Ciberseguridad, ¿de qué?

El pasado 12 de abril se aprobó la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) 2019, que revisa la anterior de 2013 y afronta un sinfín de nuevos retos con cambios y acciones muy concretos.

Con la aprobación de esta normativa, España da un paso adelante y se convierte en uno de los primeros países del mundo en ampliar el concepto actual de ciberseguridad.

Y lo hace poniendo el foco en la defensa de sus ciudadanos como sostiene su Objetivo General: “España garantizará el uso seguro y fiable del ciberespacio protegiendo los derechos y las libertades de los ciudadanos y promoviendo el progreso socio económico”.

Una misión encaminada a “la creación de un ciberespacio seguro y fiable”, luchando contra la vulnerabilidad y favoreciendo una “sociedad digital en la que la confianza es un elemento fundamental”.

La ENC viene a considerar que las actividades que se desarrollan en el ciberespacio son primordiales para la sociedad actual, y por ello “la protección debe extenderse más allá del patrimonio tecnológico para adentrarse en las esferas política, económica y social”.

Si en los últimos años el objetivo de la ciberseguridad era únicamente proteger a las máquinas y dejaba en manos de los ciudadanos su propia defensa –en un concepto de ciberseguridad privada y tecnológica–, la nueva ENC amplía el objeto de protección y pasa a una ciberseguridad pública donde el Estado garantiza y protege los derechos y libertades de los españoles reconocidos tanto en la Constitución como en La Carta de Naciones Unidas.

Eso representa una novedosa declaración de Cibersoberanía de España, con la promesa de convertir el ciberespacio en un lugar seguro, además, en el que se aplican los principios de La Carta de Naciones Unidas en su totalidad, el Derecho Internacional, los Derechos Humanos y el Derecho Humanitario Bélico.

Según sus objetivos, “la defensa de ciudadanos, autónomos y empresas debe ir más allá de las medidas de autoprotección que ellos puedan tomar, por lo que es conveniente implantar medidas para su ciberdefensa activa”.

De esta manera, pretende que el individuo no vea vulnerados sus derechos en Internet frente a amenazas antiguas y nuevas como la cibercriminalidad, la extorsión, el robo de identidad digital, las campañas de desinformación o Fake News, la evasión de impuestos, el blanqueo de capitales… Y le empodera a través del reconocimiento de sus derechos y bienes jurídicos en un nuevo entorno: Internet o el ciberespacio.

La nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad relaciona además –y muy estrechamente– Seguridad y confianza, y se destacan en ella los siguientes conceptos novedosos:

Ciberdefensa disuasoria: establece que se pasa de una defensa preventiva a una defensa híbrida real-virtual con mayor capacidad disuasoria.

Ciberinteligencia: destaca el aspecto primordial de anticiparse a las amenazas con servicios de ciberinteligencia.

Fake News: las define como campañas de desinformación principalmente en procesos electorales. Ante una campaña de desinformación el Estado debe defenderse a sí mismo, a los ciudadanos y a la sociedad en general.

Ciberespionaje: es un nuevo concepto muy relacionado con la ciberinteligencia.

Ciberseguridad Pública: el Estado español garantizará la defensa de los ciudadanos, autónomos y empresas, más allá de que se auto-protejan ellos mismos.

Ciberabogado: no está explícitamente recogido bajo este nombre, pero reconoce y estimula el desarrollo de profesionales del Derecho con nuevas capacidades y habilidades propias buscando asegurar su acceso “a los recursos humanos y materiales que les proporcionen el nivel necesario de conocimientos para la mejor aplicación del marco legal y técnico asociado”. Sin duda una oportunidad para España de incluir en el mercado laboral esta nueva figura que será decisiva.

Ciberpersona o identidad Digital: en la línea de acción n.º 4 párrafo 3 se reconoce el maravilloso concepto de “identidad digital” y se promueve su protección. Esto convierte a España en el país más innovador del mundo, al crear, estudiar e incluir en el ordenamiento jurídico español una tercera figura o entidad jurídica (más allá de la “persona física” que somos nosotros y la “persona jurídica” que son las empresas) de grandísimo valor: la “personalidad digital” que yo llamaría “Ciberpersona”. Introduciendo esto en el Ordenamiento Jurídico Español se abre la posibilidad de crear “la personalidad digital”. Y si fue en Francia donde se inventó hace 200 años la personalidad jurídica para el ámbito mercantil, sería maravilloso que en el nuevo mundo tecnificado de la sociedad digital fuera el ordenamiento jurídico español el que reconociera, por primera vez en la historia, la “ciberpersona”.

Álvaro Écija Bernal. Es el primer experto en Ciberderecho y ha participado como miembro del Comité de Expertos para el desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019.