Reforma laboral, nuevos impuestos y energía: las medidas económicas pendientes

La convocatoria de elecciones generales por parte de Pedro Sánchez para el 28 de abril, tras la decisión del Congreso de tumbar la tramitación de los Presupuestos para este año, dejará en el aire un gran número de medidas, sobre todo económicas, que el Gobierno ya había puesto en marcha, o aspiraba a hacerlo. La disolución de las Cortes provoca que decaigan un gran número de proyectos de ley en tramitación en el Congreso, base del cambio de modelo económico de Sánchez. Desde el Gobierno, no obstante, insisten que seguirán adelante con las medidas que consideren imprescindibles y no descartan usar la vía del real decreto ley o del real decreto para algunas de ellas.

En la actualidad hay en el Congreso 31 proyectos de ley en tramitación (consulta aquí el listado completo). De ellos, 23 proceden de la tramitación como proyectos de ley de otros tantos decretos leyes aprobados por el Gobierno y convalidados por el Congreso, pero que el Parlamento decidió que se tramitasen además como proyectos de ley. En todos esos casos, al decaer la tramitación (en la que se podrían haber introducido enmiendas o modificaciones) persiste el texto original aprobado por el Ejecutivo y que entró en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Quedan en pie así normas como la que hizo que los bancos asumiesen el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en las hipotecas, la revalorización de las pensiones, la subida de sueldos de los funcionarios, los cambios en la ley de carreteras, parte de las herramientas económicas macroprudenciales, la normativa sobre VTC que traspasó competencias a comunidades y ayuntamientos, los retoques en la ley del Mercado de Valores, las medidas en materia de violencia de género o las de acceso universal al Sistema Nacional de Salud.

En cambio, otros proyectos de ley que no proceden de decretos leyes decaen con la disolución de las Cortes. Entre estos destacan el proyecto de ley del Impuesto sobre Transacciones Financieras, el del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (tasa Google) y el de distribución de seguros y reaseguros privados.

Puede salvarse el proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, pues está en la fase final de tramitación. Si el Gobierno aprueba en estos días nuevos proyectos de ley también estarán condenados al fracaso en esta legislatura, pues no habrá tiempo material para tramitarlos. Sí queda abierta la vía para la aprobación de decretos leyes por razones de extraordinaria y urgente necesidad y la aprobación de normas con rango inferior a la ley, como reales decretos y órdenes ministeriales, al menos hasta que haya elecciones y el Gobierno pase a estar en funciones.

De las 320 proposiciones de ley (ver aquí el listado completo) presentadas por los partidos, también quedan en el alero todas las que están pendientes de tramitación y aprobación, si bien muchas de ellas eran meramente simbólicas y no tenían visos de ser aprobadas, pues no contaban con apoyos para ello. No obstante, otras reformas de calado, como la ley de muerte digna o la del voto rogado, quedan bloqueadas con el adelanto electoral. Junto a ello, quedan también sin ver la luz medidas que eran meros enunciados programáticos, planes en elaboración y anuncios un poco difusos, normas en las que se estaba trabajando y para las que ya no habrá tiempo en esta legislatura.

Así queda la situación normativa ante la disolución del Parlamento y la convocatoria electoral en las grandes áreas:

Uno de los mantras socialistas y de sus socios parlamentarios de Unidos Podemos ha sido, en los últimos años, reclamar la derogación de la reforma laboral del Ejecutivo del PP de 2012. Pero una vez en el Gobierno, ambas formaciones modularon esta aspiración y acordaron "derogar los aspectos más lesivos".

Para desmontar esta reforma e intentar hacerla con acuerdo, lo primero que hizo el Ministerio de Trabajo fue abrir hasta seis mesas de diálogo social con patronal y sindicatos. En la mesa de relaciones laborales, donde sí se logró pactar el Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021, se intentó reformar esos denominados "aspectos más lesivos" de la reforma laboral. En concreto recuperar la prórroga automática de los convenios colectivos de forma ilimitada –lo que se conoce como ultraactividad de los convenios–; y, en segundo lugar, devolver la prioridad aplicativa a los convenios sectoriales y que volviesen a mandar sobre los de empresa. Aunque el Gobierno sí llegó a cerrar un texto acordado con los sindicatos, la CEOE no se sumó al pacto.

