La tasa Tobin supera los vetos de PP, Vox y Cs y continúa su tramitación

El Congreso de los Diputados ha dado hoy luz verde al proyecto de ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, tras superar las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos, que pedían su devolución. Ahora, el texto, que aprobó el Ejecutivo a comienzos de año, continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja donde se debatirán las enmiendas parciales registradas por la mayoría de los grupos.

Con el nuevo tributo, el Ejecutivo prevé recaudar 850 millones de euros al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.

En su defensa, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que esta herramienta servirá para desalentar las prácticas especulativas, al tiempo que busca una justa “justa contribución” del sistema financiero que en la anterior crisis económica se vio favorecido por los rescates “que sufragaron los contribuyentes”. Junto a ello, ha asegurado que las operaciones que se pretenden gravar "no se sujetan a impuesto alguno", advirtiendo que existe un “privilegio inaceptable”.

En este sentido ha recordado que la Unión Europea lleva más de siete años debatiendo la armonización de este impuesto y que la propuesta del Gobierno se adaptará cuando se acuerde una figura común para la UE. Así, ha apuntado que son diez países -Bélgica, Chipre, Francia, Italia, Finlandia, Rumanía, Grecia, Irlanda, Polonia, Reino Unido- los que "ya lo aplican de alguna forma".

Por todo ello, Montero ha criticado que PP, Vox y Ciudadanos utilicen en sus enmiendas a este tributo los mismos argumentos utilizados en las debatidas la semana pasada sobre la 'tasa Google' y ha reprochado a estos partidos de deslegitimar el sistema tributario español e ir en contra de una fiscalidad justa.

En concreto, dichas formaciones han defendido que la iniciativa va en sentido contrario a lo que necesita el país en crisis aludiendo a la necesidad de bajar impuestos y no subirlos, afirmando que el coste de la implementación será repercutido en el cliente. Vox y Cs también han hecho referencia a que el impuesto impulsará las deslocalizaciones de empresas y de entidades financieras. Sin embargo, los argumentos no han convencido a la mayoría de los grupos parlamentarios que han rechazado las enmiendas a la totalidad, pero han presentado las suyas propias al articulado.

A pesar de su conformidad, ERC ha recriminado que es poco ambicioso, asegurando que se debería ampliar la base imponible y gravar mayor número de operaciones financieras "lás más especulativas", como las derivadas. El PNV, por su parte, buscará excluir del gravamen las EPSV y los fondos de pensiones para evitar que disminuya su capacidad de rendimiento para los futuros pensionistas, porque "implicaría menores importes de pensiones complementarias". EH-Bildu ha lamentado que, aun yendo en "la buena dirección", este tipo de impuesto se quede en "pequeños pasos o parches".

Asimismo, el BNG ha asegurado que se podría "haber ido más allá", porque "al limitarlo a la adquisición de acciones de sociedades españolas, y siempre que el valor de capitalización bursátil de la sociedad supere los 1.000 millones de euros, deja fuera muchas transacciones financieras especulativas", afirmando que "este impuesto se limita a un objetivo recaudatorio renunciando a otro necesario, como es el de regular los mercados financieros y reducir los intereses especulativos". JxCt ha pedido seguir trabajando en un acuerdo común europeo, así como un criterio de coherencia en su aplicación a nivel nacional.

Por otro lado, la Cámara Baja también ha dado su aval a tramitar de forma directa y en lectura única la derogación del despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo. Se debatirá el próximo martes.

Además, en la misma sesión plenaria, el Pleno ha aprobado una iniciativa en la que insta al Gobierno a estudiar, junto a organizaciones de trabajadores autónomos, la continuidad de medidas de apoyo a este colectivo más allá del levantamiento de las restricciones aprobadas por la crisis del Covid-19, entre ellas la prestación extraordinaria por cese de actividad y el aplazamiento de deudas con la Seguridad Social. Para ello, el Congreso ha dado luz verde a una enmienda transaccional pactada por el PSOE y ERC, a partir de una proposición no de ley de estos últimos, que ha contado con el apoyo de todo el arco parlamentario, a excepción del PP, que ha optado por votar en contra.