Déficits públicos y desigualdad territorial

El recurso al déficit público es, o debería ser, un recurso extraordinario y acotado en el tiempo, provocado por la insuficiencia, sobrevenida, de los ingresos para soportar los gastos o por la necesidad de incrementar –coyunturalmente– los gastos para atender objetivos de política económica. El escenario de estabilidad recién aprobado por el Gobierno para 2020-2023 es una combinación de ambas justificaciones: la recaudación es todavía insuficiente para financiar los gastos que necesitamos desplegar y, en paralelo, es conveniente acompasar el saneamiento de las cuentas públicas a un ritmo que no ponga “en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo”.

Hasta aquí, todo parece coherente y estratégicamente correcto para facilitar la elaboración de unos necesarios Presupuestos Generales del Estado de 2020 que protejan los servicios del Estado del bienestar (salud, educación, protección social y pensiones) sin repetir el austericidio practicado por los Gobiernos del Partido Popular entre 2009 y 2018, que provocaron severos recortes de esos servicios públicos fundamentales prestados por las comunidades autónomas (75% de su gasto total) a los ciudadanos más desprotegidos.

Pero el problema es todavía más complejo. España es un Estado fuertemente descentralizado, como requiere su rica, diversa y plural realidad, pero en una democracia “social y de derecho”, esa descentralización debe ser incompatible con la desigualdad. Sin embargo, el Estado autonómico no ha sido capaz, tras dos décadas de despliegue competencial completo, de corregir las desigualdades territoriales que originó la acción durante 50 años de un Estado autoritario y centralizado.

La realidad es que, desde su origen, la financiación autonómica produce una acusada desigualdad entre españoles, pues el acceso de los mismos a los servicios fundamentales de educación, sanidad y protección social está condicionado por desigualdades de financiación por habitante que superan el 60%, entre las comunidades forales y la peor financiada, la Comunidad Valenciana, y difieren, un 27%, entre esta última y la mejor financiada de las de régimen común.

Esta situación resulta incompatible con los principios constitucionales vigentes. Por ello, la revisión del sistema de financiación autonómica es ya una emergencia de Estado, que no admite demora en el inicio de los procesos para su reforma y que exige, durante el tiempo que dure su aprobación efectiva, de medidas paliativas inmediatas y sostenidas hasta culminar dicha reforma.

Año tras año, la Comunidad Valenciana es la comunidad peor financiada y su infrafinanciación sistémica la ha abocado a déficits diferenciales intensos y a un endeudamiento completamente inasumible. Nunca ha gastado más que la media por habitante, ¡nunca!, sin embargo su déficit en 2018 fue del 1,4% del PIB, muy superior al objetivo marcado para el conjunto de las comunidades del 0,3% para ese año. Si la comunidad hubiera recibido los mismos recursos por habitante que la media, el déficit valenciano habría sido del 0,2%, cumpliendo así con el objetivo marcado. Si hubiera recibido los recursos por habitante de Galicia, una comunidad con igual renta per cápita que la valenciana, su déficit de 2018 se hubiera transformado en un superávit del 1,2% de su PIB. No hacen falta más ejemplos para calibrar la falta de equidad entre españoles en la que vivimos.

Lo anterior indica que, en la situación actual, la Comunidad Valenciana está sistémicamente infrafinanciada, respecto a la financiación media de las comunidades autónomas de régimen común, en un 1,2% de su PIB anual (1.400 millones de euros de 2019), y todavía mucho más respecto a la comunidades financiadas por encima de la media y a una distancia sideral respecto de las forales.

Como consecuencia de ello, insistimos, sin gastar ¡nunca! más de la media por habitante, y salvo que renuncie a prestar unos servicios mínimos esenciales próximos a la media, tiene garantizado incurrir en un diferencial de déficit anual mínimo de esos 1.400 millones de euros. Acumulando ese déficit a su particular Everest de endeudamiento que le ha provocado esta situación desde hace más de 30 años que completó su actual nivel competencial.

Si, como acertadamente ha señalado la ministra Montero, “la situación de partida es muy distinta si se comparan entre sí a las comunidades autónomas” y si, como ha aconsejado reiteradamente la Airef, es necesario que los objetivos de estabilidad presupuestaria tengan en cuenta la situación particular de cada una de las comunidades autónomas, el actual Gobierno de coalición progresista está obligado a desarrollar dos tareas urgentes e ineludibles: iniciar de modo inmediato la reforma del sistema de financiación autonómica y la regularización del endeudamiento derivado de la infrafinanciación de las comunidades autónomas, que tras los informes de la comisión de expertos, de las comunidades y del comité técnico de evaluación, ya disponibles, tan solo requiere de que la Administración general del Estado fije su posición, para dar paso a la fase de debate y acuerdo intergubernamental y político.

Y mientras dura la reforma, incorporar medidas transitorias en los PGE 2020 que corrijan los fallos del actual modelo, paliando sus efectos de de­sigualdad, y permitiendo a las autonomías infrafinanciadas cumplir con los nuevos objetivos de déficit en igualdad de condiciones que el resto de comunidades. Los valencianos y, con ellos, otros españoles no pueden ni deben soportar un año más la persistencia de unas desigualdades que resultan incompatibles con la equidad y con todo el cuerpo constitucional español.

Juan Pérez / Juan A. Pérez son Director general de Financiación de la Comunidad Valenciana / Comisionado para la financiación autonómica de la Comunidad Valenciana