Junto a estas dos modificaciones de la ley, el Ejecutivo consideraba prioritario sacar adelante otras dos cuestiones: implantar un registro horario diario de jornada en las empresas y recuperar el subsidio para parados mayores de 52 años. Solo esta última medida se incluyó en los Presupuestos que no han salido adelante. Ante la falta de acuerdo con CEOE en todas estas materias, distintas fuentes consultadas aseguran que el plan del Ejecutivo era introducir estos cambios en la tramitación parlamentaria de algunas de las iniciativas legislativas que se están tramitando en el Congreso.

Así, existen al menos tres proyectos de ley en los que el Gobierno estaba pensando para intentar acometer alguna o todas las modificaciones. Algo que ante las perspectiva de elecciones anticipadas se complica, por no decir que lo hace inviable.

Estos textos en tramitación parlamentaria que pretendía usar el Gobierno son los proyectos de ley derivados de los dos decretos-ley donde se aprobaron, primero el salario mínimo interprofesional y la subida de sueldo de los funcionarios y, después, la revalorizacion de las pensiones con el IPC y otras medidas laborales.

Asimismo, otras fuentes apuntaron que, concretamente, el Ministerio de Trabajo de Magdalena Valerio quería aprovechar la tramitación del proyecto de ley para reformar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores que regula la subcontratación, para derivar a los convenios la obligatoriedad de establecer un registro diario de jornada.

En cualquier caso, la disolución de las Cortes da al traste con la posibilidad de hacer esta contrarreforma laboral y solo quedaría vigente lo aprobado en los citados decretos leyes y las medidas que pueda aprobar directamente el Gobierno. Otra cuestión no menos importante que interrumpen las elecciones son los trabajos de la Comisión del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones, que deberá reactivarse en la próxima legislatura. Y la mesa del diálogo social sobre pensiones.

Las dos nuevas figuras fiscales que el Gobierno pretendía poner en marcha, la tasa a las transacciones financieras y el impuesto a algunos servicios digitales quedarán en el limbo de la tramitación parlamentaria en el momento en el que se convoquen elecciones generales y las Cortes se disuelvan.

El Ejecutivo había fiado la cuadratura de sus cuentas –y el cumplimiento de los objetivos fiscales acordados con Bruselas– a un incremento de la recaudación fiscal del 9,5%, a razón de 20.000 millones. De ellos, 5.600 millones estaban ligados al alza fiscal a las grandes empresas y rentas altas (tumbada dentro de los Presupuestos) y a los dos nuevos impuestos, aún en periodo de recepción de enmiendas a sus proyectos de ley por parte de los grupos parlamentarios. Más lejos aún se encuentra el plan de medidas antifraude, que está aún pendiente de su aprobación por parte del Consejo de Ministros.

La decisión del Gobierno de tramitar como proyecto de ley algunos reales decretos –para incluir en su tramitación otras modificaciones– afecta también al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (IAJD). El Gobierno obligó en noviembre, vía real decreto, que fueran la banca quien tuviera que hacer frente a la tasa hipotecaria y no los compradores tras la decisión del Supremo de cambiar su doctrina y hacerla contraria al consumidor. Es decir, la convocatoria electoral no implicará un cambio en el pago de esta tasa que seguirá acometiendo el banco.

Aún puede salvarse la reforma hipotecaria, que ya fue esbozada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y posteriormente modificada por el de Pedro Sánchez. El texto, tras su paso por el Congreso y por el Senado, vuelve a la Cámara Baja el jueves 21 de febrero para su aprobación definitiva, antes de la disolución de las cortes. En caso de aprobarse, España podría evitar la multa de Bruselas que se juega por la aprobación de esta norma –pendiente de aplicación desde marzo de 2016–. La sanción asciende a 105.991,6 euros diarios por cada jornada de retraso de aplicación de la directiva.

