“Vamos a blindar por ley una financiación estable de la ciencia pública hasta el 1,25% del PIB”

La ministra Diana Morant anuncia una batería de medidas en la nueva Ley de Ciencia que aprobará el Consejo de Ministros esta semana, y que incluye la contratación de 12.000 nuevos científicos en tres años

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, antes de la entrevista.
Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación, antes de la entrevista.samuel sánchez

Diana Morant asegura que ser ministra de Ciencia e Innovación es “la gran oportunidad” de su vida. Cuando el presidente Pedro Sánchez la llamó para ocupar este puesto, hace ahora siete meses, esta ingeniera de telecomunicaciones de 41 años era alcaldesa de Gandia —milita en el PSOE desde 2011 y es secretaria general de los socialistas en esa localidad—. Morant maneja un presupuesto histórico para ciencia e innovación gracias a los fondos llegados de la Unión Europea, pero explica que quiere ir mucho más allá. En esta entrevista con EL PAÍS adelanta que el Gobierno blindará por ley un aumento continuado de la inversión pública en investigación hasta que España alcance en 2030 los objetivos recomendados por la Unión Europea, fijados en un 1,25% del PIB —el nivel actual ronda el 0,58%—. La medida es una inclusión de última hora en la reforma de la Ley de la Ciencia de 2011, cuyo borrador será aprobado previsiblemente por el Consejo de Ministros esta semana. Según el cálculo de este diario, esa subida supondría añadir más de 7.000 millones de euros al gasto público actual. La propuesta supone un pacto nacional largamente anhelado por los científicos al que el Gobierno espera que se sumen las principales fuerzas políticas, incluida la oposición.

El objetivo principal de la nueva ley es acabar con la precariedad laboral de los investigadores en España, repoblar el sistema público de investigación con 12.000 nuevos científicos en tres años y recuperar parte de los cerebros emigrados. En este último aspecto hay una importante polémica. Con la normativa actual los científicos en el extranjero que quieran volver a España lo harán con menos reconocimiento y sueldo que los que nunca se marcharon. Morant anuncia en esta entrevista una mejora en la ley, aunque de momento no cubre a los científicos que hayan pasado años o décadas trabajando fuera de España. No obstante, Morant se compromete a crear un futuro plan de recuperación y captación del talento que intentará corregir los problemas actuales.

Pregunta. ¿Cómo va a mejorar la nueva ley la vida de los científicos que llevan años sufriendo los problemas endémicos de la investigación en España?

Respuesta. Este país tiene una deuda histórica con la ciencia y saldarla pasa por mejorar las oportunidades y las condiciones laborales de los científicos y los innovadores. Parte de la solución es la nueva ley. Pero hay otras medidas paralelas que van a contribuir. En los dos últimos presupuestos, 2021 y 2022, aprobados por este Gobierno, hemos reconocido el sector de la ciencia como prioritario en cuestión de tasa de reposición. En otras épocas la tasa era cero, lo que significaba que cada 10 jubilaciones de científicos no se reponía ninguna plaza nueva. Ahora, por cada diez jubilaciones se repondrán 12. Esto nos permite alimentar al sistema público con funcionarios que trabajan para la ciencia.

Este país tiene una deuda histórica con la ciencia

P. ¿Cuántos científicos prevé recuperar?

R. Hasta ahora, cuando un científico se jubilaba, su plaza se amortizaba, desaparecía. Hay 5.000 puestos de este tipo que se han perdido. Esa fue la receta de la salida de la crisis escogida por el Partido Popular. Aquí salimos de la crisis con un recorte clarísimo al sistema público en general y al de ciencia en particular. Calculamos que en 10 años van a jubilarse 25.000 investigadores e investigadoras. Solo en tres años, con la nueva tasa de reposición más los contratos estables vamos a reponer en tres años 12.000 investigadores.

P. ¿No va a haber ya ni un contrato temporal en ciencia?

R. Lo dice la reforma laboral. Nosotros teníamos previsto ya en la Ley de la Ciencia que desapareciera el contrato por obra y servicio. La investigación en nuestro país se hace mayoritariamente a través de fondos externos que se ganan por concurrencia competitiva. Son fondos nacionales o internacionales con los que se contrataba a los investigadores. Los contratos asociados a proyectos suelen durar cuatro años y cada cuatro años se destruían los grupos de investigación. Los científicos quedaban en el aire y tenían que buscar un nuevo proyecto donde trabajar. Esto desaparece con la reforma laboral. Y con la Ley de la Ciencia introducimos un contrato indefinido específico que no consume tasa de reposición. Por un lado contratamos personal nuevo y lo convertimos en funcionario y por otro se contrata de manera indefinida a este personal investigador dentro de los grupos de investigación.

