IAG defiende su españolidad para capear los riesgos del ‘brexit’

Los principales grupos europeos del sector aéreo han iniciado una batalla, por el momento soterrada, que amenaza con evolucionar hacia guerra abierta. El desencadenante es el brexit y la oportunidad que han visto algunos agentes de poner contra las cuerdas a IAG, holding angloespañol propietario de British Airways, una de las joyas de la corona británica. Del conglomerado también cuelgan la irlandesa Aer Lingus, las españolas Iberia y Vueling, y la joven Level, todas ellas con riesgo de impacto del brexit si se determinara que IAG es inglesa.

A un año de que se materialice la salida del Reino Unido de la UE, fijada en abril de 2019, la compañía que dirige Willie Walsh empieza a jugar todas las bazas posibles para blindar su españolidad en detrimento del componente inglés de su ADN.

En contra de esta estrategia no faltan presiones para que la UE considere que las aerolíneas de IAG están bajo control británico y, por tanto, sometidas a los pactos que alcance la Administración de Theresa May con Bruselas. “A otros tiburones en la pecera europea, la francesa Air France-KLM y la germana Lufthansa, no les iría mal que se limitara el radio de acción de IAG”, explica un consultor especializado en el sector aéreo que prefiere mantener el anonimato. Opiniones como esta concluyen que Francia y Alemania podrían jugar a favor de levantar fronteras aéreas con Reino Unido.

En un movimiento significativo, el conglomerado de aerolíneas aprovechó el viernes la presentación de los resultados de 2017 para explicar a los analistas que “evalúa cualquier potencial cambio para asegurar que todas sus aerolíneas son capaces de operar eficazmente en cualquier escenario”.

Dicho esto, el consejero delegado Willie Walsh y los suyos esperan que la UE y Reino Unido alcancen un “acuerdo global” sobre transporte aéreo; afirman que hay un alto grado de compromiso por parte de reguladores y Gobiernos con su posición, y confían en cumplir “las reglas de propiedad y control de la UE y el Reino Unido después de brexit”.

Esto último pasa por que persistan los cielos abiertos entre ambos territorios o se reconozca que, efectivamente, IAG es una empresa española, con domicilio social en Madrid, junta de accionistas que se reúne en la capital, cuentas expresadas en euros, y la custodia en España de los registros de acciones tanto británicas como españolas.

Además, sus aerolíneas se hicieron acreedoras de certificados de operación aérea (AOC por sus siglas en inglés) mucho años atrás en países como España, Francia, Irlanda y, por su puesto, Reino Unido. Pero el foco está en la nacionalidad del control, pese a que IAG dice tener claramente establecida en sus estatutos desde 2011 la cuestión del establecimiento en España. De hecho, se cuidó mucho al determinar que toda actividad señalada en el objeto social pudiera ser desarrollada tanto en Reino Unido como en este país, y en el artículo 11, referente a las limitaciones en la titularidad de acciones, deja asentado que la propiedad y el control debe mantenerse de forma efectiva en manos de ciudadanos de la UE y “contribuir a preservar el ejercicio de los derechos de tráfico por parte de las sociedades operadoras derivados de los convenios bilaterales aplicables firmados por el Reino Unido y España”.

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Otras bazas a jugar por IAG son las del empleo, con 63.000 personas en nómina en distintos países, y una flota de 546 aviones al servicio del transporte interior y la conexión de Europa con el resto del mundo.

Un año de prórroga

Entre el ingente volumen de asuntos a tratar por Londres y Bruselas se encuentra el de las conexiones por aire entre las islas y la Europa continental. Las libertades que rigen actualmente, y de las que gozan las aerolíneas británicas para operar como comunitarias en todo el territorio de la UE, están en entredicho. Habría que rehacer la actual conectividad de Reino Unido mientras British, Ryanair o Easyjet, entre otras, irían sacando producción a otros países.

Apenas queda un año para pactar un estatus similar al actual e impedir un recorte en las alas de estas empresas fuera del espacio aéreo británico. Fuentes de toda solvencia aseguran que están haciendo lobby ante la UE en busca de “un pacto satisfactorio para ambas partes”. El primer objetivo es ganar un año de moratoria para negociar.

El primer ejecutivo de Ryanair, Michael O’Leary, calificó días atrás al brexit de factor de riesgo y añadió que está dispuesto a deslocalizar aviones basados en Reino Unido, hacia España y Francia, si se confirma un brexit duro. Easyjet, por su parte, consiguió blidar el pasado verano sus derechos aéreos en Europa al obtener certificado de operador en Austria, permiso que se suma a los AOC suizo y británico que ya tenía en su poder. La aerolínea naranja, la única de las grandes que consolida sus cuentas en libras, tiene un 40% de su tráfico dependiente del Reino Unido.