El déficit se disparará este ejercicio tras cerrar 2019 con su primera subida en seis años

2019 no solo fue un año perdido en términos de reducción del déficit, como se temía el Banco de España, que estimó que el agujero fiscal se mantendría en la cota del 2,53% del PIB en el que se situó en 2018. El año pasado, según los datos oficiales hechos públicos ayer por el Ministerio de Hacienda, el déficit volvió a escalar posiciones, por primera vez desde 2012, para cerrar en el 2,64%. La cifra, supone un aumento de 2.457 millones en el ejercicio (8% más) hasta los 32.900 millones debido a un mayor avance del gasto (4,1%) que de los ingresos (3,8%). El resultado es que, lejos de acercarse a su objetivo de cerrar el año en el entorno del 2%, el Gobierno se alejó de él.

Un mal dato, enmarcado en un año de parálisis política en el que la prórroga presupuestaria de las cuentas de 2018 se complementó con el fuerte gasto social que acompañó a los llamados viernes sociales en el que el Ejecutivo aprobó importantes medidas de inversión vía decreto y ciertas alzas de las bases de cotización.

En concreto, antes de las elecciones generales del 28 de abril, el Ejecutivo había elevado el gasto en pensiones y sueldos públicos; ampliado el permiso de paternidad de cinco a ocho semanas (con la idea de alcanzar 12 progresivamente); había regularizado las cotizaciones de los cuidadores de dependientes; había tomado medidas en el alquiler; impulsado la igualdad de género en las empresas o la regularización de los horarios laborales, con un coste de al menos 1.100 millones de euros para la Seguridad Social.

En paralelo, el Ejecutivo había elevado el salario mínimo interprofesional un inédito 22% (hasta los 900 euros) que supuso un alza similar de las bases mínimas de cotización a las que acompañó la decisión de elevar otro 7% las bases máximas. Pese a que estas dos últimas medidas supusieron reforzar los ingresos públicos, la ausencia de nuevos tributos que compensaran el alza del gasto y la pérdida de inercia de la recaudación tributaria en el marco de la desaceleración económica impidieron finalmente continuar con el saneamiento de las cuentas públicas. Hay que tener en cuenta que en esta ecuación también jugaron en contra los excesos de gasto en los que incurrieron las comunidades autónomas, en año electoral por la cita del 26 de mayo.

Así, finalmente, la Administración central cerró con un déficit del 1,12% (frente al objetivo del 0,5%); la Seguridad Social con un agujero del 1,29% (buscaba el 1,2%) y las comunidades autónomas duplicaron su déficit hasta el 0,55% (y no el 0,3% esperado) al perder los ingresos de un mes de IVA de 2017 que debían percibir. Solo Andalucía, Canarias, Madrid, Navarra, País Vasco y Galicia cumplieron su objetivo. Los ayuntamientos aportaron un superávit del 0,31% del PIB.

El aumento del agujero público, en el mismo año en el que España logró salir del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea tras una década bajo el férreo control comunitario, supone que el país afronta sin demasiado margen el aluvión de gasto social que se espera que cueste afrontar la pandemia del coronavirus Covid-19, tanto en su vertiente de emergencia sanitaria como por el impacto económico que deja.

Aunque la UE ya ha acordado activar la cláusula general de escape del Pacto de Estabilidad que permite a los estados miembros dejar en suspenso sus obligaciones de reducción de déficit, la condición es que sus actuaciones no pongan en riesgo la estabilidad presupuestaria a largo plazo. Esto es, que si bien España podrá gastar sin ataduras este ejercicio a fin de dar respuesta al virus, en los próximos años será conminada a corregir la desviación con mayores ajustes del gasto o incrementos de ingresos.

Un reciente estudio del impacto de la pandemia elaborado por los expertos de BBVA Research, Fedea y la Fundación Rafael del Pino ya avanzaba por ejemplo que si bien las medidas económicas impulsadas permitirán reducir a la mitad el impacto del virus sobre el PIB, estas supondrán un incremento de 3,5 puntos sobre el déficit que se alcanzaría sin la pandemia. De cumplirse este cálculo, el agujero fiscal español se incrementará en unos 43.000 millones de euros hasta superar ampliamente los 70.000 millones de euros de déficit público.

Para hacerse una idea del esfuerzo que implicaría retomar desde ahí el objetivo de recuperar el equilibrio presupuestario, la reforma fiscal que el Gobierno puso en la mesa en 2019 (que incluía incrementos de IRPF a rentas altas; un tipo mínimo en sociedades para grandes empresas; la creación de las tasas Google y Tobin; la equiparación fiscal de diésel y gasolina; una mayor presión tributaria sobre el ahorro; las grandes fortunas y un ambicioso plan antifraude), apenas aspiraba a recaudar unos 5.500 millones de euros.

El entorno en el que el Ejecutivo deberá buscar reconducir las cuentas será además mucho más adverso, habida cuenta que organismos como el Fondo Monetario Internacional ya vaticinan que la recesión en Europa es inevitable y otros como BBVA Research calculan que si bien las medidas evitarán una caída del producto interior bruto español de entre el 4,1% al 7,9% este año, lo previsible es que el retroceso sea de entre el 0,6% al 4,5%.

Está por ver si las medidas adoptadas permiten luego una rápida recuperación de la economía en forma de V, si bien los economistas concuerdan que el impacto en empleo (y por tanto en cotizaciones sociales) podría ser más permanente, lo que complicaría la obtención de ingresos.