La venta de vivienda pública que persigue a Ana Botella

El Ayuntamiento de Madrid ha cesado a la directora de los servicios jurídicos de la Empresa Municipal de Vivienda, Paloma Herranz, que preparaba un recurso contra la venta de pisos de titularidad municipal a dos fondos buitre durante el mandato de Ana Botella. La exregidora popular fue condenada por el Tribunal de Cuentas, que después revocó la sentencia, y el nuevo Gobierno municipal ha decidido no recurrirla. Esta es la cronología del caso.

La venta. En octubre de 2013, el Ayuntamiento de Madrid vendió 18 promociones inmobiliarias —donde había 1.860 viviendas públicas— a dos fondos buitre. Ambas empresas formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000.

En diciembre del año pasado, el Tribunal de Cuentas sentenció que esa venta se hizo por debajo de mercado y que se provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros. El dictamen consideró, además, que se dio información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluía el Tribunal.

La sentencia condenó a Ana Botella (PP), exalcaldesa de Madrid, así como a otros siete miembros de su equipo a abonar en total 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública. Pero además del daño económico el Tribunal concluyó que ese proceso fue ideado par hubiera un beneficiario concreto. La condena a los cargos públicos se basó en que además de ediles eran "integrantes de la junta de accionistas de la EMVS", al ser esta una empresa mixta.

Los condenados, además de la exalcaldesa Botella, fueron Fermín Oslé, exconsejero delegado del EMVS; Concepción Dancausa, actual viceconsejera de Vivienda en el Gobierno regional, presidido por Isabel Díaz Ayuso; Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid; Pedro Corral, actual concejal municipal del PP; María Dolores Navarro Rey, concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz; José Enrique Núñez, que ejerce ahora de viceconsejero de Justicia en el Gobierno regional, liderado por Ángel Garrido; y Paz González, exconcejal de Urbanismo y Vivienda. Botella, así como varios de los condenados, anunció que recurriría.

Esta sentencia solo se remitía al delito contable: en este caso había otras dos vías judiciales abiertas: la penal y la administrativa. La administrativa busca la nulidad de la venta realizada ya que, en base a las pruebas aportadas, fue fraudulenta.

Este proceso se inició debido a una demanda del Ayuntamiento, presentada en 2017, después de que la Cámara de Cuentas identificara un año antes irregularidades en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMVS les negó la condición de interesados".

El archivo de la causa. En julio, la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas revocó la condena emitida y absolvió a Ana Botella y al resto de condenados. La resolución fue adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman esa sala. Los dos consejeros que votaron a favor de la absolución fueron: Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— y José Manuel Suárez Robledano. Ambos fueron nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP.

A la vez que el Tribunal de Cuentas investigaba, lo hacía el juzgado 38 de Madrid. En enero de este año publicó un dictamen sobre la venta: concluyó que “no existen elementos suficientes” para continuar el procedimiento. El juez consideró que no estaba “debidamente justificada la perpetración del delito”; pidió el archivo de la causa. El juzgado 38 investigaba la venta de viviendas tras una denuncia presentada al poco de realizarse la venta. El grupo municipal socialista y la Asociación de Afectadas y Afectados por la venta de viviendas de la EMVS, denunciaron a Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS cuando se hizo la operación. También, a Alfonso Benavides, apoderado de Fidere. Ambos estaban acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Reapertura de la investigación. El auto absolutorio fue recurrido por el Ayuntamiento de Madrid (por la propia EMVS), por el PSOE municipal y por la Asociación de Afectados. La Audiencia, basándose en la investigación del Tribunal de Cuentas de 2018, decidió reabrir el caso ya que consideraba que se podía haber cometido un presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

El juzgado 38 volvió a investigar. A finales de junio de este año, el juzgado estableció unas contundentes medidas cautelares. Por un lado, la prohibición de vender o alquilar los inmuebles sin informar de que todo el lote se encuentra inmerso en un proceso judicial. Por otro, estableció una fianza solidaria de 29 millones de euros a Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS en esa época, y a Alfonso Benavides Grases, apoderado de Fidere Vivienda, al considerar a ambos “responsables civiles directos”. “Esas medidas cautelares las pedimos nosotros”, contaba Arantxa Mejías, portavoz de la Asociación de afectados por la venta de pisos de la EMVS, “esto significa quemás de cinco años después de la venta, seguimos en la lucha; es muy positivo”.

La postura del Ayuntamiento de Almeida. Nada más conocerse la sentencia absolutoria de Botella emitida por el Tribunal de Cuentas, la portavoz del nuevo gobierno municipal, de PP y Cs, dejó claro que el Ayuntamiento no tenía intención de recurrirla. “Parece evidente que cuando los procesos penales han sido archivados, cuando la Fiscalía también se ha adherido a desestimar este asunto y cuando el propio Tribunal de Cuentas ha dictado esta sentencia revocatoria, no parece que tenga mucho sentido recurrir”, manifestó Inmaculada Sanz. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida mantuvo entonces, y ha repetido este fin de semana, que no hay criterios jurídicos que sostengan la decisión de acudir en casación al Tribunal Supremo.

La oposición criticó que una de los tres consejeros que firmaban la decisión era Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar—. Tanto Más Madrid como el PSOE señalaron que la magistrada debería haberse abstenido de la deliberación.

El mandato del pleno. En el primer pleno de este mandato Más Madrid y PSOE lograron, gracias a la abstención de Vox, que saliera adelante una iniciativa que pedía al Gobierno municipal que instase a la EMVS a recurrir la sentencia. La decisión del pleno no es vinculante y no es extraordinario que un gobierno municipal no escuche lo que le dice la mayoría de grupos.

Almeida ya ha manifestado que el Ayuntamiento no va a recurrir, por los mismos motivos que lleva esgrimiendo desde julio. Este sábado lo recordó en la celebración del 50 aniversario del Parque de Atracciones, al mencionar “el criterio de la Fiscalía y el punto unánime del Tribunal de Cuentas de absolver al anterior equipo de Gobierno de la responsabilidad contable por la venta de viviendas”.

El cese de la directora de los servicios jurídicos de la EMVS. Sería la empresa municipal quien tendría la capacidad de presentar ese recurso, pero tras el cese de la directora de los servicios jurídicos de la EMVS, Paloma Herranz, que trabajaba en el asunto, se cierran todas las posibilidades. El PP controla el Consejo de Administración, cuyo consejero delegado es Diego Lozano, exjefe de Gabinete del expresidente de la Comunidad Ignacio González. Almeida zanjó ayer el asunto y aclaró cualquier duda. Almeida dijo que no tiene intención de lo que él considera "derrochar el dinero público de los madrileños ni el dinero de la administración de Justicia en la búsqueda de venganzas estériles".

Para la oposición, el Ayuntamiento está "protegiendo a determinados compañeros de partido, antiguos o nuevos", como ha dicho este lunes el portavoz socialista, Pepu Hernández, en declaraciones recogidas por Europa Press. Por su parte, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han instado a la Fiscalía a recurrir para que el caso llegue al Tribunal Supremo.