El Covid-19 podría sumar 760.000 personas a la pobreza, que alcanzaría a un cuarto de la población española

Con un aumento estimado de la tasa de paro del 14% al 19%, además de una caída del PIB de al menos el 9% durante el año 2020, Oxfam prevé que el número de pobres en España aumente en más de 760.000 individuos a raíz de la crisis económica del coronavirus, hasta superar los 10,5 millones de personas, casi un cuarto de la población del país. En términos porcentuales, este aumento supone un incremento de la pobreza relativa de 1,6 puntos, hasta alcanzar al 23,1% de la población (frente al 21,5% previo a la pandemia).

Las estimaciones de Oxfam se presentan hoy en el informe Una reconstrucción justa y necesaria es posible, que no tiene en cuenta el impacto de medidas como el ingreso mínimo vital (IMV), aunque Oxfam valora su puesta en marcha y asume que tendrá efectos positivos. La razón es que todavía es pronto para saber los efectos que esta prestación tendrá, así como el número total de beneficiados. Por lo pronto, explica Lara Contreras, portavoz de la organización, un esquema de renta garantizada, "más amplio y ambicioso" que el IMV, "estimado en 6.400 millones de euros, permitiría que 4 millones de personas saliesen de la pobreza severa", calculan desde Oxfam. Teniendo en cuenta que el coste del IMV es menor, algo más de 3.000 millones al año, el número de beneficiarios directos estaría también por debajo de los 4 millones.

Con todo, hay que tener en cuenta que las estimaciones de Oxfam “pueden llevarnos a engaño, pues la fuerte caída en el PIB también supone una importante caída del umbral de pobreza”, recalca Contreras. Así, considerando constante el umbral de pobreza, esta podría llegar a alcanzar al 26% de la población, más de 12,3 millones de personas.

En términos de incremento de la tasa de pobreza relativa, el acelerón más importante se produciría en Extremadura, Andalucía y Canarias, con alzas por encima del 2%. En términos absolutos, destacaría Andalucía, con 201.000 personas más por debajo de la línea.

Oxfam también prevé un aumento de la desigualdad como resultado del impacto dispar de la pandemia, “que afecta de manera especial a las rentas más bajas”, un golpe que se traduciría en una mayor pérdida relativa de ingresos. Así, el decil más pobre podría llegar a perder (-20,5%) de su renta, en términos proporcionales, más de ocho veces la renta que pierde el decil más alto (-2,4%).

El golpe de la pandemia se traduciría también en un aumento de la desigualdad de la renta neta de 1,7 puntos, medidos en términos del índice de Gini, hasta alcanzar el 34,2 (frente al último registro antes del coronavirus situado en el 32,5). Este aumento del índice de Gini puede parecer poco, apuntan desde Oxfam. Sin embargo, "si miramos el año que más aumentó la desigualdad durante la pasada crisis económica, entre 2012 y 2013, apenas lo hizo en un punto". Este incremento esperado en la desigualdad supone echar por la borda cuatro años consecutivos de tímida reducción de la desigualdad.

Medidas

Para reducir el impacto, la organización propone medidas fiscales tanto extraordinarias como estructurales, que supondrían unos ingresos de al menos 10.000 millones de euros adicionales. Entre las extraordinarias figuran un impuesto temporal sobre los beneficios extraordinarios y un impuesto a las transacciones financieras más ambicioso que el que ahora mismo se debate en el Congreso y que las ayudas estatales a las empresas privadas estén condicionadas a un "comportamiento fiscal responsable".

Entre las medidas de carácter estructural, Oxfam plantea reformar el impuesto al patrimonio o incrementar en Sociedades el tipo hasta un mínimo del 15% para las grandes empresas. También aboga por umentar la presión fiscal sobre las erentas del capital en IRPF, "infragravadas frente a las rentas del trabajo".

A su vez, la reconstrucción económica y social debería contar con los trabajadores de sectores precarios que han puesto de relieve su carácter esencial y necesario. En este sentido, Oxfam propone diferentes medidas para reducir la precariedad laboral: desde reformas estructurales que den mayor peso a los sectores de más valor añadido hasta procedimientos de contratación por parte de las administraciones públicas que "eviten la temporalidad y controlen las condiciones de subcontratación". La ONG también defiende un proceso de regularización administrativa amplio y extraordinario para los trabajadores migrantes.