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¿Qué pasará si Cataluña emite hoy una declaración unilateral de independencia?

La CUP prevé el control de puertos y aeropuertos e imponer un corralito financiero El Gobierno contempla un abanico de respuestas que va del artículo 155 de la Constitución a otras medidas de excepción

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont.Reuters
Juande Portillo

La declaración unilateral de independencia (DUI) por parte de las fuerzas secesionistas de Cataluña, que se teme pueda producirse esta tarde en el pleno convocado en el Parlamento autonómico, adentraría al país, y al régimen democrático, en un terreno desconocido. Ni el Govern de Carles Puigdemont ha aclarado los efectos que tendría el anuncio de la autodeterminación, ni el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha detallado cómo respondería a un desafío sin precedentes.

No está claro por tanto la capacidad que tendría la Generalitat para erigirse como un poder independiente del Estado, ni se ha estrenado nunca el uso del artículo 155 de la Constitución Española, con el que se anularía la autonomía de Cataluña, ni otras de las medidas de excepción que baraja el Ejecutivo.

Sin embargo, sí han trascendido algunos de los planteamientos que independentistas y Estado tienen en mente si la escalada de tensión secesionista alcanza su máxima temperatura con una declaración unilateral de independencia.

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Se desconoce exactamente qué pasará en el pleno convocado hoy a las 18:00 horas en el Parlament pero las fuerzas independentistas vienen avanzando que habrá una declaración unilateral de independencia de Cataluña, aunque podría ser en diferido, como un anuncio a futuro, posiblemente ligado a elecciones constituyentes. La Asamblea Nacional Catalana ha convocado una concentración masiva en torno al Parlamento autonómico, en Barcelona, para arropar a los líderes en un momento que sería histórico para el secesionismo y que previsiblemente suponga también la movilización de las fuerzas de seguridad del Estado. La tensión, por tanto, podría ir en aumento a partir de ahí.

La legislación impulsada por los independentistas para sustentar el referéndum del 1 de octubre contemplaba que una votación favorable a la secesión debía traducirse en la declaración de independencia a las 48 horas de conocerse los resultados oficiales. Aunque estos se hicieron públicos el viernes y la idea era abordar la proclamación en el Parlamento catalán en una sesión convocada expresamente para ello ayer, el Tribunal Constitucional la suspendió y una nueva fue convocada para este martes sin mención expresa a la DUI.

Si Puigdemont declara la independencia también podría anunciar medidas adicionales. De momento se han avanzado pocas pistas a este respecto si bien la diputada de la CUP en el Parlament Eulàlia Reguant explicaba hace unos días al medio Nació Digital que el Govern pasaría a controlar las fronteras y a imponer un corralito financiero.

Se conocen pocos detalles. “A partir de la declaración de independencia hacemos un control de capital y de flujos de capital en Cataluña para garantizar como mínimo durante un tiempo la capacidad de funcionar de la República”, avanzó la diputada de la CUP.

La medida supone el bloqueo de los ahorros de los clientes de las entidades financieras a fin de evitar una fuga masiva de capitales. Este es uno de los factores que ha llevado al grueso de entidades financieras afincadas en Cataluña, como CaixaBank o Banco Sabadell, a cambiar su sede a otras regiones.

Está por ver qué planes tiene el Govern para aplicar esta medida en las entidades financieras que operan en la comunidad o si cuenta con herramientas efectivas para ponerlo en marcha máxime teniendo en cuenta que el Gobierno haría lo posible por impedir que la Generalitat pueda controlar los ahorros depositados en cuentas corrientes y depósitos de entidades supervisadas por el Banco de España y protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos.   

La diputada de la CUP solo avanzó que se trataría de tomar el control de puertos y aeropuertos para controlar el flujo de pasajeros y la llegada de policías españoles aunque admite que “es evidente que no podría hacerse todo el primer día”, sino que sería un control gradual. La diputada hace mención a los paros impulsados tras el referéndum del 1-O y las imágenes de tractores paralizando las carreteras están aún en la mente de todos.

El paquete de medidas aprobado por las fuerzas independentistas a comienzos de septiembre en la llamada Ley de Transitoriedad, que fija la hoja de ruta de una Cataluña independiente, así como los planes avanzados por los secesionistas incluyen el uso de la Hacienda catalana como instrumento de control fiscal de la autonomía, la puesta en marcha de una Seguridad Social (denominada agencia de protección social) o la constitución de un poder judicial del nuevo país.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo tomará “todas las medidas que sean necesarias”, sin descartar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, para dejar sin efecto una declaración de independencia y para “restaurar la ley y la democracia” en Cataluña.

Aunque nunca se ha puesto en marcha, este artículo prevé anular la autonomía de una comunidad lo que daría el control efectivo de todos los poderes traspasados al Gobierno central. Se entiende además que conllevaría la convocatoria de elecciones en la comunidad. Aplicarlo conlleva el aval del Senado, pero el PP ya tiene mayoría y el PSOE avanzó ayer que apoyará la respuesta estatal si hay DUI. Ciudadanos lleva días pidiendo su aplicación.

Dados los tiempos que conlleva su aplicación, no está claro que el 155 sea la vía, o la única opción, que active el Ejecutivo. El Gobierno estudia la puesta en marcha de un paquete de medidas para hacer frente al pulso soberanista si se sobrepasa la línea roja de la declaración de independencia. La legislación permite tomar medidas reservadas para estados de crisis, de alarma, de excepción y de sitio. El Gobierno analiza cuáles de los mecanismos que conlleva cada marco serían adecuados para dar respuesta al desafío.

El estado de crisis permite al Gobierno nombrar una autoridad que coordine las administraciones. El Estado de alarma le permite tomar el mando directo de todos los funcionarios y policías autonómicos durante un máximo de 15 días. El Estado de excepción supondría la suspensión de derechos fundamentales, incluyendo el de manifestación, pero requiere el respaldo del Congreso de los Diputados. Finalmente, el Estado de sitio supondría el control de los militares en sustitución de los poderes civiles.

Aunque la proclamación se haga, la independencia de facto es un proceso mucho más complejo, máxime teniendo en cuenta que el resto de Estados europeos reconocen la unidad de España y la legitimidad del Gobierno.

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