que España tiene intención de hacer uso de los aproximadamente 140.000 millones de euros en transferencias y créditos que le corresponden del total del fondo de recuperación. Lo que sucede, ha añadido, es que la prioridad y la urgencia es movilizar las subvenciones, que deben llegar entre 2021 y 2023, para centrarse más adelante en el resto de créditos a devolver.