Sánchez juega a Robin Hood con las tasas Tobin y Google

En el último consejo de Ministros se han aprobado las leyes que regulan el impuesto a determinados servicios digitales y el impuesto sobre las transacciones financieras, conocidos también como tasa Google y tasa Tobin, respectivamente. En teoría prometen recaudar algo más de 2.050 millones de euros, según está contemplado en el proyecto presupuestario presentado para 2019. En la práctica no todo es tan sencillo.

La motivación electoralista de ambas propuestas es clara. Las leyes no entrarán en vigor hasta dentro de tres meses, y representan una parte sustancial de la reforma fiscal prometida en los presupuestos. El problema no iría más allá si todo quedase en un mero eslogan o promesa electoral. En cambio, los sectores sobre los que se está legislando son estratégicos y sirven de base para el desarrollo económico y competitivo del país. Hostigar a los grandes gigantes tecnológicos es tan perjudicial para la economía del país como lastrar la competitividad de nuestros mercados financieros, especialmente si se esperan unos ingresos totales en el año 2019 un 10% superiores a los del 2018.

Pedro Sanchez se viste de Robin Hood al poner impuestos a Google, Amazon o a las transacciones sobre empresas con más de 1.000 millones de euros de cotización. Todo esto es papel mojado, y él lo sabe. El consumidor final acabará pagando los impuestos. En el camino estaremos haciendo perder competitividad a una ya perjudicada economía, en un entorno cada vez más global y competitivo, en el que las fronteras se difuminan. El Brexit, así como posibles alianzas estratégicas con Google, son grandes oportunidades que se están dejando pasar.

La tasa Google es un impuesto a tres actividades realizadas en Internet: la publicidad, la intermediación en la transacción de bienes y servicios, y la venta de datos. Toda empresa que facture en total más de 750 millones de euros y más de tres millones en esas actividades concretas tendrá que pagar un 3% de esta última facturación en concepto del impuesto. Google, Amazon, Facebook, y los negocios colaborativos como Uber o Airbnb, están en el punto de mira, aunque perfectamente puede terminar afectando a grandes consultoras, auditoras o a las operadoras móviles.

Es el primer impuesto de este tipo que se lanza en Europa, tras el fracaso del ECOFIN de impulsar un impuesto comunitario. No obstante, no es la primera vez que se habla en España de una tasa Google. La primera vez fue con la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobada en 2015. En aquella ocasión la única consecuencia fue el cierre en España de Google News, ya que el gigante consiguió con ello no pagar un solo euro a nadie.

Desde entonces, la Comisión ha puesto una multa a Google por Android de 4.340 millones de euros, y Google ha obtenido una licencia para operar como entidad de dinero electrónico en Lituania, que es válida para toda Europa. Mientras que en España nos mostramos hostiles, esperando recaudar 1.200 millones de euros al año, otros países están favoreciendo la penetración de la tecnología… en Europa.

Por otra parte, la tasa Tobin, por la que se esperan recaudar 850 millones de euros al año, tiene varios puntos en común con el anterior impuesto. En este caso se grava la actividad en los mercados financieros. En concreto, se impone un 0,2% a la compra de acciones que tengan una capitalización bursátil superior a los mil millones de euros, las 35 del IBEX junto con otras 26. En este caso no somos pioneros, seguimos los pasos de Francia en 2013 y de Suecia en 1983.

En Francia están recaudando por encima de los mil millones de euros. En Suecia se provocaron enormes caídas en los volúmenes de negociación, y el traslado de la actividad desde la Bolsa de Estocolmo a las de Oslo y Londres. En cualquier caso, un impuesto a las transacciones financieras perjudica a la eficiencia de los mercados, a la formación de los precios y hace perder competitividad a nuestros mercados financieros, frente a otras plazas. El propio James Tobin ya advertía de que solo sería efectivo un impuesto así, en el caso de aplicarse de manera global.

El concepto de arbitraje es fundamental para entender el funcionamiento de los mercados. Hablar de la hipótesis de los mercados eficientes es equivalente a hablar de ausencia de arbitraje. Gracias al arbitraje se ajustan los precios, fluye la información y el precio de los activos recoge de manera más eficaz la información disponible en cada momento. Poner una tasa a las transacciones es dificultar esta labor que realiza el arbitraje. En definitiva, reducimos con ello la liquidez de los mercados.

En otras palabras, introducir la tasa Tobin es equivalente a limitar el uso del aceite en el motor de un coche. Algún ahorro de aceite se obtendrá, pero sin duda, el riesgo que se introduce tanto en la mecánica del sistema como en el correcto funcionamiento de las partes, hacen que cualquier técnico que se plantee la idea deba descartarla, si realmente es conocedor de la mecánica del motor del vehículo. Todo esto sin entrar a valorar el impacto reputacional que la medida significa.

Tanto en los mercados financieros, como en Internet, se tiende a recoger lo que uno siembra. Si se pone un impuesto exclusivamente en España, el gran sistema seguirá funcionando, salvando ese pequeño obstáculo que representa nuestro país. Caerá así la actividad, la producción, la financiación y la innovación. El remedio por tanto acaba creando más problemas que los que trata de evitar.

Luis Garvía Vega es Profesor en finanzas de Comillas ICADE