Las eléctricas alegan que el decreto de cierre de centrales viola la libertad de empresa

El pleno de la CNMC tiene previsto analizar y, en su caso, aprobar esta semana el dictamen preceptivo sobre el real decreto por el que el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pretende reforzar su poder a la hora de autorizar o denegar el cierre de cualquier tipo de central eléctrica. Una decisión para la que no ha logrado, pese a reclamarlo con insistencia, el respaldo del grupo socialista, que se ha negado a apoyar la tramitación de una ley.

Precisamente, el hecho de que se trate de un real decreto y no una ley, es la principal advertencia que las grandes eléctricas han hecho en sus alegaciones al proyecto ante el consejo consultivo de la electricidad de la CNMC, a las que ha tenido acceso CincoDías.

Para Iberdrola, se trata de una norma sin rango legal, ya que la “Ley del Sector Eléctrico solo contempla la denegación del cierre por causas de seguridad de suministro”, mientras que el ministerio las amplía ahora a razones económicas o medioambientales. Causas adicionales que, según la eléctrica, “suponen, de facto, una modificación de una norma de rango superior”. En esta línea se manifiesta Endesa al indicar que “plantea una intervención sobre el patrimonio de los titulares de las centrales que no tiene cobertura jurídica, ni va acompañada de la debida compensación a los afectados”. También Iberdrola alude a la vulneración de la libertad de empresa.

Más contundente es EDP España al afirmar que la decisión de cerrar una central “debe ser de su propietaria, en función de sus expectativas económicas (..), sin que quepa imponerle la obligación de mantenerla operativa en situación de pérdida de forma continuada”. Recuerda que la producción de electricidad “se desarrolla en régimen de libre competencia”. Según EDP, “la lucha contra el cambio climático no justifica que deban asumir situaciones de inviabilidad”.

Iberdrola considera que la imposibilidad de poder cerrar una instalación no rentable, atenta no solo contra la ley del sector, sino también contra la Constitución y la normativa comunitaria. En este sentido, recuerda que solo se puede prohibir el cierre apelando a “una obligación de servicio público y compensarse mediante una dotación económica”.

Precisamente, la solicitud a principios de noviembre por parte de Iberdrola del cierre de sus dos últimas centrales de carbón en España (Lada y Velilla, que apenas superalos 800 MW de capacidad), desencadenó las iras de Nadal, temeroso de un encadenamiento de cierre de centrales de carbón y sobre todo, nucleares. Tras la solicitud de Iberdrola, de inmediato, su departamento remitió a la CNMC un proyecto de RD, que establece la posibilidad de que las compañías a las que se deniegue el permiso de cierre y no quieran mantener la explotación, solicite al ministerio que inicie un proceso de subastas. Concretamente, dos: una cuyo precio de partido se basará en la valoración derivada del plan económico de la propia compañía y una segunda, con una valoración externa. De quedar desiertas, el ministerio puede adjudicarla a un tercero con una compensación.

Discriminatoria y retroactiva

Precisamente, en su escrito, Endesa recuerda que la propuesta coincide con la reforma de los pagos por capacidad puesta en marcha por la UE, que se ha mostrado muy crítica con estos mecanismos. Según Endesa, la Comisión mantiene la posición firme “de que no se debe restringir la señal de precio: las situaciones de escasez han de dar lugar a precios elevados que proporcionen las señales económicas adecuadas a consumidores y productores”. Por tanto, la denegación de cierre por razones económicas supone una intervención “que distorsiona el proceso de formación de precio y desincentiva las inversiones”.

Para Iberdrola la propuesta es discriminatoria, pues solo se compensa “tras un tortuoso árbol de decisiones y excluye al titular o a los titulares que no hayan solicitado el cierre y se encuentren en una situación comparable”; retroactiva (afecta a las solicitudes presentadas desde septiembre) y está incompleta, pues no regula el cierre temporal de plantas y es discrecional. En este caso, se pregunta: “¿qué es una amenaza de seguridad de suministro de materias primas? ¿Cómo se cuantifica el efecto desfavorable en precios o en la competencia o cómo se miden los efectos negativos en los objetivos de planificación y clima?”. Respecto al cierre temporal de instalaciones (o hibernación), que prevé la Ley Eléctrica y está pendiente de desarrollo, todas reclaman esta opción.

Endesa, que pide que la medida se limite a la península, va más allá al recordar que muchas centrales quedarán indisponibles a partir del 30 de junio de 2020. Se trata de las plantas de carbón que deseen seguir funcionando a partir de esa fecha, para lo que tendrán que realizar inversiones de desnitrificación, para cumplir la Directiva de Emisiones Industriales (DEI).