La retribución a las renovables y el pacto nuclear se la juegan

En menos de ocho meses, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha impulsado más medidas en el sector energético que sus antecesores en varios años, algunas de gran calado. El ministerio ha aprobado el bono social de la tarifa eléctrica (en situación de transitoriedad desde 2017); ha eliminado el llamado impuesto al sol y desbloqueó el autoconsumo; adoptó medidas contra el alza del precio de la luz, como la eliminación del céntimo verde al gas y otras de protección al consumidor, como la prohibición de contratar la luz y el gas puerta a puerta. Asimismo, renovó las ayudas al cierre de las minas de carbón, que caducaban el 31 de diciembre y devolvía a la CNMC la potestad para fijar las tarifas energéticas, sorteando un expediente de infracción de la Comisión Europea.

Estas medidas están en vigor, si bien, el autoconsumo (salvo para las pequeñas instalaciones de menos de 100 kW y sin excedentes que verter a la red), tiene pendiente su desarrollo reglamentario a través de dos decretos: el que regula el autoconsumo colectivo y la compensación en la facturación y el de acceso y conexión.

Otra cuestión son las normas con rango de ley, que requieren de trámite parlamentario, como la Ley de Cambio Climático, cuyo anteproyecto se conoció a finales del año pasado, aún no ha visto la luz. En él figuraba el polémico calendario para el fin de los coches de combustión: en 2040 dejarían de venderse y en 2050, de circular, según el texto lanzado por el Gobierno.

La medida más relevante para las renovables, que puede quedar en el aire, es la de la retribución que se les aplicará a partir de 2020, segundo periodo regulatorio que fijó en 2013 la reforma eléctrica del PP, cuya metodología implicaría, de no modificarse, un nuevo recorte de la rentabilidad de las plantas. El Gobierno de Pedro Sánchez, aprobó un anteproyecto de ley, muy aplaudido por el sector, para mantener la actual retribución hasta 2030.

El pacto con las tres grandes eléctricas, Endesa, Iberdrola y Naturgy, para el cierre del parque nuclear entre 2027 y 2035 es uno de los logros más destacados de la ministra Teresa Ribera. La intervención del Gobierno ha sido clave para vencer las diferencias insalvables entre las titulares de las plantas para proceder a un cierre ordenado. Un desbloqueo que ningún futuro Gobierno debería desperdiciar, indican fuentes del seector. También en el ámbityo nuclear, está pendiente la renovación del Consejo de Seguridad Nuclear: solo uno de sus miembros estará en situación regular. La intención del Gobierno es hacer su propuesta y en caso de no ser aceptada, el Gobierno podría proceder a su nombramiento mediante real decreto.

A la obra civil y la industria pesada les llega el previsible anuncio de un adelanto electoral con todo un armazón de medidas e inversiones por desarrollar. La construcción ya recibió el revés de la devolución de los Presupuestos al Gobierno cuando se había proyectado la reanimación de la conservación de carreteras y un fuerte impulso a la red convencional de ferrocarril.

Vuelve a estar en riesgo el programa extraordinario de inversión en carreteras, previsto por vía extrapresupuestaria. El plan, que contempla contratos de construcción y operación por 1.000 millones en el presente ejercicio, ha sido articulado tras más de una década con nulo recurso a la colaboración público-privada.

Fomento también ha desatascado el contrato programa a diez años vista entre Renfe y el Estado. Un marco de financiación para la empresa, a través de la prestación de obligaciones de servicio público, que ha permitido el anuncio de compra de trenes por 3.000 millones hasta junio. Este proceso está en su primera fase, tras de 14 años sin nuevo material rodante en Cercanías y Media Distancia, y la industria teme un parón mientras se despeja la incertidumbre política. De este programa depende dar solución a situaciones de emergencia como la del ferrocarril extremeño, la red de ancho métrico (la antigua FEVE) o las Cercanías de Madrid y Barcelona. La gran licitación, por unos 1.700 millones, se espera en marzo.

