La UE aprueba su primera lista negra de paraísos fiscales

Por primera vez en su historia, la UE ha elaborado una lista negra de países que no cumplen los estándares más exigentes de gobernanza en materia fiscal. Y tras meses de forcejeo con alguno de ellos, el Consejo de ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) ha aprobado este martes un listado de paraísos fiscales en el que figuran hasta 17 jurisdicciones: Samoa Americana, Baréin, Barbados, Granada, Guam, Corea, Macao, islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez y Emiratos Árabes Unidos.

Todos esos países y territorios “tendrán que hacer frente a las consecuencias, en forma de sanciones disuasorias”, advirtió el comisario europeo de Economía, Pierre Moscovici, tras la aprobación del listado. Hasta ahora, cada país de la UE tenía su propia lista negra y la CE se limitaba a recopilarlos. La nueva lista es de elaboración europea y pretende convertirse en un poderoso arma contra la evasión de impuestos a través de erritorios extracomunitarios.

Bruselas asegura que la inclusión en la lista “tendrá un impacto real” en los países señalados.

En primer lugar, varios fondos europeos, como el de ayuda al desarrollo sostenible y o el de inversiones estratégicas, no se podrán canalizar a través de entidades financieras domiciliadas en los países de la lista negra. Solo se permitirá la inversión directa en esos países, por ejemplo, mediante la financiación de proyectos sobre el terreno.

La lista también tendrá impacto en la actividad de las multinacionales cuando se apruebe la obligación de presentar la contabilidad detallada país por país. Las exigencias de información serán mayores para las empresas que tengan actividad en alguno de los paraísos fiscales.

Bruselas también ha propuesto que se obligue a los intermediarios financieros a informar a las autoridades nacionales sobre cualquier instrumento fiscal que pase por alguno de los 17 paraísos.

Cada país de la UE, además, podrá adoptar sanciones nacionales, como la imposición de una retención fiscal a las operaciones realizadas en los países de la lista negra, la imposición de controles o auditorías y petición de mayor documentación a las empresas.

Desde Intermón Oxfam, Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal, lamenta que “la lista negra europea solo cuenta prácticamente con países pequeños o emergentes”. Y duda de las sanciones “mientras haya paraísos fiscales en el corazón de Europa”, en aparente alusión a Holanda, Irlanda o Luxemburgo.

Bruselas insiste en que el objetivo no es castigar a países terceros sino lograr la cooperación fiscal. Y por ello, actualizará anualmente la lista negra para verificar el cumplimiento de los criterios fijados (transparencia, ausencia de regímenes fiscales basados en la mínima o no imposición y aplicación de los estándares de la OCDE para no erosionar la base impositiva) y sacar a los países que se muestren dispuestos a cooperar.

Desde el primer borrador del listado, en enero de 2017, 47 países han logrado salirse comprometiéndose con una mejora de sus estándares. La UE les ha exigido a cambio un compromiso a alto nivel político de mejorar las deficiencias detectadas y un calendario estricto sobre su corrección.

Bruselas mantendrá una estrecha vigilancia sobre la situación de ese casi medio centenar de países en la lista gris, entre los que figuran desde Suiza Turquía, desde Liechtenstein a Bermuda.