¡Cuidado conductores! Vienen multas
La DGT plantea las sanciones como medida de seguridad. Los críticos ven una fórmula de recaudación urgente.
Hace algunas semanas la campaña publicitaria de la Dirección General de Tráfico (DGT) se centraba en el futuro de la seguridad vial. En aquel anuncio se imaginaba un porvenir sin accidentes, sin alcoholímetros ni radares y, por supuesto, sin multas. Para muchos conductores no cabe relacionar la seguridad vial con las infracciones de tráfico y se habla de afán recaudatorio por parte de las Administraciones, lejos de evitar accidentes. A otros, los menos infractores quizá, parece no importarles tanto el aumento en el número de radares o las campañas de vigilancia de la Guardia Civil.
Entre 2008 y finales de 2010, el Estado se embolsó 1.322 millones de euros por más de 13 millones de infracciones expedidas, a un importe medio de 100 euros cada una. Dicho dinero debe ir a parar, por ley, a iniciativas y campañas de seguridad vial. Pero no ocurre lo mismo con lo recaudado por los consistorios. En 2012, el Ayuntamiento de Madrid estima que ingresará en sus arcas 180 millones por multas, un montante notablemente superior al de presupuestos anteriores. Seguramente, el aumento del número de radares en la capital ayudará a conseguir este objetivo. El contrapunto lo ponen las buenas estadísticas en materia de seguridad vial de la última década. Entre 2001 y 2010 se ha registrado un descenso en el número de víctimas mortales y de heridos graves del 55%, un dato que la DGT relaciona directamente con el incremento de radares, el aumento de los efectivos policiales, la entrada en vigor del carné por puntos en 2006 y la creación de la Fiscalía de Seguridad Vial, entre otras medidas.
En el periodo comprendido entre 2005 y 2008 se incrementó más de un 63% el número de radares móviles y se duplicaron los tramos de carreteras con presencia de radares fijos. Desde la DGT valoran estos recursos técnicos como "una fuerza importante en el ámbito de la vigilancia y el control en las carreteras, que ha permitido hacer efectivas las fuerzas de seguridad vial". También atribuye a estas medidas el hecho de que hoy haya más conductores pillados in fraganti.
Menos tiempo
Encima de la mesa, otra medida polémica para los conductores. La reforma del procedimiento sancionador que ha permitido reducir los tiempos de tramitación de las denuncias, "potenciando la multa como un elemento de seguridad activo al eliminar la sensación de impunidad", señalan desde la DGT. Además, se han modificado los plazos de prescripción de las denuncias, pasando de uno a cuatro años, y se han impuesto las reducciones por pago rápido.
Para Elena Grande, abogada de la gestora especialista en recursos de multas Dvuelta, esta situación "no es más que el reflejo del afán recaudatorio del Estado y los ayuntamientos propiciado por la crisis. Además, se coacciona a los conductores". La reducción de la sanción de hasta el 50% por pago rápido implica que la mayoría de los automovilistas no se planteen la posibilidad de un fallo en su denuncia. "Se termina pagando la multa por miedo al incremento del importe y no se mira más allá. Es declararse directamente culpable", comenta la abogada. No hay que olvidar que la Administración tampoco es perfecta.
En muchos de los casos estas sanciones económicas no implican pérdida de puntos del carné. Grande se pregunta: "¿Dónde está el objetivo de la sanción? Claramente, en el dinero. Alegar motivos de seguridad vial cuando se sobrepasa la velocidad permitida en uno o dos kilómetros por hora es un engaño para los ciudadanos".
A rebufo de la nueva situación, los recursos se han multiplicado y no faltan empresas que, como Dvuelta, realizan las gestiones necesarias para ello. Asesorum.es se encarga también de estos trámites en la red. Desde esta compañía se afirma que "hoy en día nos encontramos muchas multas que son anulables, pues no están lo suficientemente motivadas y crean indefensión en el ciudadano". No hay que olvidar que el recurso es un derecho y que, "en muchos casos, no se aportan pruebas fehacientes sobre la comisión de la infracción", aseguran desde Asesorum.
Muchas denuncias, por ejemplo, se limitan a mencionar de forma genérica la infracción cometida: "Conducir de forma negligente". Los tribunales, desde hace algunos meses, exigen que se concrete con el suficiente detalle tal hecho y las circunstancias ocurridas en cada momento. La polémica está servida.
A veces, la autoridad también se equivoca
El 9 de mayo de 2010, un conductor sevillano fue multado por no llevar las luces encendidas a plena luz del sol, un día despejado. El automovilista decidió recurrir la sanción y presentó, entre otros documentos, un informe de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) certificando el buen clima del día y lugar en cuestión. Tras agotar la vía administrativa, el litigio terminó en los tribunales. El resultado: un largo y costoso proceso judicial. Al final, la multa quedó anulada y la DGT (con el dinero de los contribuyentes) debió asumir las costas procesales del juicio."La vía normal para el recurso es la administrativa. Una vez agotada vendría la judicial", explica Elena Grande, abogada de Dvuelta. "Es importante que el ciudadano sepa que toda denuncia debe ir acompaña de la pertinente prueba que justifique la sanción", añade. Esa es la tabla de salvación de la mayoría de recursos presentados. Tanto es así, que desde Dvuelta aseguran que "en 2011 hemos evitado que el Estado se embolse más de 500.000 euros en sanciones".Y es que el recurso se está poniendo de moda, "quizá por la crispación de los conductores", explican en la compañía. Lejos de lo que se podría pensar, cada vez más el ciudadano que decide recurrir una multa responde a un patrón de conductor ocasional. Sin embargo, explican desde Dvuelta, "son los profesionales quienes más sienten el aumento de las sanciones".