Urge, del mismo modo, regular el marco en que se desenvolverán Renfe y Adif en la liberalización del transporte de pasajeros, prevista para diciembre de 2020. Y son críticas en estas semanas las negociaciones de altos cargos de Fomento con la CE para preservar los derechos de vuelo de Iberia y Vueling tras el Brexit. El Gobierno defiende el mantenimiento del certificado de operaciones de ambas como empresas asentadas en España.

Otra maraña por desenredar es la del rescate de las autopistas quebradas. Está en marcha el cálculo de la responsabilidad patrimonial de la Administración, del que se espera una factura superior a los 2.000 millones a cargo del Estado. Y se espera la activación de una subcomisión en el Congreso para tratar el marco de financiación de las infraestrcuturas. El pago por uso en las autovías centra este esperado debate.

En otros terrenos, el Proyecto de Ley de impulso a la industria ha generado altas expectativas entre los grandes fabricantes por el desarrollo de un estatuto de grandes consumidores de energía o la figura de las redes de distribución de energía eléctrica cerradas. Todo un blindaje contra la imprevisibilidad de unos costes de la luz que llegan a doblar los que soporta la industria electrointensiva en Alemania o Francia.

El rechazo a los presupuestos también amenaza al segundo dividendo digital, derivado de la liberación de la banda de 700 MHz, actualmente dedicada a la televisión, para ser utilizada por las telecos en el móvil 5G. El Gobierno había incluido una transferencia de capital por parte de Economía por 50 millones para compensar a las comunidades de propietarios por los costes derivados de la obligatoria reantenización.

Puede que las grandes apuestas del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de regulación financiera queden finalmente en el limbo. Dependerá en gran parte de la fecha en la que previsiblemente convoque elecciones el Ejecutivo socialista. El secretario general del Tesoro, Carlos San Basilio, es, sin embargo, algo más optimista al considerar que a pesar de un posible adelanto electoral en España, algunas iniciativas puedan ser aprobadas, caso del sandbox (banco de pruebas para las fintech).

El secretario general del Tesoro confía en que el Consejo de Ministros lo apruebe de forma "inminente", y que se pueda llevar al Congreso para su aprobación, una vez que, inicialmente casi todos los grupos políticos están de acuerdo en el desarrollo de este espacio de prueba y error de las fintech, con el que se pretende que España no pierda el tren de la innovación tecnológica y financiera. Esta iniciativa permitirá, además, que se controlen sus riesgos evitando que afecten al consumidor final, en tanto que contribuirá a que supervisores e innovadores estrechen su relación.

San Basilio hizo esta afirmación en la clausura de una jornada sobre el sandbox, en la que Banco de España, CNMV, CECA, Unnac, Unespa y Fintech, apremiaron al Gobierno a aprobar cuanto antes esta iniciativa. En su intervención, San Basilio explicó que el Ejecutivo espera aprobar "en las próximas semanas" tanto el sandbox, como el órgano de protección de los clientes de productos financieros, que fue anunciado por la ministra de Economía, Nadia Calviño, en octubre.

"Estos proyectos, junto a la Autoridad Macroprudencial son los retos inminentes" para el Tesoro, pero estarán "condicionados por la legislatura", reconoció San Basilio a un grupo de periodistas.

El Ministerio de Economía sacó a consulta y a audiencia pública el texto del anteproyecto de ley de transformación digital del sistema financiero que regulará el sandbox, que posteriormente, pasó al Consejo de Estado, trámite previo a su futura aprobación en el Consejo de Ministros.

Entre otros asuntos pendientes de aprobación por parte del Congreso de los Diputados, se espera el visto bueno en la última sesión plenaria de febrero a las conclusiones de la comisión que investigó la crisis financiera en España, todo ello también a expensas de que un adelanto electoral no precipite la disolución anticipada de las Cortes Generales.