Un nuevo marco fiscal que eleve los ingresos pero no dañe la competitividad
El Gobierno de Sánchez no es el primero en plantear la necesidad de elevar el tipo efectivo en Sociedades
El debate sobre el tipo efectivo que pagan las grandes empresas en el Impuesto sobre Sociedades no es nuevo, y ha estado presente en legislaturas de todo signo. El exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya cifraba ese tipo efectivo en un 7%, como consecuencia de la posibilidad de aplicar la amplia maraña de deducciones que ofrece el impuesto. Su sucesora en el cargo, María Jesús Montero, situó ayer el porcentaje en el 12% y anunció la intención del Gobierno de modificar el impuesto para fijar un tipo mínimo efectivo del 15%. El objetivo del nuevo Ejecutivo es crear un nuevo marco fiscal a partir de 2019 que permita elevar los ingresos públicos y alimentar así el maltrecho sistema de pensiones, además de aumentar el gasto social. Los cálculos del Gobierno estiman que permitirá recaudar unos 4.000 millones al año.
El Gobierno de Pedro Sánchez no es el primero en plantear la necesidad de elevar el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades y de limitar las amplias posibilidades de optimización de la factura fiscal que este permite, aunque hasta ahora ningún Ejecutivo ha aplicado de forma efectiva la medida. La intención de Sánchez al plantearla es hacer recaer sobre las empresas el aumento de los ingresos fiscales y no tocar “los impuestos de los ciudadanos”, como reiteró ayer la ministra Montero. Desde el Círculo de Empresarios han llegado las primeras críticas ante lo que la asociación considera un camino equivocado y una carga excesiva para las compañías. Un peso que puede elevarse aún más si, junto a la reforma de Sociedades, se materializan otras medidas, como el destope de la base máxima de las cotizaciones sociales, cuya factura pagarán también los empresarios.
La ministra de Hacienda hablaba ayer con acierto de “encontrar espacios fiscales nuevos para una sociedad del siglo XXI” y de hacerlo en sintonía con Europa. Se trata de un objetivo clave al que España está obligada si quiere cumplir con sus objetivos de déficit y apuntalar las pensiones, pero debe llevarse a cabo sin dañar la competitividad de las empresas y los pilares del crecimiento.