Los jueces envían a 21 menores migrantes a centros de reforma en 2019

Entre enero y mediados de diciembre de 2019, 21 de los cientos de menores migrantes extranjeros tutelados por la Comunidad fueron enviados por los jueces a un centro de ejecución de medidas judiciales por haber cometido algún delito entre los 14 y los 17 años, según datos del Gobierno regional. En paralelo, miles de esos niños —tutelados o no— pasaron por el distrito de Hortaleza, residiendo en el centro de primera acogida de la zona, que se mantuvo como una de las más seguras de Madrid, según la policía. Las estadísticas no avalan el gran aumento de delincuencia que denuncia Vox, y que rechazan la Fiscalía y el Ejecutivo.

“Vivo en un barrio popular de Madrid, Hortaleza, y cada vez que salgo a la calle, y ahí hay un centro de menas, me encuentro con mujeres que me vienen a contar que los policías les dicen que no salgan con joyas a la calle; con madres preocupadas porque sus hijas llegan por la noche y tienen miedo de ser asaltadas”, dijo Santiago Abascal, el líder de Vox, durante el debate de candidatos a la presidencia de noviembreg. “En barrios como Hortaleza, las mujeres ya no caminan solas ni al supermercado, tienen que ir acompañadas por sus maridos”, le amplificó en la Asamblea de Madrid Rocío Monasterio, la líder regional del partido.

¿Ocurre lo que dicen los políticos de Vox en Hortaleza? “No detecto en las memorias de las fiscalías, que son los datos que puedo utilizar, que haya un aumento [de delitos] ni que [los menores extranjeros no acompañados] cometan más delincuencia que los nacionales”, contestó a mediados de noviembre Javier Huete, fiscal de sala coordinador de menores, precisando que esas cifras de delitos tampoco son “muy relevantes”. Y añadió: “Lo que pasa es que cualquier acción puntual grave tiene una trascendencia mediática que genera sensación de inseguridad”.

Madrid tiene 21 distritos. Entre noviembre de 2018 y octubre de 2019, Hortaleza fue el tercero (empatado con otros dos) con menos intervenciones policiales por delitos contra las personas (homicidio, asesinato o lesiones) en función de la tasa de actuaciones por cada 10.000 habitantes. También fue el segundo con menos intervenciones por delitos contra el patrimonio (robo en todas sus modalidades). Y ese dato se repitió con los delitos por tenencia de drogas.

Así lo reflejan los balances de la policía municipal, que afectan a un distrito extremadamente complejo, lleno de fronteras interiores, y con casi 200.000 habitantes. No hay datos barrio a barrio. Además, entre septiembre y noviembre de 2019 hubo 20 detenciones al mes de media en el distrito por parte de la Policía Municipal. Ese es el sexto dato menos abultado de los 21 distritos de la capital.

La tensión, sin embargo, anida en el barrio de Pinar del Rey, donde está el centro de acogida. En junio de 2018, la inquietud vecinal llevó a convocar un consejo extraordinario de seguridad en la junta de distrito, donde representantes de la policía compartieron el mismo mensaje: “Aunque ha habido un aumento de los robos con intimidación y hurtos en los últimos meses, no es un porcentaje significativo respecto al global del distrito”.

Tensión vecinal

Desde entonces, y coincidiendo con un aumento exponencial de las llegadas de los menores migrantes, esa tensión se ha ido desatando episódicamente.

En octubre, dos enmascarados agredieron con remos a unos niños y una treintena de personas asaltaron la instalación para intentar vengarse de un presunto robo. En noviembre, cuando la Administración ya había decidido aumentar la presencia policial en la zona, Hogar Social, una organización de ultraderecha, impulsó una concentración pidiendo la expulsión del barrio de los menores. A principios de diciembre, una granada de entrenamiento apareció en el jardín de la instalación junto a una bolsa de metralla compuesta por clavos y tornillos. Y a finales de mes hubo una redada de la policía en el interior, buscando drogas.

No es difícil ver a niños inhalando disolvente en bolsas en los aledaños del centro de acogida. Los vecinos de las calles y comercios cercanos denuncian robos y agresiones, así como un aumento de la inseguridad. Las dificultades de la vida en el barrio, expresadas también en correos dirigidos a EL PAÍS que detallan asaltos, insultos y agresiones, contrastan con las decisiones de los jueces de menores, que apenas han decidido en un puñado de ocasiones que había que enviar a los niños migrantes tutelados por la Comunidad a centros de ejecución de medidas judiciales, donde pueden estar en régimen cerrado, semiabierto, abierto, terapéutico o de fin de semana: 21 en 2019.

“En conjunto, los motivos de ingreso son: delitos contra el patrimonio y por violencia familiar ascendente”, explica un portavoz de la Consejería de Justicia, que destaca que 2.059 menores han pasado por los seis centros gestionados por la Agencia de Reeducación y Reinserción de Menores Infractores (ARRMI) entre 2015 y 2018. “El 90% de los menores atendidos logran su reinserción en la sociedad”.