¿Afrontarán las decisiones que no pueden esperar? Complicado

Haya o no haya Gobierno antes de fin de año, que todo apunta a que lo habrá, hay determinadas decisiones económicas que no pueden seguir sometidas a esta moratoria política que han impuesto las vacaciones parlamentarias y gubernativas que acumulan cerca de la mitad de los días desde principios de 2015 con un Ejecutivo en funciones. No hay Presupuestos desde que Cristóbal Montoro lograra aprobar en el Parlamento los diseñados para 2018, la reducción de déficit comprometida con Bruselas no se cumple, la deuda pública sigue trepando décima a décima, las pensiones públicas son cada día que pasa menos viables tras deshacer la reforma de 2013, y nadie se preocupa por que la economía entre en una espiral de desaceleración que cueste miles de empleos.

Es una bendita suerte que la dimensión de la crisis ni por asomo se asemeje a la que en 2008 arrasó la economía española con seis años de contracción del PIB y cuatro millones de empleos destruidos. No hay desplome de la actividad en ninguna de las grandes economías mundiales, no hay burbujas aparentes que puedan explosionar, la banca está recapitalizada y las cuentas públicas no tienen un desajuste inabordable. Pero la economía está cogidita con alfileres y sus variables más críticas, a un paso de traspasar la línea que separa el confort del riesgo. No es novedad que en los últimos meses, pese a crecer la renta disponible de los hogares, se ha aplanado el consumo, se ha amustiado la inversión y se ha fortalecido el ahorro. La confianza flaquea porque la producción crece la mitad que hace dos años y el empleo, la primera fuente segura de renta de las familias, también.

El Gobierno de coalición despreciado por Sánchez en julio porque le quitaba el sueño y abrazado ayer tras la ensoñación de una mayoría parlamentaria, y del que conocemos solo una declaración somera de intenciones, ¿atenderá estas decisiones apremiantes de la economía o, por el contrario, las esquivará agravando los problemas? Veremos. Tras el anhelo deslumbrante de formar un Gobierno con un programa progresista, hay compromisos en los diez puntos del pacto que pueden empujar a la economía por el camino contrario, y que tienen muy complicado contribuir a la solución que determinados problemas exigen.

La primera obligación del nuevo Gobierno es restablecer la confianza de los agentes económicos, desde los institucionales a los particulares, para que se reactiven el consumo y la inversión, como únicas fórmulas para dar la vuelta a la desaceleración económica que puede secar la creación de empleo cuando estábamos a medio camino de resolver el problema, pues solo se había logrado reducir la tasa de paro al 14%, tanto como cinco puntos largos más que la media de la zona euro.

El primer instrumento útil para ello es el Presupuesto, sobre cuyos contenidos algo sabemos por el pacto de Sánchez con Iglesias de hace un año que no pasó el corte en el Congreso, y que solventaría una de las decisiones económicas que no pueden esperar: unas cuentas públicas que superen un año completo de funcionamiento con unas prorrogadas y que restablezcan el rigor fiscal que ahora solo es verbal. Falta por saber si el compromiso de que Nadia Calviño será vicepresidenta sigue adelante, puesto que es de las pocas personas del entorno de Sánchez con credibilidad para hacer las cuentas comprometidas con Bruselas. Si tal promesa ha decaído, o Calviño va a mantener la misma actitud palmera que jugó Elena Salgado con Zapatero, las cuentas que nos esperan llegarán acompañadas de más gasto y más impuestos para financiarlo, justo lo menos indicado para recuperar el crecimiento de la economía.

El PSOE quiere subir los ingresos públicos para atender las necesidades vegetativas de gasto, y hacerlo, aunque parezca milagroso, sin ahogar el crecimiento económico. Pero el papel firmado ayer en el Congreso exige bastante más gasto del que el PSOE estaba dispuesto a admitir, lo que forzará a más presión fiscal que no es inocua y que, mucho o bastante, ahogará la actividad económica. La verdad es que está la actividad, declinante de forma acelerada, a punto de nieve para una buena subida de los impuestos.

Uno de los compromisos de más gasto afecta precisamente a una de las decisiones que no pueden esperar: la reforma urgente y estructural que devuelva el oremus financiero al sistema público de pensiones, que tiene un déficit anual y creciente de 20.000 millones de euros. Poca broma con este asunto, porque como los españoles se huelan que sus pensiones futuras corren algún riesgo, pararán en seco sus decisiones de consumo duradero y su inversión y, por ende, la economía de todos. Conjurarse a revalorizar las pensiones con el coste de la vida no es garantizar su futuro, como tampoco lo fue retrasar hasta al menos 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad que incorporaba cordura financiera. Es más bien lo contrario.