El informe de Púnica que afecta a Aguirre salpica a municipios del Partido Popular
La Guardia Civil concluye que los populares desviaron fondos públicos en Majadahonda, Móstoles y Galapagar para sus campañas electorales de 2007
El último informe de la Guardia Civil sobre la financiación irregular del PP de Madrid incorporado al sumario del caso Púnica revela el supuesto desvío de fondos públicos en los ayuntamientos de Majadahonda, Móstoles y Galapagar para pagar gastos electorales de los populares en la campaña de 2007. El documento —el mismo que sitúa a Esperanza Aguirre en reuniones en las que se acordó supuestamente beneficiar con contratos públicos al empresario Daniel Horacio Mercado— apunta a que cargos populares se valieron presuntamente de facturas hinchadas y de contratos irregularmente fraccionados para pagar un atril o sesiones de fotos. Además, en Leganés se habrían facturado trabajos para el PP a través de una empresa.
Los investigadores de la UCO sustentan sus conclusiones en la documentación intervenida en la sede de la empresa Over Marketing, una de las cuatro compañías de Mercado investigadas en el caso Púnica.Entre ellos hay correos electrónicos, tablas de Excel con presupuestos, facturas manipuladas y anotaciones manuscritas. “Estos trabajos —dicen los investigadores— se habrían sufragado utilizando fondos públicos, como en el caso del Grupo Popular de Majadahonda y Galapagar, y con cargo a una empresa privada, como en el caso del Grupo Popular del Ayuntamiento de Leganés”.
Diez de las 16 piezas del sumario se centran en Madrid
De las 16 piezas separadas en la que está dividido el sumario del caso Púnica, una decena afectan directamente a administraciones públicas de la Comunidad de Madrid que, en la inmensa mayoría de los casos, gobernaba el PP. Los más de cinco años de investigación -las pesquisas las inició la Fiscalía Anticorrupción en febrero de 2014 y las primeras detenciones se produjeron en octubre de ese año- han revelado que lo que parecía una trama urbanística con epicentro en Valdemoro se expandía por toda la comunidad e, incluso, otras regiones, conviviendo en parte en el tiempo con la otra gran red de corrupción desmantelada, la Gürtel.
La pieza número cuatro se centra en las operaciones urbanísticas y en el amaño de contratos en el Ayuntamiento de Valdemoro, que supuestamente se iniciaron con la llegada del exconsejero Francisco Granados a la alcaldía. En la número 5 se investigan fraudes similares en otros municipios como Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco.
Granados y sus colaboradores son el objeto de otra investigación, incluida en la pieza número 8. Mientras, en la pieza 6, a punto de ser concluida, se analiza la supuesta adjudicación ilegal de contratos públicos de eficiencia energética a la multinacional Cofely en una decena de ayuntamientos madrileños.
En la número 7, el objeto son los numerosos contratos para la organización de festejos populares en decenas de consistorios adjudicados a la empresa Waiter Music. La pieza 10 se centra en el supuesto desvío de fondos para mejorar la reputación en redes sociales e Internet de cargos públicos de la Comunidad de Madrid.
También la construcción de colegios concertados a través de la empresa Afedel es objeto de investigación, en la pieza número 11, mientras que la número 13 se encarga de las millonarias inversiones en obras públicas del llamado Plan Prisma que se gestionaban a través de la empresa pública Arpegio. Muy vinculada a estas últimas pesquisas aparece la investigación de la pieza número 16, sobre irregularidades en una veintena de consorcios urbanísticos en municipios madrileños.
Finalmente, el juez analiza la presunta existencia de una caja b en el PP de Madrid en la pieza 14.
En el caso del PP de Majadahonda, la Guardia Civil asegura haber intervenido un documento de “extraordinaria importancia”. En él los agentes de la UCO creen haber encontrado la prueba de cómo se hinchaban facturas para favorecer a las empresas de Mercado. Para llegar a esa conclusión, los investigadores cruzan los presupuestos y los pagos reales para explicitar que el coste de una sesión de fotos al candidato a alcalde en 2007 en este municipio, Narciso de Foxá —actual regidor, que no se presenta a las elecciones de mayo— sumado al de un curso de portavocía, era de 5.520,64 euros. Sin embargo, se facturaron 52.865,72 al consistorio.
