Sánchez asigna a Podemos la gestión de menos del 10% de todo el gasto presupuestario

El Gobierno de coalición recién constituido por PSOE y Unidas Podemos ha requerido cesiones por ambas partes para alcanzar un delicado equilibrio de fuerzas que parecía imposible de lograr en la pasada legislatura. Finalmente, la formación morada ha conseguido sentar a su líder, Pablo Iglesias, en el sillón de la vicepresidencia segunda (de un total de cuatro, eso sí), y ocupar uno de cada cinco asientos del Consejo de Ministros. Sin embargo, su control de las cuentas públicas ha quedado bastante más diluido: los cálculos realizados por este diario indican que los ministerios controlados por Podemos gestionan menos del 10% del gasto total contemplado en la vigente prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2018.

La cifra es una estimación alcanzada tras analizar la asignación de fondos de cada programa de gasto ministerial y de cada una de sus transferencias entre subsectores, según consta en las cuentas prorrogadas para 2020.

Así, de momento, la suma de los programas de gasto y transferencias que recaen en la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 y los Ministerios de Trabajo, Universidades, Consumo e Igualdad asciende a algo más de 22.000 millones de euros, que suponen solo el 7% de los 316.882 millones que comporta la prórroga para 2020 de los Presupuestos Generales (277.933 millones) más la dotación de los organismos autónomos (38.949 millones), tal y como recogió el acuerdo sellado en el último Consejo de Ministros de 2019. No obstante, la cifra final podría variar, especialmente habida cuenta de que hay algunas partidas pendientes de asignación a los nuevos ministerios a la espera de que el Consejo de Ministros culmine la arquitectura del nuevo Gobierno. Pero incluso adscribiendo a Podemos las principales partidas aún por repartir, el monto de sus ministros apenas rondaría el 8%.

Es más, de tomarse como referencia los 345.358 millones de gasto consolidado del Presupuesto de aquel año –cifra que se acabará alcanzando a lo largo de este ejercicio si no hay nuevas cuentas– el peso de las carteras de Podemos se rebajaría al 6,4%.

Hay que tener en consideración, no obstante, que no todo el poder se mide por el gasto gestionado, pues el objetivo de Podemos en algunos ministerios como Igualdad o Consumo, por ejemplo, se centra más en impulsar nueva legislación en su materia que en controlar amplias partidas presupuestarias.

Sin embargo, la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de segregar las carteras de Trabajo y Seguridad Social –justificada por la complejidad de gestionar a la vez la reforma del mercado laboral y la de las pensiones– rebaja con fuerza la dotación que queda en manos de Podemos. Con todo, el área laboral arroja nueve de cada 10 euros gestionados por el grupo de Iglesias (fundamentalmente por el peso de las prestaciones de paro), y un 5,7% de todo el monto presupuestario, siendo esta su cartera más importante en términos puramente económicos.

El fenómeno de dilución se produce también, a menor escala, en la escisión de Universidades y Ciencia, reduciendo con fuerza el presupuesto de la formación morada. Otro tanto ocurre en Consumo, al ser una de las tres patas que tenía el hasta ahora Ministerio de Sanidad, Consumo y Asuntos Sociales; o en Igualdad, que venía siendo gestionada desde la vicepresidencia.

Podemos no logra por tanto que la cuota de poder alcanzada, un 22% de los ministerios (equivalente a su porcentaje de escaños en el Congreso frente a los del PSOE, pero no al tercio de votos totales que aporta como quería Iglesias), tenga un eco similar en su manejo de fondos públicos, aunque estos incluyen algunas partidas de gran importancia.

Habrá que esperar a ver, en todo caso, si el reparto de fondos varía en las nuevas cuentas que el Ejecutivo de coalición tratará de impulsar en 2020.

Además, el Consejo de Ministros tiene pendiente terminar de definir –previsiblemente hoy– el diseño del nuevo Gobierno con lo que hay partidas presupuestarias que se repartirán en función de qué departamento las acabe asumiendo. Fuentes oficiales explican que para ello el Ejecutivo deberá aprobar primero reales decretos con las estructuras ministeriales del nuevo Gabinete y que luego asignará transferencias presupuestarias para dotar esa reorganización administrativa.

