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OPINIÓN i

1,6%

Seguramente, con el Gobierno de Torra y Aragonès se ha tocado el cénit de la desconfianza ciudadana en la capacidad y en la voluntad de encarar las cuestiones políticamente relevantes para la ciudadanía

Pere Aragonès (izq.) y Quim Torra, en una reunión del Govern.
Pere Aragonès (izq.) y Quim Torra, en una reunión del Govern.

El número que aparece como titular de este artículo no se refiere a ninguna presunta mordida (por otra parte, sería una cifra demasiado baja), sino al porcentaje de la ciudadanía catalana que cree ahora mismo que el Govern de la Generalitat actual está resolviendo los problemas reales del país. Los datos son del CEO, el centro de investigación del gobierno autonómico. Por lo tanto, pese a la crudeza del dato y aunque estemos en plena época de fake news, nadie puede argumentar esta vez que tengan un sesgo prejudicialmente contrario al Ejecutivo.

Los números se pueden mirar de muchas maneras: esa cifra se puede leer también como un 98,4%. Así formulado, ese porcentaje significa que una parte extremadamente mayoritaria de catalanas y catalanes considera que el gabinete de Torra, simplemente, no sirve. Una parte de la opinión pública y publicada de convicciones independentistas ha tenido a bien resaltar cómo estos datos desconocen el contexto de excepcionalidad marcado por la situación judicial de una parte de la clase política de los partidos que ahora mismo dan apoyo al Gobierno.

“Una parte extremadamente mayoritaria de catalanas y catalanes cree que el gabinete de Torra no sirve”

Bien mirado, los mismos estudios recogen en cierta manera la cuestión, introduciendo una pregunta más precisa sobre si la ciudadanía cree que el Ejecutivo no sería capaz de abordar los problemas reales en todos los supuestos o bien si con más tiempo podría enfrentarse a ellos. Aquí también los datos son demoledores: un 61,6% considera que el Govern simplemente no sabe ni sabrá, y solo un 30,6% confía en que podría hacerlo disponiendo de más tiempo. Ha habido un empeoramiento destacado de estos datos con respecto al año pasado, cuando el 53,1% creía que el Govern no sería capaz de ser efectivo en ningún caso, frente a un 46,9% que le concedía más tiempo. Y en época del Govern de Puigdemont, en 2016, el 44% subrayaba la incapacidad total de abordar los problemas reales, frente a un 39,2% que creía tener confianza en que en el futuro lo haría.

Seguramente, con el Gobierno de Torra y Aragonès se ha tocado el cénit de la desconfianza ciudadana en la capacidad y en la voluntad de encarar las cuestiones políticamente más relevantes para la ciudadanía, pero los datos demuestran una tendencia muy clara: hay que remontarse a 2011 para encontrar una inversión en la dimensión de los dos grupos. En ese año turbulento, en que la crisis económica mostraba toda su crudeza, las movilizaciones ciudadanas llenaban las calles y el “gobierno de los mejores” de Artur Mas practicaba los primeros y más duros recortes en España, eran más —un 44,9%— los que confiaban en que con tiempo el Gobierno podría ser efectivo al encararse a las cuestiones reales que preocupan a la población, frente a un 42,3% que se demostraba del todo escéptico.

“Está en peligro la propia supervivencia del autogobierno por el descrédito acumulado”

La serie histórica de estos datos parece ser sumamente significativa: se puede concluir que en los años del procés la confianza ciudadana en la capacidad de los gobiernos catalanes de encarar con éxito sus problemas se ha deteriorado de manera evidente. Parecería que aquellos que a lo largo de los años han reivindicado toda la soberanía para las instituciones catalanas se hayan demostrado a los ojos de la ciudadanía como los menos capaces de utilizar de forma efectiva aquella de la que ya disponían.

En estos años, todos ahogados en medio de torrentes de retórica, se ha pasado por alto una cuestión fundamental: más allá de la dimensión simbólica y cultural, una motivación fundamental de la razón de poder disponer de instituciones propias tiene que ver también (y sobre todo) con su operatividad, con la solvencia a la hora de gestionar los servicios públicos, de diseñar políticas que —aunque naturalmente reflejen las diferencias ideológicas entre los diferentes partidos— estén orientadas al conjunto de la ciudadanía. Por ello estos datos deberían alertar a todos aquellos —políticos, opinadores y electores— que crean en la existencia de unas instituciones catalanas.

Lo que está en peligro, en definitiva, es la propia supervivencia del autogobierno: no tanto o no solo por las convicciones centralistas de los gobiernos estatales del pasado y por cómo han gestionado las relaciones con las instituciones catalanas, sino por el propio descrédito que estas últimas se han granjeado entre la ciudadanía durante esta larga etapa de gobiernos independentistas. Este es probablemente el tema más decisivo de la próxima disputa electoral: para defender las instituciones catalanas, hay que hacer primero que funcionen.

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