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Podemos exige al Defensor del Pueblo que paralice la expulsión de 23 menores a Marruecos

Los menores no acompañados, acogidos en un centro de la Comunidad de Madrid, están citados por la Fiscalía de Menores para evaluar su posible repatriación

Uno de los jóvenes del Centro de Menores de Hortaleza junto a una vecina que los ayuda.
Uno de los jóvenes del Centro de Menores de Hortaleza junto a una vecina que los ayuda.

Podemos solicita al Defensor del Pueblo que inicie los trámites necesarios para parar de inmediato la expulsión de 23 menores e extranjeros no acompañados (menas). El Ministerio del Interior ha citado a 23 menas, tutelados en la Comunidad de Madrid, para que sean entrevistados en la Fiscalía de Menores y evaluar así su posible repatriación a Marruecos en virtud de un convenio suscrito con este país de 2012.

Además, en un escrito, presentado por la candidata de Unidas Podemos a la Asamblea isa Serra, se pide al Defensor del Pueblo que se persone en la Fiscalía de Menores y en la Comisaría Central de Extranjería para "comprobar los detalles del procedimiento" y que vele por "la garantía de los derechos de los menores".

Por su parte, Save the Children ha enviado una carta al Ministerio de Interior, al Gobierno de la Comunidad de Madrid y al Defensor del Pueblo para manifestar su preocupación por la posible repatriación de estos menores. En este sentido, ha pedido que no se lleven a cabo las deportaciones hasta que no existan todas las garantías de seguridad y bienestar de estos en su país de origen y cuando se intente hacer en contra de su voluntad o sin ser escuchada su opinión.

La Comunidad de Madrid es la encargada de seleccionar a los 23 jóvenes según sus perfiles, y que han sido citados con el único objetivo de identificarles. Una tarea que corresponde a la Fiscalía, que primará siempre "el pleno respeto del menor" y su interés superior en un proceso que es "completamente garantista", han añadido las fuentes.

Según un oficio de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras fechado el pasado 16 de abril y dirigido a la Dirección General de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid, las entrevistas empezaron el lunes y culminan hoy en la Fiscalía de Menores de la Audiencia Provincial de Madrid.

Se trata del primer paso del proceso, que culminará con la decisión final que tome la Delegación del Gobierno con los informes de la Fiscalía y la Comunidad de Madrid.Además "está prevista la presencia de una delegación marroquí", además del fiscal, un intérprete, el propio menor y un educador, que deberá "aportar originales y copias de toda la documentación de los chicos, algunos de los cuales, según se desprende del documento, son "objeto de medidas judiciales".

El presidente de esta región, Pedro Rollán, ha insistido en que acatará esa decisión, y de determinarse que lo mejor "para el menor es que regrese a su país en compañía de su familia", se hará "siempre pensando en el bienestar de los menores". A fecha de 21 de enero, en España había 13.012 menas; más de la mitad son chicos originarios de Marruecos, seguidos de Argelia y, muy lejos, de países del África Subsahariana como la República de Guinea, Costa de Marfil y Gambia. Las reacciones a este asunto no han tardado, de forma que la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha iniciado esta misma mañana el proceso para paralizar la "deportación" de estos 23 menores.

Para la organización, el Gobierno ha reactivado el acuerdo con Marruecos para repatriar a estos jóvenes sin aclarar "los criterios de selección de los mismos, garantizarles acceso a letrado ni información previa", motivos por los que ha presentado una denuncia ante el Defensor del Pueblo y del Menor. En su opinión, el Ejecutivo ha “cedido a los argumentos de Vox" y se ha saltado "todas las garantías que exigió el propio Tribunal Constitucional en el año 2006", cuando "fijó doctrina y demostró que era totalmente inviable ejercer dicho acuerdo por la imposibilidad manifiesta de garantizar derechos”.

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