De momento, en todo caso, estos son los fondos públicos que gestionan los ministros de Podemos:

Vicepresidencia social

Como vicepresidente segundo de Asuntos Sociales y Agenda 2030, Iglesias gestionará más de 1.900 millones de euros, lo que constituye menos de un 9% del presupuesto en manos de Podemos. Sobre el total de las cuentas públicas, la vicepresidencia tendrá asignada apenas el 0,55% del gasto. La Secretaría de Estado de Servicios Sociales –que hasta la pasada legislatura dependía de Sanidad– aglutinará 1.585 de los 1.900 millones en transferencias, destinados, principalmente al Imserso y a ayudas a la dependencia. Dentro de estas funciones, otros 242 millones irán a la lucha contra la pobreza y a financiar organizaciones sin ánimo de lucro y cerca de 62 millones estarán destinados a juventud, drogodependencia, pensiones no contributivas y asistenciales e infancia.

Ministerio de Trabajo

La cartera con mayor peso presupuestario que manejará Podemos recae en Yolanda Díaz, que gestionará unos 19.700 millones. La parte mollar, 17.700 millones, se concentra en la partida de prestaciones para los desempleados, mientras que 1.400 se destinan al fomento de la inserción y la estabilidad laboral. El resto de fondos se reparten entre la gestión de las prestaciones por cese de actividad, desarrollo del trabajo autónomo, la inspección, la administración de relaciones laborales y el asesoramiento del Gobierno en el ámbito del empleo. La dotación definitiva del ministerio podría acabar siendo algo mayor, sin embargo, dado que hay partidas aún pendientes de repartir entre Trabajo y la nueva cartera de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Es el caso de los recursos del fondo de garantía salarial (Fogasa), que rondan los 800 millones de euros. También está por ver dónde recaen los 2.300 millones asignados a formación profesional para el empleo que a día de hoy gestiona Educación pero cuyo futuro está todavía en el aire.

Ministerio de Universidades

La tercera cartera de la formación morada que más recursos gestionará es la que dirige Manuel Castells, separada de Ciencia e Innovación, que mantendrá la mayor parte del gasto. Castells tendrá un presupuesto de 325 millones, repartido, en su mayoría, entre la enseñanza universitaria (130 millones), proyectos de investigación científica (102), becas para estudiantes (40) y otros organismos externos (48). Con todo, el reputado sociólogo tendrá bajo su mando un 1,5% del presupuesto de Unidas Podemos y un 0,09% del conjunto de las cuentas públicas.

Ministerio de Igualdad

Al frente de esta cartera, que vuelve a ser un ministerio autónomo como lo fue tras su creación en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Irene Montero tendrá que gestionar una partida de cerca de 193 millones de euros, de los que 159 estarán destinados a la prevención integral de la violencia de género. A pesar de que esta cartera supondrá tan solo el 0,87% del gasto a cargo de Podemos y el 0,06% del presupuesto estatal, los objetivos de Montero tendrán más que ver con el impulso de legislación, entre ellos, blindar el “solo sí es sí” en el Código Penal, incorporar la perspectiva de género en los tribunales o garantizar por ley la igualdad laboral en las empresas.

Ministerio de Consumo

La cartera con menor peso presupuestario de Podemos, nutrida de competencias que antes asumían Sanidad y Hacienda, es la de Consumo. Tendrá asignado un gasto de tan solo 45,6 millones de euros, 14 de ellos repartidos en la protección de los derechos de los consumidores y siete más para la regulación del juego, entre otros. Por sus competencias y dotación –apenas el 0,2% del presupuesto gestionado por Podemos y tan solo una centésima (0,01%) del gasto nacional– el ministerio que dirigirá Alberto Garzón se asemeja más a una secretaría de Estado. De nuevo, no obstante, el líder de Izquierda Unida centrará sus esfuerzos en preparar una regulación que ponga tope a las casas de apuestas, que se han multiplicado con fuerza a raíz de la crisis en los barrios de rentas bajas y han hecho escalar la ludopatía entre los jóvenes, así como en reforzar la defensa del consumidor.