El Govern declara la emergencia climática sin medidas concretas para abordarla

Como ya han hecho otros gobiernos y parlamentos de diferentes países, el Govern de la Generalitat ha declarado este martes la emergencia climática y ambiental mediante un acuerdo de gobierno, que no va acompañado de medidas concretas. Se trata de una “declaración política”, según ha reconocido la consejera de la Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, que va en la línea de conseguir los compromisos de la Ley del cambio climático, aprobada en agosto de 2017. Aún así, se ha mostrado partidaria de que estos compromisos “tengan una acción real en la lucha contra el cambio climático”. El ejecutivo instará al Parlament a celebrar cada año un pleno monográfico sobre el cambio climático y su afectación en Catalunya, así como las medidas de mitigación y adaptación a este reto.

El documento aprobado habla más de compromisos que de acciones, porque es difícil actuar sin una partida presupuestaria. El Govern no solo no ha aportado una cifra a sus medidas, sino que trabaja con los presupuestos prorrogados de 2017. Básicamente, el documento se remite a compromisos que ya están incluidos en la Ley de cambio climático, que se aprobó en agosto de 2017 y fue suspendida cuatro meses después por el Tribunal Constitucional por invadir competencias estatales. Una suspensión que se levantó en abril de 2018, excepto un artículo referente al fracking. 

Entre los compromisos, están incrementar los incentivos para una transición a un modelo energético 100% renovable, desnuclearizado y descarbonizado; adoptar medidas para frenar la pérdida de biodiversidad y promover la recuperación de ecosistemas; identificar y acompañar a los sectores económicos que deben hacer una transición para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en un marco general de economía circular y de la creación de trabajos verdes.

Además, se citan medidas para reducir la vulnerabilidad de los sectores sociales más sensible al impacto climático y asumir un modelo de movilidad urbana más sostenible, centrada en el transporte público, el vehículo compartido y los vehículos de emisión cero. También simplificar las medidas administrativas que ponen en riesgo asumir todas estas iniciativas y revisar la legislación vigente para detectar normas que favorecen la emisión de gases o dificulten combatir los efectos del cambio climático.

El gobierno reconoce con esta declaración su preocupación por el impacto que el cambio climático tiene y tendrá en Catalunya y en todo el planeta. Además de los efectos sobre el medio ambiente y la biodiversidad, el Govern alerta que el cambio climático puede perjudicar notoriamente la economía productiva, desde la afectación a muchas infraestructuras a alteraciones en los entornos donde se desarrollan actividades turísticas, agropecuarias o toda la industria con demanda intensiva de agua y energía.

La universitarios por delante

El claustro de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) declaró la emergencia climática el pasado 7 de mayo, convirtiéndose en la primera universidad catalana en dar este paso, y siguiendo la ruta marcada por universidades del Reino Unido. Esta declaración fue posible por el trabajo del movimiento Fridays For Future Barcelona, estudiantes que cada viernes protestan ante las instituciones en un movimiento auspiciado por la sueca Greta Thunberg. El próximo 24 de mayo han convocado una nueva huelga contra el cambio climático.