Hacienda reimpulsa la ley antifraude que limita a 1.000 euros el pago en efectivo entre profesionales

El Gobierno volvió a impulsar este martes el anteproyecto de ley de medidas antifraude fiscal que ya trató de aprobar hace un año pero que decayó cuando el fracaso de las cuentas de 2019 derivó en la convocatoria anticipada de elecciones. La norma busca endurecer el control tributario de las criptodivisas, la contabilidad B de las empresas, prohibir las amnistías fiscales o ampliar la lista de grandes morosos con el fisco y de paraísos fiscales para elevar la recaudación anual en 828 millones a partir de 2021.

“La lucha contra el fraude fiscal es una absoluta prioridad. No puede haber justicia social sin justicia fiscal, si algunos pretenden incumplir las obligaciones que tiene el resto”, subrayó la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, al término del Consejo de Ministros que ha aprobado el proyecto de ley y lo remitió al Congreso de los Diputados. Montero abogó por ahondar en una política de “tolerancia cero contra cualquier práctica fraudulenta, más todavía en un momento de crisis como el actual en el que incumplir las obligaciones fiscales supone restar recursos al Estado del bienestar”.

El proyecto incluye una amplia batería de medidas que incluye, por ejemplo, la reducción de 2.500 a 1.000 euros en el límite del pago en efectivo que se realice entre profesionales (aunque se mantiene en 2.500 entre particulares), o la rebaja de 15.000 a 10.000 euros en los pagos en metálico para quienes no tengan domicilio fiscal en España.

A su vez, la nueva normativa pone el foco en las criptomonedas, exigiendo información sobre sus saldos, titulares y custodios, así como sobre las operaciones de adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos, con criptodivisas. Esta obligatoriedad afectará a aquellas operaciones que se realicen en el fuera de las fronteras españolas, que deberán incluirse en el polémico modelo 720 de declaraciones de bienes y derechos en el extranjero, actualmente pendiente del dictamen del Tribunal de Justicia de la UE el carácter imprescriptible de sus elevadas multas.

Otra importante novedad de la ley es la prohibición de las amnistías fiscales, impidiendo cualquier mecanismo extraordinario de regularización tributario, como el puesto en marcha por el Gobierno del PP en 2012. “A partir de ahora los ciudadanos saben que el Estado no se rendirá ni buscará atajos en su lucha contra el fraude fiscal”, dijo Montero.

A su vez, el Gobierno busca ampliar la presión pública sobre los grandes deudores con el fisco rebajando de un millón a 600.000 euros el umbral de deuda a partir del cual pasará a figurarse en el listado anual de morosos, en el que quedarán incluidos expresamente los responsables solidarios.

En paralelo, el Ejecutivo pretende ampliar el concepto de paraíso fiscal, que pasarán a denominarse “jurisdicciones no cooperativas”, incluyendo a territorios que no faciliten datos de la existencia de sociedades extraterritoriales sin actividad económica real para atraer beneficios, los que no ofrezcan la debida transparencia, se nieguen a intercambiar información de los titulares de bienes o derechos, apliquen una baja o nula tributación en general o determinados beneficios a los no residentes.

La regulación en ciernes también restringe llamado software de doble uso, aquel que las compañías utilizan para llevar una contabilidad B en paralelo con ingresos no declarados. Habrá sanciones para quienes lo fabriquen o lo posean sin certificación.

El texto también incorpora medidas contra la elusión fiscal y fija un valor de referencia para Patrimonio, AJD y Sucesiones, ante la litigiosidad que ha desatado el sistema anterior.

Montero recordó que las medidas antifraude permitieron elevar la recaudación en unos 15.700 millones en 2019, un 4% más que en 2018, con especial foco en los grandes patrimonios, donde se recaudaron 608 millones más, un 75% adicional al obtenido el año anterior.