Las infraestructuras en los Presupuestos de 2021

El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2021, pendiente de tramitación parlamentaria, incluye 26.634 millones de euros de fondos de recuperación europea con un reparto por niveles de Administración Pública del 54%, 40% y 6% para el Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales respectivamente. En lo que respecta a las comunidades autónomas, recibirán adicionalmente otros 8.000 millones de fondos directos –no recogidos en los Presupuestos– del programa REACT-EU, hasta alcanzar la cifra de 18.793 millones (el 54% del total). Los Presupuestos recogen también un mecanismo transitorio de financiación –endeudamiento del Estado– para adelantar liquidez y tesorería y anticipar la puesta en marcha de sus proyectos, e incorporan como novedad un nuevo y oportuno informe, pionero, sobre su alineamiento con los ODS de la Agenda 2030.

En lo que respecta a la asignación europea a los dos grandes ministerios inversores, Transportes y Transición Ecológica, suma 11.787 millones (4.982 millones y 6.805 millones respectivamente). Descontando las transferencias de fondos a realizar al resto de Administraciones Públicas (1.152 millones) e incorporando las inversiones del presupuesto ordinario de ambos ministerios, resulta una proyección total de inversión para 2021 de 10.191 millones que se desagrega en 9.195 millones y 996 millones para el Ministerio de Trasportes y Ministerios de Transición Ecológica (únicamente la componente hidrogógica) respectivamente. Con respecto a las actuaciones medioambientales, se prevé crear un Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia de 1.395 millones, a transferir a sus órganos responsables, no estando dicha partida recogida en el reparto de inversiones de ambos ministerios, en caso de corresponderles asignación alguna.

La correcta valoración del impacto de los fondos europeos en las inversiones en infraestructuras del Estado, su comparación con el ejercicio precedente, no puede realizarse con la previsión de inversión en 2020, muy afectada por el Covid-19 y con unas previsiones de ejecución a finales de año muy negativas, como así lo confirman varios indicadores sectoriales. La referencia es la ley presupuestaria de 2018, la última aprobada y prorrogada hasta la fecha. Realizando dicho ejercicio –en términos homogéneos–, la inversión del ministerio de Transportes (9.195 millones) crece un +23%, y la del de Transición Ecológica en su componente hidrológica (996 millones) apenas un +8%.

En lo relativo al Ministerio de transportes, la cifra de inversión total (9.195 millones) es prácticamente coincidente con la del proyecto de presupuestos de 2019 (8.923 millones) que no pudo ser aprobado en el Congreso. Y ello tiene difícil justificación aun cuando los valores de 2021 representan 1.720 millones más de techo de inversión con respecto a la Ley actual.

Por órganos de contratación, Adif incrementa su presupuesto en 1.128 millones hasta alcanzar los 4.703 con un elevado protagonismo de la vía convencional (cercanías), proviniendo todo el incremento del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo (MRR), y con unas aportaciones patrimoniales adicionales de 466 millomes, fundamentales para garantizar su ejecución inversora, actualmente bajo mínimos. Las cercanías ferroviarias constituyen un objetivo ineludible para revitalizar el transporte público sostenible, y la existencia de actuaciones planificadas pendientes de realizar que superan los 15.000 millones en Barcelona, Madrid y Valencia, requieren de un mayor esfuerzo inversor y protagonismo en los fondos europeos, al igual que la reconversión en autopistas ferroviarias de los corredores convencionales actuales y sus conexiones ferro portuarias, otra de las prioridades y recomendaciones del Gobierno y de la CE.

Carreteras incrementa su inversión en 273 millones, repartidos en conservación viaria –insuficiente tras la reversión de varias autopistas– y en un nuevo programa de pantallas acústicas financiado con fondos del MRR europeo (164 millones). La ausencia de un programa de actuaciones en circunvalaciones urbanas no se explica por su falta de elegibilidad y encaje en el programa Next Generation europeo, dado que constituyen un elemento imprescindible en la movilidad urbana sostenible para facilitar la migración del transporte privado al público.

Además, el ministerio dispone, entre otras, de cuatro importantes actuaciones urbanas de 1.000 millones de inversión en muy avanzado estado de proyecto que deberían incorporarse, pudiendo implementar medidas de digitalización para controlar el aforo en tiempo real del tráfico viario y su interconexión con aparcamientos disuasorios y estaciones de transporte público. En último lugar, Enaire y Puertos del Estado registran un incremento de 515 millones, con una aportación de 140 millones proveniente del MRR. En lo que respecta a las inversiones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los 996 millones de inversión asignados –destacan 766 millones en infraestructuras hidráulicas, y 229 en infraestructura de costas y medioambientales– , se encuentran incluso por debajo de la referencia presupuestaria del malogrado proyecto de ley de 2019, y sitúa al ODS 6 de Agua Limpia y Saneamiento en última posición de los 17 objetivos de la Agenda 2030, con el 0,27% del presupuesto del Estado consolidado en representatividad monetaria, según recoge el ya referido informe de alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible del Ministerio de Hacienda.

Esta situación, injustificable, contrasta con las conclusiones del informe Sener-Seopan de infraestructuras prioritarias de 2017, en actual revisión, que identificó 9.928 millones de inversión en infraestructuras hidráulicas en el ciclo 2016-2021, correspondiendo más de la mitad, el 53%, al Estado (5.283 millones) y con un 43% de inversión de naturaleza básica (2.258 millones), sujeta a sanciones de la CE. A este respecto será relevante conocer el reparto del futuro Fondo de Restauración Ecológica y Resiliencia que recibirá 1.395 millones para actuaciones medioambientales.

Julián Núñez es Presidente de Seopan