P. En las universidades se calcula que hay unos 25.000 investigadores que tendrían que pasar a ser indefinidos ya, y las universidades no tienen claro cómo pagar todo eso. ¿Cómo se solventará este problema?

R. Hemos hablado con las universidades y con los centros de investigación. Saben que conocemos este impás. Hasta que llegue y se apruebe la Ley de la Ciencia lo que vamos a hacer es adelantar a la práctica las condiciones de este contrato. Es cuestión de días. El plazo es hasta el 31 de marzo, pero vamos a tener la solución antes.

P. Los científicos españoles en el extranjero se quejan de que con la norma actual, si vuelven lo harán con menos reconocimiento y sueldo que los que nunca se fueron, con lo que entienden que se agrava la endogamia de los centros de investigación ¿Qué le puede decir a este colectivo?

R. Uno de nuestros objetivos fundamentales es recuperar el talento y captar nuevos investigadores, no solo los que se fueron sino los que buscan nuevas oportunidades en nuestro país. Para esto tenemos que arreglar un sistema fallido. Sobre los quinquenios, el texto de la ley ha sido mejorado y ya recoge algunas de las aportaciones que nos hicieron llegar los colectivos y sindicatos. En nuestro país había fronteras no únicamente con el extranjero sino dentro de España. Lo que hacemos es que el quinquenio reconocerá la experiencia en investigación en todo el sector público español. Ya no es exclusivamente en los Organismos Públicos de Investigación, sino que la experiencia adquirida en una universidad o en una fundación también vale. Los quinquenios son una de las medidas que reconoce la actividad de los investigadores. También hay sexenios en los que se reconoce toda la experiencia. En la nueva ley añadimos un nuevo sexenio de transferencia de conocimiento. En cuanto al retorno del talento, estamos preparando un plan específico para recuperarlo y captarlo. Hay medidas ya incluidas en otras leyes como la de startups, las rebajas en la cotización de personas que viven en el extranjero y vienen a trabajar a España. Otra mejora: el certificado R3, que facilita que puedas tener una plaza fija en el sistema público de ciencia va a poder acreditar también a personas que ahora mismo están en el extranjero. Esos méritos en el extranjero servirán para acreditarte y poder obtener una plaza. También hemos redefinido el contrato de investigador distinguido. En definitiva: sabemos que hay muchas personas que sintieron expulsadas de España que quieren volver. Con el futuro plan específico de recuperación y captación del talento trataremos de compensar las desigualdades que existen en términos retributivos y de reconocimiento de méritos para que uno no se deje su mochila detrás cuando venga a este país.

El Ministerio de Ciencia asumirá las indemnizaciones de los contratos indefinidos, que rondarán los 12 millones de euros

P. ¿Cuánto calculan que costará poner en marcha todos los nuevos contratos y pagar las indemnizaciones que conllevan?

R. El contrato indefinido no cuesta nada. Lo absurdo era ponerle fecha de caducidad cuando la línea de investigación no la tenía. Los contratos de la ley de la ciencia están garantizados. El problema eran los contratos ya suscritos, que estaban a nombre de una universidad u otro actor del sistema. Al no estar prevista la indemnización, esta podría causarle un problema presupuestario. Nosotros reconocemos el derecho, incluido el de los contratos en vigor, y desde el Ministerio asumiremos esas indemnizaciones que no tenían previstas las comunidades autónomas y las universidades cuando se formalizaron esos contratos. La cifra final podría rondar los 12 millones de euros. Será el Ministerio el que la asuma.

Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación.
Diana Morant, ministra de Ciencia e Innovación.samuel sánchez

P. Sobre las trabas burocráticas, ¿puede asegurar que los científicos ya no tendrán problemas para comprar sillas, ordenadores o gastar el dinero que ya tienen?

