Aumentar las garantías hacia el contribuyente y reducir la litigiosidad

La litigiosidad contra Hacienda se ha disparado en los últimos años de forma exponencial y con un resultado favorable al contribuyente en un muy importante porcentaje de los casos. Desde 2007 a 2017, el número de recursos administrativos contra Hacienda, primer paso antes de acudir a la vía judicial, ha crecido un 54%. El dato revela una tendencia preo­cupante, especialmente en las agencias autonómicas, donde se concentra el mayor porcentaje de decisiones adversas a la Administración, y no solo en cuanto al criterio adoptado al realizar las actuaciones tributarias, sino en cuanto al mantenimiento de la litigiosidad viva más allá de lo razonable. Los datos son especialmente sangrantes en lo que se refiere a conflictos en torno al impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, respecto a los cuales los tribunales económico administrativos dan la razón al contribuyente en un 70% de las ocasiones. De la ingente cantidad de recursos resueltos en esos diez años, que incluyen los ejercicios que coincidieron con los rigores de la crisis económica, casi un 45% de las decisiones fueron a favor del contribuyente total o parcialmente, mientras algo más del 44% se fallaron contra Hacienda y el resto se desestimaron. Aunque en la vía judicial las decisiones contra Hacienda bajan a un 30%, entre esta y la administrativa el porcentaje de derrotas gira en torno a un escalofriante 50%.

Pese a la gravedad de las cifras, un examen más en detalle revela diferencias importantes. El grueso de este aumento de conflictividad corresponde a las agencias tributarias autonómicas, mientras el porcentaje de decisiones adversas que soporta la AEAT es claramente inferior a la media nacional y el de sus victorias bastante más alto. En las Haciendas regionales no solo está focalizado el problema, sino también identificados algunos de sus puntos negros. Es el caso del criterio de valoración de los inmuebles a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, una herramienta que se trató de cambiar en un plan antifraude que la convocatoria de las elecciones ha dejado en el cajón.

Sustituir o mejorar instrumentos o procedimientos técnicos deficientes o sospechosamente escorados hacia los intereses de la Administración es parte de la solución a un problema con raíces profundas. Las cifras de litigiosidad fiscal exigen un control más riguroso sobre las agencias tributarias con el fin de extremar las garantías de sus actuaciones, contrastar y depurar sus criterios y favorecer una actitud conservadora ante aquellos recursos improbables de ganar. Porque los contribuyentes no solo acusamos los errores de Hacienda, también pagamos el coste para el sistema que la litigiosidad genera.