“De los 52.865,72 euros abonados por el Ayuntamiento de Majadahonda a las empresas Traci, Link y Over [las tres propiedad de Mercado], 17.985,17 euros, son abonados con fondos públicos del Ayuntamiento”, especifica la UCO sobre uno de los bastiones del PP. “Los 34.880,55 restantes, son abonados por el Ayuntamiento con cargo a los fondos asignados al Grupo Popular de Majadahonda”.
En el caso de Móstoles, la segunda ciudad más poblada de la Comunidad, con 200.000 habitantes, el informe de la Guardia Civil asegura que el grupo popular en su consistorio presuntamente aprovechó unos trabajos encargados por el gobierno municipal a las empresas de Mercado para un acto municipal para pagar con fondos públicos la confección de un atril para el partido.
“Over Marketing emite al Ayuntamiento de Móstoles la factura número 460 por cuantía de 5.400,00 € + IVA, incluyendo en el coste de la organización del evento ‘Móstoles abierto al amanecer’ la confección de un atril para el Partido Popular de Móstoles con un coste de 1.150,00 € más IVA, que fueron sufragados con dinero público del Ayuntamiento de Móstoles”, recalca.
En Galapagar, la Guardia Civil asegura que un cargo público del PP contrató a la empresa de la red de corrupción para elaborar “un plan de comunicación dirigido y enfocado al Grupo Municipal Popular”. El mismo, continúan los investigadores, tenía como único fin “rentabilizar con el mayor rédito político cualquier decisión tomada desde el equipo de Gobierno y desde el grupo popular del ayuntamiento”. La documentación intervenida revela que, pese a que en febrero 2006 los 32.750 euros que costaban estos servicios iban a ser facturados al propio grupo municipal, dos meses después un dirigente local de los remitió un correo electrónico a la empresa de publicidad para que ese importe fuera cargado al Ayuntamiento. Para ello, la cantidad debía ser repartida en cuatro facturas para evitar así la obligación legal de convocar un concurso. “El coste total del Plan de Comunicación contratado por el Grupo Municipal Popular de Galapagar se sufragó con dinero público”, concluye la Guardia Civil.
En Leganés, los investigadores apuntan a la supuesta utilización de una inmobiliaria local para financiar gastos electorales del PP. El documento policial recalca que “los partes internos elaborados por personal de Over Marketing reflejan claramente que el cliente es el PP de Leganés”.
Bastiones del partido conservador
- Móstoles. Entre 2003 y 2015, el PP gobernó la segunda ciudad más poblada de la Comunidad —200.000 habitantes—. En 2007, su candidato fue Esteban Parro. En 2015, los populares volvieron a ganar, pero no gobernaron. Su candidato de entonces, y alcalde entre 2012 y 2015, Daniel Ortiz, dimitió en 2016 como edil y diputado regional tras ser imputado en el caso Púnica. Ahora, un juzgado investiga, en el marco de la Operación Cemtro, el posible desfase de 3,8 millones en la construcción de un pabellón.
- Majadahonda. Desde 1989, el PP ha gobernado siempre este municipio, de 72.000 habitantes. No es una localidad cualquiera: es el segundo municipio con mayor renta de España (57.623 euros de media por habitante), solo por detrás de Pozuelo. Guillermo Ortega, su alcalde entre 2001 y 2005, fue condenado en 2018 a más de 30 años de prisión por su implicación en el caso Gürtel. En candidato en 2007 fue Narciso de Foxá, que ha seguido al frente del consistorio hasta ahora. Sin embargo, no repetirá como candidato y le sustituirá José Luis Ustarroz como aspirante.
- Leganés. En 2007, la campaña objeto de investigación, la formación conservadora se impuso en los comicios, con Guadalupe Bragado como candidata, pero perdió el poder frente a la coalición PSOE-IU. Esta localidad, siempre vinculada al PSOE, fue gobernada por los populares entre 2011 y 2015, cuando la ola que llevó a Mariano Rajoy hasta una histórica mayoría absoluta también impulsó al PP en municipios y autonomías. El ganador fue Jesús Gómez, que luego denunció ante la dirección regional y nacional que Ignacio González tenía una cuenta en Suiza.
- Galapagar. El PP convirtió en rutina la victoria en este municipio. En 2007, cambió sorpresivamente de candidato, eligiendo a solo un mes de la cita con las urnas a Pablo Gómez. Daniel Pérez, ganador en 2015 y rodeado por la polémica, no repetirá.
