DBRS alerta de que la parálisis política tensa las cuentas públicas
La agencia de rating cree que el impago de las entregas a cuenta y el mes de IVA pendiente generará un desvío fiscal para las autonomías que pesará más allá de 2019
La ausencia de Gobierno y de Presupuestos Generales de 2019 ha sumido al país en una suerte de parálisis política que pasará factura a las cuentas públicas. Así lo alerta la agencia de calificación crediticia canadiense DBRS en un informe emitido este miércoles.
El documento destaca que la prórroga presupuestaria de 2019 y la incapacidad del Parlamento para formar Ejecutivo tras los comicios del pasado 28 de abril han dejado en el aire importantes inyecciones pendientes para las comunidades autónomas.
En concreto, DBRS pone de relieve los 4.500 millones de euros impagados de las entregas a cuenta, con las que el Estado suele anticipar anualmente a las regiones el incremento de ingresos previsto para el ejercicio en curso.
El Ministerio de Hacienda aseveró que haría lo posible para realizar este abono pese a la falta de cuentas públicas que recojan la actualización pero la Abogacía del Estado acaba de emitir un informe que concluye que esa medida no puede ser aprobada por un Ejecutivo en funciones.
La decisión ha despertado una fuerte contestación por parte de los gobiernos autonómicos, con Cataluña acudiendo a los tribunales, Andalucía, Galicia y el resto de regiones dirigidas por el PP reclamando un Consejo de Política Fiscal y Financiera urgente para solventarlo e incluso los territorios gestionados por el PSOE reclamando una solución.
El Ministerio de Hacienda asevera que trabaja en una solución que permita adelantar los fondos antes de fin de año, pero los territorios temen que la inyección no llegue y les obligue a aprobar nuevos recortes, elevar la demora en el pago a proveedores e incumplir sus objetivos de déficit.
Así lo asume también DBRS que considera que el problema de las entregas a cuenta podría traer cola más allá de 2019, dada la ausencia de un Gobierno y la dificultad para poner en marcha unos Presupuestos Generales para 2020, cuya tramitación debía iniciarse este mismo mes en condiciones normales pero que ahora mismo depende de si se produce o no una repetición electoral.
La agencia de calificación de riesgos añade además que las comunidades perderán este año previsiblemente los ingresos correspondientes al mes de IVA de 2017 que debía liquidarse este ejercicio pero que, si un nuevo Ejecutivo no lo remedia, quedará en el aire como consecuencia de la entrada en vigor del nuevo sistema de intercambio de información (SII) del impuesto que se puso en marcha hace dos años. El monto rondaría otros 2.500 millones para las comunidades.
Como consecuencia, DBRS estima que las comunidades autónomas sufrirán un desvío fiscal del 0,6% frente a sus objetivos que asume que no podrán compensar íntegramente mediante la aprobación de nuevos recortes, habida cuenta de que se trata de fondos con los que ya contaban en sus cuentas de 2019, lo que les ha llevado a impulsar ya buena parte del gasto.
Con todo, DBRS admite que la foto general del déficit con el que España cerrará el año no debería verse afectada por este hecho, habida cuenta de que los fondos que dejan de percibir las comunidades autónomas se quedarán en manos de la administración central, que mejoraría su resultado.
