El ‘caso Avalmadrid’, camino del Tribunal Constitucional

Isabel Serra, portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, ha anunciado este martes que su partido registrará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional tras ver cómo el PP y Cs bloqueaban en la Mesa de la Asamblea las comparecencias en la comisión de investigación de Avalmadrid de Isabel Díaz Ayuso y los expresidentes populares Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido y Pedro Rollán. El organismo fiscalizará los avales concedidos por el ente semipúblico entre 2007 y 2018, lo que incluiría la operación de 2011 que facilitó el acceso a un crédito de 400.000 euros a una empresa participada por el padre de la hoy presidenta. La pasada semana, la Fiscalía Anticorrupción archivó ese caso porque no encontrar indicios de delito. 

"Esto es muestra del miedo que tienen a que sepamos lo que ha pasado con Avalmadrid y de que hay delitos de actuaciones irregulares", ha opinado Serra. "En cuanto tengamos los argumentos de las negaciones de las reconsideraciones vamos a ir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo para que se revoque esta decisión", ha añadido.

El PSOE y Más Madrid también analizarán la opción de recurrir al Alto Tribunal cuando reciban la documentación en la que se argumenta las razones del rechazo a reconsiderar unas comparecencias que también ha apoyado Vox. 

"Esa comparecencia [la de Díaz Ayuso] tenía sentido porque era política, pero finalmente PP y Cs han votado en la Mesa para bloquearla", ha dicho Rocío Monasterio, la portavoz del partido de extrema derecha, que considera que el archivo de la Fiscalía Anticorrupción permite que la actual presidenta preste su testimonio en el organismo fiscalizador. 

La primera sesión de la comisión de investigación será el 17 de diciembre, cuando se convocará a comparecientes con perfiles técnicos. 

Avalmadrid se enfrenta a una propuesta de sanción de 100.000 euros por parte del Banco de España, y la Comunidad a otra de 50.000. El ente fiscalizador considera que esta sociedad de garantía recíproca concedió cientos de avales mal evaluados, o que provocaban un conflicto de intereses al afectar a empresas participadas por sus consejeros o por allegados a estos.