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El laberinto bipolar de Vox

Con las generales en el horizonte, el partido intenta resolver la difícil ecuación de ser oposición y aliado puntual del gobierno al mismo tiempo

Rocío Monasterio, en una imagen de archivo. Ampliar foto
Rocío Monasterio, en una imagen de archivo. EFE

Para empezar el día, una protesta por la distribución de los escaños en el pleno de la Asamblea. Para seguirlo, el veto a una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Niña por no incluir “una denuncia de los vientres de alquiler”. Para continuarlo, una crítica al contenido de la ley contra la LGTBIfobia. Y, para acabarlo, una propuesta para reducir la estructura del Gobierno de coalición de PP y Cs, formado con su apoyo hace menos de dos meses. Cuatro momentos de tensión en el pleno de la Cámara de ayer con un denominador común: Vox. Un partido instalado en una oposición bulliciosa para seguir distanciándose —a la puerta de las elecciones generales— de un Gobierno que no existiría sin sus votos, que adquirió el compromiso verbal de impulsar medidas con su sello , y que necesitará su apoyo para aprobar cualquier ley.

— "Ya veo que nos ha castigado como a los malos alumnos al final de la clase".

— "Yo no he castigado a nadie. Ha sido la Mesa y el consenso de los grupos parlamentarios".

— "Consenso no ha habido".

— "Suficiente".

La discusión entre el diputado José Luis Ruiz Bartolomé (Vox) y el presidente de la Cámara, Juan Trinidad (Cs), apenas provoca revuelo. No es un momento excepcional. El partido de Rocío Monasterio ha asumido a regañadientes su sitio físico en el Parlamento regional mientras busca el político: debe resolver la difícil ecuación de ser al mismo tiempo oposición y apoyo puntual, y clave, del gobierno de coalición que han formado PP y Cs con sus votos. El calendario político, además, le obliga a dar con la fórmula en un tiempo récord. Las próximas elecciones generales del 10 de noviembre azuzan a los tres partidos de derechas a delimitar con claridad su espacio político para seguir contando con el apoyo de sus votantes. Y Vox, para sus socios, ha tensado la cuerda hasta límites insospechados para cumplir con ese objetivo.

"Existe una enorme contradicción entre lo que se dice y lo que se propone", lamentó ayer Pedro Muñoz, diputado popular, asegurando que la propuesta de Vox para reducir el número de consejerías acabaría por incrementar el gasto. "Eso es consecuencia de querer separarse, por parte de Vox, del discurso del PP", afirmó sobre la necesidad que tienen todos los partidos de construir una agenda política propia con temas reconocibles para sus votantes. "Y cuando alguien se quiere separar de manera forzada provoca propuestas un tanto extravagantes y sin pensar, que es lo que ha ocurrido en este caso".

Vox, por su parte, no ve contradicción en protagonizar al mismo tiempo el apoyo al Gobierno y la oposición, porque se considera totalmente ajeno al Ejecutivo.

"Nosotros nos comprometimos con nuestros votantes a que si estaba en nuestra mano, no permitiríamos gobiernos de izquierda en las instituciones", contrapuso Monasterio. "Ahora bien, el mismo día que se conformaron los gobiernos dejamos claro que Vox no participaría de ellos. Es más, [que] haría férrea oposición para seguir siendo la voz contra el consenso progre de todas las personas que confiaron en nosotros", siguió. "Nosotros tuvimos el compromiso escrito de la Presidenta de darnos Direcciones de entes y puestos de gobierno en proporción", añadió. "Viendo la estructura que se quería aprobar renunciamos a todo ello", argumentó. Y subrayó: "Quizás lo que le parece extravagante al PP es la libertad de los diputados de Vox y su coherencia política".

Violencia de género

La Asamblea ha celebrado dos plenos ordinarios desde que arrancó la legislatura. En el primero Vox bloqueó una declaración de condena contra la violencia de género al querer incluir una referencia a "todas las víctimas", también "niños y mayores, que por una situación de vulnerabilidad pueden sufrir violencia". En el segundo, frustró otra con motivo del día internacional de la niña. En las dos citas llenó el hemiciclo de referencias a los temas que movilizan a sus electores. El 3 de octubre, tocó la exhumación del dictador Francisco Franco. Una semana después, ayer, criticó parte del contenido de la ley contra la LGTBIfobia.

— "¿Lo que a usted le molesta es la ley trans o las personas trans?", le contestó el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, a la diputada Alicia Rubio. "Si le molestan las personas trans, no va a cambiarlas. Al igual que la heterosexualidad, la homosexualidad o la bisexualidad, la transexualidad es consustancial al ser humano. No se elige y, por supuesto, no se cura. Se es", añadió. "En materia de derechos civiles y libertades individuales, este gobernó no va a dar n un solo paso atrás".

Vox tiene la llave de la legislatura. Cuando el Gobierno se decida a tramitar los Presupuestos, o alguna ley, sus votos decidirán el resultado. No han hecho falta ni dos plenos para que el partido de Monasterio se lo recuerde a PP y a Cs. Con cien diputados y otros tantos periodistas como testigo, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta regional, escuchó ayer esta advertencia:

— "Por este camino, elevan mucho el precio de nuestro apoyo. No nos lo pongan tan difícil".

El PSOE pide que la rebaja fiscal vaya a servicios públicos

El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, reclamó ayer a la presidenta del Gobierno regional, Isabel Díaz Ayuso, que sus rebajas fiscales no se hagan "aisladamente", sino que que se vinculen con una acción coordinada para mejorar los servicios públicos en la región. El Ejecutivo acaba de anunciar un paquete de bonificaciones que afectará a 30.000 madrileños y tendrá un impacto de 16 millones, según los cálculos de la consejería de Hacienda.

Gabilondo apuntó ayer que los gastos medios anuales de las familias madrileñas ascienden a 365 euros en sanidad, 247 euros en educación Infantil y Primaria y 189 euros en educación Secundaria, y que si bien algunos pueden tacharlos de "gastos voluntarios", en realidad responden "a necesidades no atendidas, y no todos pueden permitírselos ni afrontarlos". Y agregó: "Muchas familias afrontan gastos con su patrimonio para hacer frente a un coste que debería proveerse mediante servicios públicos accesibles".

Díaz Ayuso, por su parte, avanzó ayer que su Ejecutivo no empezará a trabajar en los nuevos Presupuestos hasta el inicio de 2020. El Gobierno justifica la prórroga de las cuentas actuales en la incertidumbre política y económica, y quiere esperar al resultado de las elecciones generales. En consecuencia, considera insuficiente el desbloqueo de las entregas a cuenta anunciado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Madrid recibirá 733 millones, pero reclama otros 377 por liquidación del IVA y 125 por el Consorcio regional de transportes —para un total de 504 millones de euros—.

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