La Airef urge al Gobierno a presentar un plan de consolidación fiscal en abril

El Gobierno tiene cuatro meses para comenzar a aclarar cómo planea comenzar a sanear las cuentas públicas. Así lo ha advertido este miércoles la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que urge al Ejecutivo a incluir un plan de consolidación fiscal en el programa de inversiones que debe remitir a Bruselas en abril para acceder a las ayudas europeas.

Así lo ha defendido la presidenta de la Airef, Cristina Herrero, en su comparecencia ante el Senado con motivo del inicio de la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021 en la Cámara Alta.

Herrero ha expuesto que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia esbozado por el Ejecutivo apunta ya los proyectos de inversión estratégicos a los que planea destinar los 72.000 millones de euros en subvenciones comunitarias, arrancando por los 27.000 que llegarán en 2021, pero que carece aún de las medidas de reducción de déficit y deuda que deben acompañar al programa.

“No basta con saber los proyectos, sino que tienen que ir acompañadas de un plan presupuestario que marque una hoja de ruta fiscal” durante los próximos años, ha sostenido, en referencia al documento que España debe remitir a la Comisión Europea el próximo 30 de abril, a más tardar.

La Airef ya recordó hace unos días que dentro de su paquete de recomendaciones al Gobierno, Hacienda “se ha apartado” del objetivo central de diseñar ya un programa de consolidación fiscal.

El organismo lleva alertando al Gobierno desde el inicio de la pandemia de que la cuantiosa factura pública de hacer frente al Covid-19, unido a la caída de ingresos generada, multiplicaría los desequilibrios ya existentes en las cuentas públicas españolas.

El déficit cerró 2019 en el 2,84%, a las puertas del 3% que obligaría a volver a abrir el procedimiento de déficit excesivo, ha recordado Herrero ante el Senado, añadiendo que la deuda pública se situaba entonces en el 95,5% del PIB.

La pandemia elevará ahora el agujero fiscal por encima del 11% y aumentará la deuda al entorno del 120%, por lo que urge mandar un mensaje a Europa sobre cómo y cuándo comenzarán a reducirse estos niveles, más allá del efecto cíclico positivo que tendrá el rebote del PIB en 2021, aunque su puesta en marcha se postergue hasta consolidar la recuperación.

Herrero ha admitido que sigue siendo “una gran incógnita” si el desembolso de las ayudas públicas europeas va a ir intrínsecamente ligado a las medidas fiscales que anuncie cada país, pero ha considerado que en todo caso es obligación del país acometer un plan en este sentido.

Las reglas fiscales han quedado en suspenso en 2020 y 2021, al amparo de la Unión Europea, lo que de momento permite olvidar los objetivos de déficit y deuda, pero es previsible que estos vuelvan a estar en vigor en 2022, ha aventurado, y reconducir los niveles actuales puede llevar décadas.

Proyecciones económicas

Las proyecciones económicas de la Airef apuntan a una caída del PIB de entre el 10,8% y el 11,4% este año y a un alza del 3,8% al 7,3% en 2021, lo que deja bien parada la caída del 11,2% que el Gobierno espera para este ejercicio pero pone en duda el avance del 7,2% inercial en 2021 que el Ejecutivo busca elevar, además, al 9,8% con las ayudas europeas.

A su vez, la expectativa de la autoridad es que el déficit siga el año que viene en el 8%, tres décimas por encima de lo esperado por el Ejecutivo, si bien la Airef cree que el Gobierno ha presentado una expectativa de gasto que supera en cuatro décimas sus previsiones y un alza fiscal que será unos 9.000 millones inferior a lo esperado.

Los Presupuestos

Herrero ha incidido, en todo caso, en que la factura de los ERTE será superior a los 1.153 millones dibujados por el Gobierno, porque habrá que ampliarlos hasta junio, alcanzando una factura de 6.442 millones.

A su vez, la presidenta de la autoridad fiscal también ha recordado que la tramitación de las cuentas públicas en el Congreso de los Diputados ya ha restado 1.000 millones de euros a la recaudación inicialmente prevista, al renunciar el Gobierno a elevar la tributación del diésel, para contentar al PNV, y al rebajar el IVA de las mascarillas al 4%, para atraer apoyos generalizados al proyecto.