España tiene menos de una vivienda social por cada 100 habitantes, lejos de las cuatro de la UE

España tiene menos de una vivienda social (0,9) por cada 100 habitantes, lo que sitúa al país en uno de los últimos puestos de la Unión Europea, que de media cuadruplica a la tasa española, con un total de cuatro residencias protegidas por cada centenar de ciudadanos. Los datos, recopilados en el Boletín Especial de Vivienda Social, que fue presentado este jueves por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), confirman la grandísima brecha que separa a España no ya de la media de la UE, sino de los países punteros en protección social a través de la vivienda.

Así, y siempre por cada 100 habitantes, Países Bajos se sitúa sin ninguna duda a la cabeza comunitaria, con más de 12 inmuebles sociales por centenar. Le siguen, también por encima de la media, Austria, con 10 viviendas, Dinamarca (9,5), Suecia (8), y Reino Unido y Francia, ambos con algo más de 7,5 por cada grupo de 100. 

Los datos mejoran relativamente si, en vez de ceñirse a la cifra de población, se analiza el peso de la vivienda protegida en función del número total de inmuebles. En este caso, por cada 100 residencias habituales, España suma 2,5 casas sociales.

La comparativa entre la cantidad de viviendas protegidas por cada centenar de casas principales sirve para homogeneizar criterios en el seno de la UE y poner cifras al parque residencial protegido de cada país. Y aquí, España vuelve a estar a la cola, ya que la media comunitaria asciende al 9,3%, mientras que la de socios como Países Bajos o Austria se sitúan en el 30% y el 24%, respectivamente.

El Boletín Especial, explicó el ministro de Agenda Urbana, José Luis Ábalos, es necesario para que el Gobierno, además del sector privado, tenga información acerca de la problemática habitacional, acrecentada a raíz de la crisis del coronavirus. Como recordó Ábalos, todos estos datos permiten a la Administración llevar a cabo ciertas políticas, en función de las necesidades más inmediatas del mercado residencial.

Otra de las urgencias que tiene España, y que se desprende de la información recopilada por la cartera de vivienda, tiene que ver con el gasto público por persona que los socios dedican en protección social a través de la vivienda. En esta línea, y analizando el periodo que abarca de 2007 a 2017, España vuelve a estar muy lejos de los principales países europeos. Así, durante la década, la inversión en vivienda social por habitante superó por poco los 35 euros en total, en línea con regiones como Chequia y Malta, pero por encima de Francia (25 euros).

La inversión de otros socios como Alemania, Reino Unido (que en 2017 seguía perteneciendo a la UE), Irlanda, Luxemburgo o Finlandia multiplicó de media por seis a la española, con cifras récord en el caso británico (439 euros). La media de la UE se situó, por su parte, en los 148 euros.

Respecto a la inversión en políticas de vivienda, se destaca que el gasto en promoción de vivienda y fomento de la edificación se situó en España en el 0,22% respecto al PIB, "cerca del conjunto de la Unión Europea, que se encuentra en el 0,25%.

Unas 290.000 viviendas

El parque de vivienda social de titularidad pública existente en España está situado en el entorno de las 290.000 viviendas sociales, según se recoge en el citado boletín. De ellas, 180.000 son de titularidad de las comunidades autónomas y otras 110.000 viviendas son de titularidad municipal. Cabe recordar que las transferencias en vivienda están transferidas a las Administraciones autonómicas y locales.

Con todo, según los datos de Agenda Urbana, "se trata de una cifra que contrasta con los más de 2,3 millones de viviendas protegidas construidas en el periodo 1981-2019". Cabe suponer, por lo tanto, que el número final es consecuencia de que tales viviendas protegidas han sido destinadas de manera mayoritaria a la venta, "teniendo muy escaso peso la promoción de vivienda pública destinada al alquiler". También hay que recordar, señaló Ábalos, los episodios en los que buena parte de la vivienda de titularidad pública fue vendida a empresas privadas.