Las luces (y algunas sombras) del ingreso mínimo vital en las islas

Después de años de reclamación por parte de los agentes sociales, el ingreso mínimo vital ya es una realidad. Su aprobación por el Gobierno central el pasado mes de junio permitirá a 125.000 personas en Canarias —2,3 millones en toda España— beneficiarse de una prestación dirigida a acabar con las situaciones de pobreza extrema. Y aunque sindicatos y empresarios canarios aplauden la medida, no esconden las notables diferencias que los separan: mientras los primeros alertan del peligro que acarrearía su compaginación con empleos precarios, los segundos temen que se convierta en una “paguita” que disuada a parte de sus perceptores de trabajar.

El Informe de 2019 de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias (EAPN-Canarias) pone de manifiesto la dura realidad del archipiélago. La tasa de riesgo de pobreza (ingresos de hasta 602 euros al mes por persona) se sitúa en las islas en el 32,1% de su población, 11 puntos por encima de la media nacional. La tasa de pobreza severa, que padecen aquellas personas que ingresan menos de 301 euros al mes, alcanza al 9,2% de sus 2,2 millones de habitantes. En ambos indicadores, la comunidad canaria ocupa la segunda posición del país, solo por detrás de Extremadura y Andalucía, respectivamente.

La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gema Martínez, recibe con satisfacción la medida: “Ya era hora de que se pusiera en marcha una demanda que estaba en la calle, en un país que tenía la cobertura social más baja de la Unión Europea”. Martínez indica que de esta ayuda de la Seguridad Social ya se están beneficiando los 3.000 hogares de las islas que recibían la prestación familiar del Estado por menores a cargo. Lo hacen ahora con una cuantía media de unos 430 euros al mes.

De acuerdo con las previsiones del Ejecutivo autonómico, llegarán a ser unas 50.000 unidades familiares canarias las que perciban la prestación, "y dentro de ellas, 30.500 niños, sobre quienes la medida pone especial atención”, apunta la viceconsejera. Para llegar a atender a esa cifra de hogares que previsiblemente cumplirán con los requisitos de la ayuda, “la intención es que exista un convenio con los ayuntamientos para que sea una de las puertas de entrada del ingreso mínimo vital”.

La llegada de esta prestación estatal, acelerada por el impacto de la crisis del coronavirus sobre las familias con más dificultades, ha tenido también efectos sobre otra de las medidas que, en línea parecida, trabajaba el Gobierno regional: la renta canaria de ciudadanía, recogida en el Estatuto de Autonomía de Canarias aprobado en noviembre de 2018. “Teníamos un borrador para presentar en el Parlamento de Canarias en octubre, y yos colectivos en los que íbamos a incidir eran los mismos que con el ingreso mínimo vital, aunque los montantes de este los superan”, indica Martínez. “Una vez se produzca el desarrollo reglamentario de la norma que regula la nueva prestación estatal, veremos cuáles son las funciones de las comunidades autónomas en la misma, y de qué manera podemos reforzarla”, señala. Detalla que podrían establecerse diversos complementos: para aquellas personas que perciben pensiones no contributivas, o en función de sus diversidades familiares, o también para el alquiler de vivienda. Y recuerda que será necesario establecer además itinerarios de inclusión social, “fundamentales en el marco del ingreso mínimo vital”.

Sindicatos y empresarios

Aunque sindicatos y empresarios de las islas coinciden en que la puesta en marcha del ingreso mínimo vital era necesaria, las diferencias existentes entre ambos acerca de esta prestación son notables. Para el secretario general de CEOE-Tenerife, Eduardo Bezares, es necesario que la medida resuelva dos elementos en juego: que asegure la cobertura de los colectivos excluidos y de difícil inserción, “pero que a la vez no se convierta en una paguita que disuada de trabajar de forma normal”. En especial en Canarias, comunidad que por contar con los salarios medios entre los más bajos de España, “es carne de cañón” —según el Monitor Adecco de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, el salario medio del país a cierre de 2019 se situó en los 1.695 euros frente a los 1.447 del archipiélago, casi 250 euros por debajo—.

El secretario general de la CEOE tinerfeña insiste en que “no puede ser que una persona en edad de trabajar esté sin hacer nada porque le dan una paga en casa y que los sábados haga un trabajillo por su cuenta para complementar el salario. Esa gente vive de los impuestos de los que trabajamos y somos relativamente productivos, es absolutamente injusto. Tenemos que evitar ese discurso porque al final vamos a tener unos colectivos absolutamente improductivos y otros exprimidos y desmotivados”.

Desde los sindicatos, el responsable de Servicios Sociales de UGT Canarias, José Ángel Ramírez, resalta el impacto positivo que va a suponer el ingreso mínimo vital en la población más desfavorecida, una medida “archinecesaria y que debió haberse implantado antes”. Pero matiza que debe ir acompañada de políticas activas de empleo con eficacia real “y no como las que se han venido ejecutando hasta ahora, ineficaces para acabar con el paro estructural”. Solicita que por vía reglamentaria se regule la prohibición de su compatibilidad con trabajos con salarios muy bajos o a jornada parcial porque, de lo contrario, “podría ser una herramienta para que determinadas empresas, y especialmente las menos eficientes, solapen salarios, lo que produciría una corriente negativa en el tejido empresarial y una devaluación salarial del conjunto de la población, además de una disminución de las cotizaciones de la Seguridad Social”.

Plantea, para evitar ese riesgo, el ir aumentando paulatinamente el importe del ingreso mínimo vital hasta que se equipare al salario mínimo interprofesional “para que el empresario pague por encima de ese mínimo para poder conseguir trabajadores”.

Ramírez manifiesta que no pueden permitirse situaciones en las que una empresa, aprovechándose de que los empleados perciban el ingreso mínimo vital, “cuente con cinco o seis jornadas parciales por las que pague 400 euros, cuando podría reconvertir tres de esos contratos en jornadas completas y pagar un salario digno”. Y frente a los temores mostrados por los empresarios ante la posibilidad de que la prestación desincentive a los trabajadores, les responde: “Están llamando a generalizar la pobreza. Si a una persona se le ofrece un empleo con salario digno no se va a quedar en casa. Aunque en los microempleos sí puede ocurrir que no consigan gente, así que deberán hacerlos más atractivos para conseguir personas que desempeñen esa labor”.