El Parlament investigará las agresiones sexuales en los colegios

Todos los partidos políticos del arco parlamentario catalán están de acuerdo en que no pueden mantenerse al margen de los casos de violencia sexual que se producen en los centros educativos y por ese motivo este jueves se dio el primer paso para crear una comisión de investigación. La votación de la moción de Catalunya en Comú-Podem registró una de las escasas unanimidades de esta legislatura: 125 a favor de los diputados del Govern —Junts per Catalunya y ERC— los comunes, Ciudadanos, PSC, la CUP y el PP. No obstante, la unanimidad no fue espontánea sino tras un tira y afloja que se cerró horas antes.

La moción de los comunes inicialmente circunscribía la comisión de investigación a “las violencias sexuales denunciadas en espacios educativos religiosos de Cataluña”. Y fue el matiz “religiosos” lo que acabó siendo suprimido para contar con el apoyo de algunos grupos, del gobierno —especialmente de Junts per Catalunya— y de la oposición de socialistas y del PP. El PSC había promovido, esta misma semana, una propuesta conjunta —apoyada por Ciudadanos, Junts per Catalunya, ERC y PP— para crear una comisión de estudio sobre los abusos sexuales a menores que entró en el registro. 

“No hace falta estudiar porque conocemos el problema y tenemos los datos. La comisión tiene que investigar los casos porque no deben ser ni callados ni minusvalorados. Hay que aclarar responsabilidades y ofrecer algo a las víctimas de los abusos que no pueden ir a los juzgados porque ya han prescrito, como ha pasado en varias denuncias contra algunos centros de los maristas. Y si para eso tenemos que retirar el término de religiosos, lo hacemos”, argumentó Marta Ribas, la diputada de los comunes que defendió la moción. “Hay que registrar la resolución y el Parlament la tiene que poner en marcha. Este es un primer paso”, advertía en los pasillos de la cámara.

“Nos parecía que hacer solo una comisión por los casos de centros religiosos era tener una visión muy reducida de los abusos”, comentó el socialista Raúl Moreno que recordó que una de cada cinco víctimas lo es en la infancia y que siete de cada 10 agresiones no son denunciadas a los tribunales. Desde Junts per Catalunya —que optó por la libertad de voto de sus diputados— se remarcó que de lo que se trata es de culpar “a los delincuentes pero no a los centros por sí mismos”, en palabras de Imma Gallardo. La moción también condena todas las violencias sexuales a menores y en el caso de las producidas en el ámbito educativo religioso el Parlament “espera que sean condenadas por la cúpula de la Iglesia católica”.