20-S: nace el relato de la violencia
La Fiscalía sitúa el inicio de la violencia en la masiva concentración de rechazo a unos registros judiciales pocos días antes del referéndum
El procés ha regalado unas cuantas jornadas para la historia, ninguna como el 1 de octubre de 2017, el referéndum peleado hasta el final por el Govern. Los independentistas han escrito un cantar de gesta a propósito del 1-O, poema de humillación policial y dignidad ciudadana que no olvidarán. Pero hay otra fecha que bien merece negrita, subrayado y cursiva: el 20 de septiembre de 2017. Porque el 20-S explica, incluso mejor que el 1-O, el devenir judicial del procés. Lo que ocurrió ese día —objeto de controversia y una de las grandes batallas dialécticas del juicio— es el ancla al que se aferra la Fiscalía para sostener el relato de la violencia. Y, con él, el delito de rebelión.
El 20-S, una actuación judicial acabó provocando otra actuación judicial. La Guardia Civil lanzó la Operación Anubis —dios egipcio ligado a la muerte, pero también ligado a la vida— por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que investigaba (aún lo hace) los preparativos de la consulta ilegal. Hasta 14 altos cargos de la Generalitat fueron detenidos y hubo 40 registros en dependencias oficiales. Miles de ciudadanos, indignados por la actuación judicial y en un clima efervescente previo a la votación, se plantaron frente al Departamento de Economía, en el centro de Barcelona. Les convocaron, entre otros, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.
Permanecieron allí desde primera hora hasta medianoche. En su punto culminante (hacia las 20.00) llegaron a concentrarse frente a Economía 40.000 personas. Mientras tanto, en el interior, la Guardia Civil revisaba documentos y funcionarios como Eduard trabajaban más curiosos que preocupados, inmersos sin saberlo en el flujo de la historia.
“Cuando entré, antes de las 9, ya había 300 personas. Un guardia civil en la puerta me pidió, muy educado, el carné. Había escuchado en la radio lo de los registros. Subí a mi planta y trabajé con normalidad, aunque es verdad que ese día salimos todos más de lo habitual a los balcones que dan a la Rambla”, cuenta Eduard. Dice que nunca fue consciente de estar viviendo algo especial. Menos aún, que esa protesta traería consecuencias penales. “La gente estaba en actitud festiva. A mediodía se empezaron a escuchar mejor los gritos: Els carrers seran sempre nostres. Me quedó marcado eso”.
“Todo amabilidad”
No salió a comer porque llevaba “el táper” de casa. Dos agentes subieron a su planta, inspeccionaron “el armario donde están los cables del teléfono” y volvieron a bajar. “Todo era amabilidad por las dos partes”. Se fue a las 20.00. “Salí por la puerta. Los voluntarios de la ANC tenían un cordón bastante generoso y no tuve problemas”, relata. El funcionario no se quedó para ver las dos estampas que acabarían marcando, en parte, el relato del 20-S. A las 23.45, Sànchez y Cuixart se subieron a un vehículo logotipado de la Guardia Civil para insistir, con la ayuda de un megáfono, en que había que dar por finalizada la protesta. Algunos les silbaron. Y se quedaron. Pasada la medianoche, los Mossos cargaron contra 500 personas que aún resistían en el lugar.
La Fiscalía cree que, cuando convocaron a la población a través de Twitter, Sànchez y Cuixart pretendían “impedir por la vía de los hechos el cumplimiento de las decisiones judiciales”. Sus llamamientos fueron “incendiarios”. “Les alentaron diciéndoles que no podrían con todos ellos” y que las fuerzas del orden “habían declarado la guerra a los que querían votar”. El ministerio público relata lo que ocurrió después como una jornada de violencia. Los manifestantes lograron “someter a su fuerza la comisión judicial” al “rodear” el edificio, acción que describe como un “asedio”. La protesta “entorpeció gravemente” las entradas y registros. Y denuncia, en particular, que la Guardia Civil no pudo introducir en el edificio a los detenidos —que debían estar presentes en los registros— y que la comisión judicial “se vio privada de su libertad de movimientos al tener impedida la entrada o salida del edificio”.
Las defensas tienen respuesta para todo ello. El 20-S no fue un intento de impedir los registros, sino “un acto de ejercicio del derecho de reunión y manifestación pacífica”. Los llamamientos de Sànchez y Cuixart pretendían “expresar la protesta” ante una actuación que consideraban “desproporcionada”. Nada hubo de incendiario, replican, en sus tuits. “Resistamos pacíficamente. Salgamos a defender desde la no violencia nuestras instituciones”, escribió el expresidente de la ANC. Los líderes sociales del independentismo trataron de mediar con la Guardia Civil para que pudieran “efectuar su trabajo sin incidencias” —de ahí, el pasillo humano—, pero también les comunicaron que desalojar a los concentrados era misión “imposible”. Y recuerdan que los detenidos renunciaron a estar presentes en los registros. Y si subieron al coche patrulla, insisten las defensas, fue para que la gente les escuchara. En ningún caso se les puede atribuir los daños en los vehículos, sostienen. Y menos, los incidentes causados por unos pocos alterados cuando la concentración ya se había disuelto.
La Operación Anubis trató de ser un golpe letal al referéndum. Al apartar de la logística a sus organizadores, la Guardia Civil creyó haber dado con la tecla para frenar la consulta ilegal. No lo logró —la ciudadanía se movilizó y el 1-O aparecieron urnas, papeletas y todo lo necesario para votar—, pero el operativo tuvo otra consecuencia no menos importante. Tres días después, la Fiscalía presentaba una denuncia para investigar las movilizaciones de ANC y Òmnium. Subió el tono y, por primera vez, habló de sedición en el procés. Tras el referéndum, la Audiencia Nacional citó a los Jordis. El 16 de octubre, antes de la declaración unilateral de independencia, les envió a prisión.
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