R. En ocasiones un investigador tenía que justificar los gastos de un proyecto diez años después de haberlo realizado. Le podían pedir el tique de un taxi de un día que tuvo que ir a Bruselas a hacer determinada actividad incluida en su línea de investigación. Eso ya no va a ocurrir. La justificación va a ser por cuenta simplificada. Además, la comprobación de las justificaciones que hará la Agencia Estatal de Investigación (AEI) va a ser por muestreo. Vamos a simplificar mucho la carga administrativa y los tiempos para que no se pidan justificantes pasada una década.

Hay otra medida igual de importante. Se va a conceder una subvención directa a todos los proyectos que previamente hayan sido evaluados por el sistema público. Imagine que una línea de investigación ha sido evaluada positivamente pero no ha recibido fondos. De esta forma, una comunidad autónoma, por ejemplo, podrá utilizar esa evaluación para conceder una subvención directa a esa línea. Hay además un mandato en la ley para que en esta nueva etapa las cosas en la AEI se hagan de otra manera. El nuevo director sabe que esta agencia tiene que ser la herramienta fundamental, un músculo tonificado y no oxidado. Ahora cuando uno recibía una carta de este organismo sentía que era el cobrador del frac, en lugar de ser una buena noticia.

He dialogado con los grupos parlamentarios y espero que se sumen al clamor de la ciudadanía para que apoyemos la ciencia

P. La ley va ahora a su debate parlamentario ¿Cuánto apoyo esperan que tenga?

R. Esta no es la ley del Ministerio de Ciencia e Innovación, ni siquiera la del Gobierno, es la ley que necesitaba el sistema científico. Este texto es la aportación de todos aquellos que se han comprometido a mejorarlo. Yo le pido a los grupos que apoyen esta ley que necesitan los científicos. He dialogado con los grupos y espero que se sumen al clamor de la ciudadanía para que apoyemos la ciencia. En ese sentido le voy a anunciar que la ley va a blindar por primera vez la financiación creciente y estable que necesita este país. Por ley tendremos que cumplir el objetivo marcado por la Unión Europea de que la inversión pública en ciencia e innovación sea del 1,25% del Producto Interior Bruto (PIB) en el año 2030. Esta es una reclamación histórica de los científicos de nuestro país. Esto ayudará a que la ciencia sea una palanca de transformación de nuestro país.

P. ¿Han calculado cuánto dinero supone ese esfuerzo, hablamos de miles de millones de euros adicionales?

R. Los umbrales de la UE son alcanzar el 2% del PIB de inversión en I+D en 2023 y el 3% en 2030. De esa inversión hay una parte pública y otra privada. Europa ya reconoce que la privada debe ser superior a la pública, así es como funcionan los países donde más se invierte en ciencia e innovación como Alemania o Suecia. La parte que corresponde al sector público es del 1,25% del PIB en 2030. Ese es nuestro compromiso. Hay que hacer un aumento progresivo. Ahora mismo estamos en la senda para cumplirlo. Según el INE, en 2020 la inversión pública supuso el 0,58% del PIB y tenemos que alcanzar el 1,25% en 2030. En 2021 hubo un 60% más de presupuesto que en 2020 y en 2022 casi duplicamos el de 2020. Además, las comunidades autónomas han aumentado su inversión en ciencia. Y hay que tener en cuenta las aportaciones de otros ministerios a la I+D. Transición Ecológica, Industria, Economía... todo eso sumará el compromiso.

P. ¿Cuánto dinero será en términos absolutos?

R. No tenemos los datos del INE y no los tendremos hasta noviembre. Con el ritmo de inversión actual ya cumplimos. Lo que hay que hacer es mantenerlo con ese compromiso financiero que estamos blindando por ley. Esto no tiene precedentes en nuestro país. Enviamos un mensaje de estabilidad presupuestaria que es lo que necesitan los científicos españoles para saber que en su país van a tener una trayectoria asegurada.

P. Una de las principales reivindicaciones de las sociedades científicas (Cosce) era crear un presupuesto de ciencia plurianual. ¿Qué va a pasar con los presupuestos cuando se acaben los fondos europeos?

R. La inquietud está despejada. Blindamos la financiación por ley. Los fondos europeos no van a ser algo esporádico.

P. El sindicato CC OO critica que con esta ley no queda cerrado el contrato de los investigadores sanitarios y tampoco el del personal técnico. ¿Es así?

