800.000 interinos públicos confían en la justicia europea para lograr plaza fija

Cerca de 800.000 trabajadores interinos de las administraciones públicas españolas viven estos días pendientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confiando en que no tarde en emitir un fallo que les permita acceder a una plaza fija.

Así lo ha avanzado este martes el abogado Javier Araúz, cuyo equipo es responsable de 5.000 demandas de interinos que llevan de 10 a 35 años de carrera en la administración pública sujetos a contratos temporales sin que se les haya concedido una plaza fija pese a cubrir puestos estructurales.

Médicos, profesores, bomberos y empleados de la administración de justicia, entre otros, trabajan con contratos precarios por horas o meses, con una enorme incertidumbre sobre su futuro pues pueden ser cesados sin indemnización en cualquier momento pese a llevar lustros en las plazas que ocupan.

Las administraciones públicas, subraya Araúz, ha obviado su obligación de convocar oposiciones cada uno o dos años, pasando hasta 18 ejercicios sin hacerlo en algunos casos, y manteniendo su estructura de personal a costa de interinos en un claro caso, dice, de "abuso de la temporalidad".

Aunque ni los Gobiernos ni la justicia española ha puesto remedio a esta situación, la Comisión Europea ha comenzado a presionar a España en los últimos años por la alta temporalidad de su función pública. En algunos casos sus advertencias han llevado a la administración a convocar nuevas plazas, si bien los interinos denuncian que tienen menos posibilidad de lograr su plaza por la vía de un test genérico que no tienen tiempo para prepararse pese a ser los profesionales que las han cubierto durante años, con lo que si quienes dedican todo su tiempo a estudiarlas consiguen mejor nota que ellos, miles de empleados públicos irán a la calle automáticamente.

 Ahora la esperanza está puesta en dos casos, el de un informático del Servicio Madrileño de Salud, y el de cinco ortodoncistas del mismo área, en los que los jueces han consultado al Tribunal de Justicia de la UE si su situación debería de ser resuelta concediéndoles una plaza fija como sanción para la administración que incumplió la directiva europea.

La Corte de Luxemburgo agrupó ambas causas y celebró la vista el pasado 15 de mayo. El Abogado General del TJUE, una suerte de fiscal general, tenía previsto presentar sus conclusiones este jueves aunque finalmente ha pedido un aplazamiento por problemas de agenda para pronunciarse a el 5 de septiembre.

Una vez se conozcan sus conclusiones, no vinculantes pero a menudo seguidas por el tribunal, los magistrados deberán emitir su fallo definitivo que deberá regir los dictámenes de las miles de causas pendientes de resolución en los juzgados españoles.

“El mismo Gobierno que presiona a las empresas privadas para que transformen contratos temporales en estables, el que ha impulsado un registro horario para saber cuánto trabajan sus empleados, el mismo, mantiene a 800.000 trabajadores públicos en régimen de abuso de la temporalidad y de discriminación” frente a sus compañeros con plaza fija, crítica Araúz.

La Directiva 1999/70/CE que España incumple con su inmensa bolsa de interinos públicos, dice el abogado, lleva en vigor 18 años. El país lo ha cumplido hasta la fecha con apenas alguna amenaza de sanción que planea sortear convocando plazas nuevas sin reconocer los derechos de los interinos, agrega.

“Hemos tenido que elevar el asunto a Europa para que resuelvan el asunto, como ocurrido con las clausulas suelo o las cláusulas abusivas de las hipotecas”, concluye.