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Las empresas públicas miran de reojo a los nuevos Presupuestos

El bloqueo parlamentario recortó la inversión en 2.028 millones. Adif quiere renegociar los cánones por la liberalización

Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif.
Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif.Manuel Casamayón

Una parte muy importante de las empresas públicas desean aún con más fuerza que los propios ciudadanos que se alcance un pacto para arrancar la legislatura y lo que es más importante que se aprueben unos nuevos Presupuestos Generales del Estado que acaben con varios años de congelación, tanto en las aportaciones presupuestarias anuales que reciben como las partidas de inversión que movilizan.

El dato que mejor ilustra esa carestía presupuestaria es la diferencia existente entre las cuentas prorrogadas de 2018, actualmente en vigor, y las presentadas para 2019 por Pedro Sánchez, que no salieron adelante, en materia de inversión. En esas últimas, el importe previsto para inversión ascendía a 9.055 millones frente a los 7.027 millones en vigor. Una brecha de 2.028 millones, de la que, en el caso de que se hubieran aprobado las cuentas de 2019, hubieran salido especialmente beneficiados el Administrador de Estructuras Ferroviarias (ADIF), con un incremento de 1.396 millones de euros, y Renfe Operadora, con un aumento de 461 millones.

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Aún más grande es la brecha entre las aportaciones presupuestarias previstas a sociedades y empresas no financieras entre 2018 y 2019, con una diferencia de 2.841 millones, de las que al igual que la inversión, el gran beneficiado hubiera sido Adif, con 1.276 millones adicionales, y Adif Alta Velocidad, con 352 millones más. Desde el gestor de infraestructuras destacan que sería difícil aguantar un tercer ejercicio con el mismo presupuesto por los nuevos desafíos que afronta el sector como la liberalización ferroviaria, que elevará el número de operadores y el uso de las infraestructuras. “Si contáramos con nuevos presupuestos en el primer trimestre de 2020, el impacto sería menor”, destacan desde Adif. Al margen del presupuesto, la gran estrategia del operador pasa por renegociar los cánones que cobran por el uso de las infraestructuras, que no se han actualizado desde 2017 frente a unos costes de mantenimiento “que no han parado de crecer desde ese tiempo”. Unos ingresos que también deberían servir para enjugar la abultada deuda del gestor, con un pasivo cercano a los 18.000 millones de euros, un 28,5% del total de las empresas públicas.

La falta de acuerdo para sacar adelante las cuentas públicas de 2019 también ha recortado los ingresos a un gran número de empresas públicas. uno de los más perjudicados fue el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), encargado de gestionar y certificar las ayudas en I+D+i, dejó de percibir 382 millones, seguido por el grupo SEPI, con 250 millones o Red.es, con 42 millones.

Al margen de Loterías y Apuestas del Estado, la empresa pública que más factura (9.220 millones en 2018) y que más dinero gana (1.870 millones en el mismo ejercicio) en España, la siguiente es el grupo SEPI, con 5.016 millones. Este grupo participa de forma mayoritaria en el capital de 15 empresas, entre las que destacan Correos, Navantia, Tragsa o Mercasa, entre otras. A la SEPI le sigue, en términos de facturación, el grupo Enaire, con 4.989 millones.

La expansión internacional de Correos

Tamaño. Correos contaba con 56.291 trabajadores al cierre de 2018 y facturaba 2.035 millones de euros. El pasado ejercicio registró unas pérdidas de 153 millones tras la devolución de las ayudas de Estado consideradas contrarias a la Competencia por la Comisión Europea.

China. La prioridad del plan estratégico de Correos pasa por la expansión internacional a través de alianzas en China, Portugal y Latinoamérica. En el caso del gigante asiático constituyó en julio una sociedad conjunta junto al operador logístico Kerry Logistics, cotizada en Hong Kong, y la china GFS para entrar en un mercado que mueve 50.000 millones de paquetes al año.

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