R. Dentro de la ley reconocemos al personal técnico en la misma categoría que los investigadores. Ya no hablaremos de investigadores y técnicos sino de personal investigador. Eso se reconoce por ley por primera vez porque para nosotros unos y otros son igual de importantes. Lo que hemos aclarado a los sindicatos es que nosotros no podemos crear una carrera horizontal para los técnicos con esta ley, pero el Gobierno de España es sensible a esto y hay pendiente una ley de función pública este año que seguro que recogerá. Los técnicos llegan a un nivel determinado, el 28, y ahí se detienen. Sin embargo, nosotros reconocemos la figura del tecnólogo. Por primera vez en la oferta de empleo público de 2022 hemos sacado plazas para ellos. Por promoción interna podrán acceder a esas plazas.

P. ¿Y el personal sanitario?

R. Esta ley reconoce al personal sanitario investigador como personal del sistema público de I+D. Es la primera vez. Si un investigador sanitario dedica más del 50% de su tiempo a la investigación, desde la ley mandatamos a las comunidades autónomas que tienen las competencias de salud para que reconozcan categorías específicas para estos investigadores. Además son ellas las que pueden desarrollar la carrera del personal laboral contratado que hace trabajos de investigación en el sistema nacional de salud.

Si todo va bien, la nueva Ley de la Ciencia puede estar aprobada en verano

P. ¿Qué se puede hacer para estimular la inversión de las empresas españolas en I+D?

R. Tengo una visión positiva. Las cosas han cambiado. Después de la pandemia, la cultura de la innovación ha calado en las empresas. Depender de otros países nos incapacita. La innovación es un valor cada vez más preciado por las empresas porque tienen un retorno económico. El plan de transformación implica que la salida de la crisis de la pandemia sea a través de la financiación y la movilización de recursos públicos. La idea es que juntos encontremos la solución a los grandes retos de nuestra sociedad. Las empresas nos han comunicado sus retos y estos, alineados con los de la sociedad, han hecho que confluyamos en planes estratégicos para la recuperación como los planes estratégicos del vehículo eléctrico, de salud de vanguardia, de energías renovables, el del sector alimentario. La inversión pública debe traccionar para que las empresas produzcan las transformaciones, la reindustrialización, los procesos innovadores en toda la cadena de valor del sector productivo.

P. Esta ley también crea la Agencia Espacial Española ¿Cómo se va a estructurar y quién estará al frente?

R. Tendrá una adscripción doble al ministerio de Ciencia y al de Defensa. La Agencia Española del Espacio aglutinará los trabajos de ciencia e innovación tecnológica. Debe coordinar a todos los usuarios del espacio, que no somos solo Ciencia y Defensa, también Economía, Transportes, Transición Ecológica o Agricultura. La ley determina que tenemos un año para poner en marcha la agencia. Es un mandato también de la Estrategia Española de Seguridad. Las comunidades autónomas y ciudades pueden concursar con propuestas para acoger su sede. Aglutinará actividades que ya hacemos, por lo tanto el personal ya existe en Ciencia y Defensa. Se generará una estructura administrativa no muy grande. El presupuesto dependerá mucho de dónde se ubique. Por ejemplo si un ayuntamiento ofrece un edificio que ya existe como nueva sede.

P. ¿Cuándo espera que pueda estar aprobada la nueva Ley de la Ciencia?

R. Consideramos que si todo va bien, y hay bastante consenso, podría aprobarse este verano.

R. ¿Qué planes tiene para su futuro?

R. Los planes en política siempre salen mal. En mi vida hubiese imaginado ser alcaldesa ni ministra de Ciencia. No entra en mis planes imaginar nada más allá que mi responsabilidad actual. Creo que esta es la gran oportunidad de mi vida. Lo digo así, con el corazón abierto. El presidente Pedro Sánchez me ha dado una oportunidad vital, laboral, para participar desde la más alta responsabilidad de la mejora de la vida de la gente y mi deber es cumplir cada día con ella. El futuro dependerá de las circunstancias. Además, tengo claro que soy ingeniera de telecomunicación y seguro que en algún momento de mi vida voy a volver a mi profesión. No sé cuándo, ni como, eso sí.

Puedes seguir a MATERIA en Facebook, Twitter e Instagram, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

50% de descuento

Contenido exclusivo para suscriptores

Lee sin límites

Sobre la firma

Nuño Domínguez

Nuño Domínguez es cofundador de Materia, la sección de Ciencia de EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo Científico por la Universidad de Boston (EE UU). Antes de EL PAÍS trabajó en medios como Público, El Mundo, La Voz de Galicia o la Agencia Efe.

Normas

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS