Moncloa abonará el 50% de cada proyecto financiado por la UE antes de iniciarse

El Gobierno ultima ya el marco de gestión de las ayudas europeas que España comenzará a recibir en 2021 para salir de la crisis del Covid-19 y modernizar su economía. El plan del Ejecutivo pasa por agilizar todos los trámites burocráticos, acelerar la disposición de los fondos y focalizar todo el proceso en una “ventanilla única”, dependiente de La Moncloa, que facilite a empresas y administraciones públicas la explotación de las subvenciones comunitarias a través de consorcios mixtos.

Así lo contempla el borrador del “Real Decreto-ley por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” de la Economía Española (que denomina “Perte”), elaborado por la vicepresidencia primera de Presidencia, que dirige Carmen Calvo, y al que ha tenido acceso este diario.

El documento, de 80 páginas, establece los protocolos para acceder a los 140.000 millones de euros en recursos comunitarios que España recibirá en los próximos seis años, comenzando por una transferencia de 27.000 de los 72.000 millones comprometidos en subvenciones ya en 2021.

Para empezar, el texto revela que “la tramitación de las solicitudes de participación en las convocatorias derivadas la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se podrá realizar a través de la ventanilla única del portal web”, que funcionará “como instrumento capaz de centralizar y canalizar la distribución de toda la información sobre el mismo destinada a los distintos interesados y agentes relacionados con el mismo”. Un único mostrador para atender, resolver dudas y analizar propuestas que será dirigido desde La Moncloa. El hombre clave en la gestión del proyecto será Manuel de la Rocha, director de la Oficina de Asuntos Económicos, y su departamento informará directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Todo el Consejo de Ministros estará implicado en la gestión (ver despiece).

A partir de ahí, el real decreto establece que “el despacho de estos expedientes gozará de prioridad respecto de cualquier otro, debiendo de pronunciarse el órgano de control en el plazo de cinco días hábiles”. Sin embargo, “cuando debido a circunstancias excepcionales se produzca una acumulación de expedientes que impidiera el cumplimiento del plazo de cinco días hábiles, la Intervención General de la Administración del Estado adoptará las medidas precisas para garantizar el cumplimiento efectivo de este plazo”, lo que incluye “la posibilidad de aplicar técnicas de muestreo para la fiscalización e intervención previa de estos expedientes”.

El plan del Ejecutivo contempla la creación de agrupaciones y consorcios público-privados para el aprovechamiento conjunto y solidario de las ayudas comunitarias, si bien exime de la necesidad de constituir figuras jurídicas específicas, como empresas de nueva constitución. Una vez seleccionados los proyectos a desarrollar, el Gobierno prevé anticipar hasta un 50% de los fondos antes del inicio de la ejecución. A priori, se darán cinco años para utilizar los recursos, si bien el plazo podrá ser ampliado.

“Vamos a buscar formas de colaboración público-privada” para dar capilaridad a todos los proyectos, a fin de que lleguen “a todas las empresas, pueblos y ciudades” y para “movilizar hasta cuatro veces ese dinero público en términos de inversión privada”, detalló la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros de este martes. Montero anunció que el real decreto se aprobará antes de fin de año para “ir desarrollando antes del 1 de enero” los proyectos que sea posible adelantar.

Licitaciones públicas

En el terreno de la simplificación de las licitaciones públicas, el texto también detalla que en aquellas ligadas a fondos europeos, se someterá al procedimiento abierto simplificado abreviado a los contratos de obras de menos de 200.000 euros y los de suministros y servicios de menos de 100.000 euros. A su vez, se utilizará el procedimiento abierto simplificado ordinario en el caso de contratos de obras cuyo valor sea inferior a 5,349 millones y de servicios y suministros por menos de 138.999 euros, cuando los adjudique la Administración General del Estado, o sus organismos y entidades, o a 213.999 euros si los contrata otra entidad pública. La cota será de 749.999 euros cuando estén dirigidos a servicios sociales. Para ello, eso sí, la ponderación de los criterios de adjudicación evaluables por juicios de valor no podrá superar el 35% de los fondos.

Finalmente, el plan también contempla el pago de complementos salariales variables por cumplimiento de objetivos a los funcionarios que gestionen los proyectos, y la contratación de personal laboral específico si resulta necesario.