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PSOE y Podemos sellan un protocolo para su coalición que solo les permite enmiendas presupuestarias comunes

El pacto extiende su alianza de Gobierno a los grupos parlamentarios, exige confidencialidad y rige cómo dirimir las discrepancias del nuevo Gabinete

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras la investidura.
Pedro Sánchez y Pablo Iglesias tras la investidura.Efe

“Ocho meses para 10 segundos”, bromeó este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras prometer su cargo frente a la Constitución, y sin crucifijo ni Biblia, ante el Rey Felipe VI. “Ha sido rápido, simple y sin dolor”, respondió a la chanza el monarca, agregando que “el dolor vendrá después”. Para evitarse al menos algún quebradero de cabeza, el PSOE y Unidas Podemos han decidido poner en negro sobre blanco las reglas de juego que regirán en el Gobierno de coalición que se disponen a formar -el primero desde la Transición- tras la victoria de Pedro Sanchez en la investidura del martes, como nuevo presidente.

El protocolo, sellado en la mañana de este miércoles, exige a los miembros del nuevo Ejecutivo la máxima “confidencialidad” en torno a las decisiones y discusiones del nuevo Consejo de Ministros, fija cómo dirimir las posibles discrepancias y extiende la alianza de Gobierno a los grupos parlamentarios, limitando incluso su capacidad para presentar enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado u otras iniciativas legislativas.

"El Gobierno progresista de coalición entre PSOE y Unidad Podemos se regirá por los principios de lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad, actuando en todo momento con diálogo, consenso negociación y buena fe para implementar eficazmente el programa conjunto de Gobierno progresista", arranca el documento, al que ha tenido acceso este diario, titulado Protocolo de funcionamiento, coordinación, desarrollo y seguimiento del acuerdo de Gobierno progresista de coalición PSOE-Unidas Podemos.

Más allá de fijar las normas para los miembros del nuevo Ejecutivo, el texto establece que “los partidos firmantes se comprometen a dar apoyo parlamentario en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo a la acción de Gobierno”.

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Así, por ejemplo, “en relación con los Presupuestos Generales del Estado y con el fin de facilitar su aprobación, los grupos parlamentarios de los socios no podrán presentar enmiendas sin el acuerdo previo” entre ambas formaciones, fija.

Más allá, el acuerdo conmina a ambos partidos a votar siempre favorablemente –y a defender– los proyectos de ley del nuevo Ejecutivo, una disciplina especialmente clave en Unidas Podemos, que engloba a Podemos, IU, En Comú Podem y Galicia en Común. El pacto también exige el “acuerdo de ambas partes” para presentar proposiciones de ley, proposiciones no de ley, otras mociones o enmiendas, o consensuar la votación de propuestas de otros grupos.

Para velar por el cumplimiento de los acuerdos de Gobierno, en el plazo de 30 días se creará una Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo PSOE-Podemos, así como otra Comisión de Seguimiento Parlamentario, en el mismo plazo.

La primera estará compuesta por dos representantes de Presidencia, que dirigirá Sánchez; dos de la Vicepresidencia Primera, que ostentará Carmen Calvo al cargo de política territorial y el conflicto catalán; dos de la Vicepresidencia Segunda de los Social, que pilotará Pablo Iglesias; un representante de la Secretaría de Estado de Comunicación y otro del área de comunicación de la Vicepresidencia Segunda –lo que da idea de la autonomía informativa que podría aspirar a tener Iglesias– así como un miembro de cada uno de los dos partidos.

En caso de discrepancias dentro de la coalición de Gobierno, estas deberán presentarse ante la Comisión Permanente, que será quien decida y, en caso de no lograr un consenso, acordará “el alcance y publicidad que los socios podrán dar a la misma” tanto “en sede parlamentaria como en medios de comunicación”.

En todo caso, el acuerdo conmina a todos los miembros del Gabinete, cuyo diseño ultima Sánchez para anunciarlo la próxima semana, a mantener “la máxima discreción” y a dejar a la Comisión Permanente la tarea de coordinar la agenda de comunicación de los socios.

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