Los autónomos generarán 135.000 empleos en 2018

Los españoles con deseos de emprender están esperando como agua de mayo el 1 de enero, fecha de entrada en vigor de la Ley de Trabajado Autónomo, que traerá consigo importantes bonificaciones fiscales. Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) apuntan que la aplicación de esta norma redundará en alrededor de 65.0000 altas de autónomos y que el sector creará otros 70.000 empleos. De cumplirse, serían un total de 135.000 empleos netos el próximo año.

Los sectores que según ATA están creciendo más en volumen de actividad son los dedicados al comercio y al transporte.

Además de la entrada en vigor de la ley, se presupone 2018 como un año bueno para el sector porque los precios subirán alrededor del 1,3% y se estima que el paro baje hasta el 14%. Son dos parámetros que “también influirán en la mejora de demanda interna que es la base económica de los autónomos”, apunta el presidente, Lorenzo Amor. Y es que, los expertos prevén que economía crecerá en torno al 2,6% lo que augura un entorno para el emprendimiento.

Otro aspecto que se traducirá en la creación de nuevas empresas y con ellas empleo, tiene que ver con las cotizaciones sociales que se equiparán a las del Régimen General, con subidas “mínimas” durante el próximo ejercicio. Pero es que además, el millón de autónomos societarios ya no verán indexada la subida de sus bases a las del Régimen General; medida que provocó este año una subida del 8% en las cantidades a abonar por parte de las pymes inscritas en esa modalidad. Su congelación animará más a emprendedores a darse de alta como empresarios por esta vía, a diferencia de lo ocurrido el presente 2017.

El problema de la morosidad

No es oro todo lo que reluce para la economía de los autónomos en lo que a la previsión de 2018 se refiere. El principal problema al que se seguirá enfrentando el sector, tanto si son ya empresarios como si abren las puertas de su propio negocio en enero, es el retraso en el cobro de las facturas. Como denuncian desde ATA, “los plazos de pago de las gran mayoría de las administraciones públicas y las grandes empresas siguen estando lejos de lo que marca la ley”; es decir, más de 30 días para el sector público y 60 para el privado. “Esto sigue poniendo en peligro a miles de autónomos y continua siendo la causa de una de cada cuatro cierres de negocios”, recuerda Amor.